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El Colegio de Psicólogos, a favor de la despenalización del aborto

Tras la media sanción de la Cámara de Diputados, la Junta Ejecutiva de la entidad que agrupa a todos los licenciados de la provincia dijo que la interrupción involuntaria del embarazo debe ser un derecho

El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, al que pertenecen los psicólogos de Villa María, emitió ayer un comunicado en el que avalan la despenalización del aborto que tiene media sanción en el Congreso Nacional. 

“Desde la Junta de Ejecutiva del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, nos parece fundamental tomar posicionamiento sobre el debate actual acerca de la legalización del aborto. Como psicólogos, en tanto profesionales de la salud, creemos necesario dejar sentado nuestro posicionamiento en torno al actual debate sobre la legalización del aborto, en el cual apoyamos el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, comienza el escrito difundido desde la institución.

“En primer lugar, consideramos que en tanto promotores de salud tenemos la obligación ética de abogar por el reconocimiento de los derechos humanos y denunciar las instancias en que éstos son vulnerados. Así, reconocer y enunciar al aborto como una práctica que debe ser legal, se torna un acto de responsabilidad y compromiso político y ético, no una opinión desde los márgenes de la individualidad. Hablar y pronunciarse a favor de dicha legalidad, implica correrse de los esquemas de la criminalidad y la persecución hasta aquí conocidos”, agrega.

“De este modo, como actores comprometidos éticamente con el reconocimiento de los derechos humanos, es necesario que aportemos al desplazamiento de los sentidos instituidos en torno a los cuerpos gestantes y a lo que la sociedad espera de las mismas, sobre todo cuando estos sentidos transgreden los derechos de ciertos sectores de la sociedad. Es urgente la creación de nuevas significaciones. Reformular lo instituido, desinstalar los estereotipos naturalizados y desarrollar nuevas prácticas instituyentes que modifiquen las relaciones de poder opresoras existentes entre los géneros. Es fundamental romper con la concepción que sostiene que toda persona por tener la capacidad biológica de gestar deba hacerlo, sin poder poner en juego su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, su salud y su vida”, acota el comunicado. 

Más adelante, la Junta Ejecutiva del Colegio de Psicólogos señaló: “Entendemos la salud como un derecho que debe ser garantizado por el Estado, considerando inadmisible que se perciban ganancias a través de este”. 

Salud integral

“Es nuestra obligación, como efectores de la salud hablar aquí de una salud integral que dé cuenta de la salud mental que promovemos desde nuestro rol profesional. Es, desde este lugar, que nos encontramos en el deber de desmitificar el síndrome post-aborto, afirmando que no es inherente a la interrupción voluntaria del embarazo la vivencia traumática ni el sufrimiento psíquico, siendo estas en cambio consecuencia directa de la clandestinidad en la cual esta práctica se ve sumergida. Angustia y miedo, en aquello que se niega, que no se dice, que se persigue. Alivio y calma, lo que muchos cuerpos gestantes manifiestan al haber podido abortar de forma acompañada y segura, al haber podido decidir sobre sus posibilidades, sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. Así, la decisión de abortar aparece como una elección responsable, tomada a tiempo, que previene una maternidad forzada y no elegida, la cual vulnera y somete a los cuerpos gestantes anulando la posibilidad de decidir a tiempo, de darle paso a otros deseos, y a otros modos posibles de pensar la maternidad”, manifiesta el documento.

Finalmente, los psicólogos afirmaron: “Pensamos al aborto como una resistencia a la vulneración de derechos, como un derecho para romper con los determinismos sociales, con los discursos morales y religiosos, como una elección a la cual debemos poder acceder todas las personas, y donde el Estado debe poder garantizar que se dé en condiciones legales, seguras y gratuitas. La ley debe resguardar que nadie imponga su concepción individual como política de Estado. Dentro de una sociedad diversa, si bien cada persona puede tener la moral y concepción filosófica que desee, el Estado como una herramienta al servicio de la comunidad debe abogar por derecho de todas las personas a decidir sobre sí mismas”.

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