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Desánimo, bronca y clase media

Las crisis sanitaria y económica no ceden. El Gobierno está sin respuesta política. Mientras tanto, el Congreso define el reparto de fondos de 2021. Cómo votará el schiarettismo. El factor Río Cuarto

El país oscila entre el estrés y el desánimo. Está sometido a una doble presión extrema y traumática: padece el despliegue incesante del coronavirus, que no da signos de retraimiento y que sigue esparciéndose, y la profundidad de la crisis económica, que se agrava minuto a minuto y ante la que el gobierno de Alberto Fernández se muestra por ahora impotente.

Argentina quiebra récords cada día. El problema es que todos, indefectiblemente, son negativos. El dólar, los contagios, la pobreza. Es un país empeñado en no dar respiro. Pero, sobre todo, en no ofrecer perspectiva. Y ahí se encuentra la diferencia fundamental entre la actualidad y la primera etapa de la cuarentena, cuando el padecimiento impuesto por el encierro parecía no estar desprovisto de sentido: el empeoramiento de las condiciones materiales tenía como correlato la sensación, que encontraba avales en la realidad, de que la estrategia sanitaria estaba funcionando. Ese es el requisito esencial de todo sacrificio: la aceptación de un mal siempre y cuando exista una promesa o expectativa que lo justifique.

Pero ahora el desánimo se impone porque ninguno de los dos principales desafíos que tiene el país remite ni se encauza. Ni la salud ni la economía. Y ninguno actúa como agente de validación del otro. Y el Gobierno, que al principio pareció conducir el proceso epidemológico con convicción y fundamentos, hoy aparece apegado a una fórmula que dio resultados pero que se desgastó. Argentina está quinta en el mundo en número de casos, con casi 1.100.000 contagios y cerca de los 29.000 muertos.

Ese mismo desacople entre el problema y la manera de enfrentarlo se percibe en la economía. Hay una línea de continuidad que configura un perfil no precisamente positivo para el Gobierno. Y, por lo tanto, lo que existe sobre todo, más allá de que los problemas sean económicos y sanitarios, es inconsistencia política. Ese es hoy su principal déficit. Parece, a sólo diez meses de haber asumido, una gestión que no alcanza a tomar decisiones que abarquen la magnitud de las crisis.

Y como método de acción política ha adoptado el mismo que caracterizó al kirchnerismo: multiplicar los frentes abiertos en vez de cerrarlos, lo que requiere de una fortaleza y un caudal de asociaciones y apoyos de los que el Gobierno actualmente no dispone.

La urgencia fundamental ahora, porque de ella dependen las variables sociales y por lo tanto la suerte política del gobierno de Alberto Fernández, es la economía. Es evidente que hay factores de poder que impulsan una fuerte devaluación, y que el propio Gobierno ha generado las condiciones para que esas presiones encuentren una base de sustentación; el desafío pasa por encarrilar la crisis por un camino que al menos se acerque a los criterios económicos que viene expresando la Casa Rosada.

El interrogante es si podrá sostener esa convicción, asentada principalmente en no devaluar bruscamente para no generar más inflación y pobreza, o si el rumbo le será impuesto. El ministro de Economía, Martín Guzmán, que está en la mira principalmente por la escalada de los dólares alternativos, apuesta a un rápido acuerdo con el FMI que vaya al Congreso y que derive en un presupuesto plurianual con pautas fiscales sostenibles.

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Guzmán y el Gobierno han postulado que no hay espacio para el ajuste en un país en recesión y con la actividad en retroceso constante, pero sí para dar un horizonte de actuación económica basado en la previsibilidad.

La primera señal que el oficialismo espera dar en ese sentido se producirá con el tratamiento del presupuesto, previsto para el miércoles en Diputados y al que el Frente de Todos pretende darle rápidamente media sanción. Según el recuento previo, el proyecto contaría con 137 votos, que contendrían al propio oficialismo y a un par de socios eventuales, entre ellos el interbloque federal, del que forman parte los cuatro diputados del schiarettismo: Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez.

El peronismo cordobés viene siendo crítico con el presupuesto de 2021 fundamentalmente en dos aspectos: los subsidios al transporte y los fondos destinados a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Cassinerio, que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, reclamó un refuerzo de las partidas para el transporte del interior porque, de lo contario, en 2021 quedará al borde del colapso. La presión de diputados de distintas provincias logró que esos fondos pasaran de los originales 13.500 millones a 20.500 millones de pesos, una cifra que igualmente fue considerada insuficiente, sobre todo en comparación con los 65.000 millones asignados al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Además, Córdoba pidió que los 44.000 millones asignados a las 13 cajas jubilatorias provinciales se convirtieran en 66.000 millones y se cubriera así el rojo de los sistemas previsionales.

En los dos casos, recibió una respuesta negativa. No habrá más fondos para transporte -no por encima de los 20.500 millones- ni más dinero para las Cajas. Por eso, el viernes, cuando el oficialismo consiguió el dictamen para llevar el proyecto al recinto, Cassinerio firmó en disidencia.

¿Qué harán entonces los diputados de Córdoba el miércoles? La definición del schiarettismo es que, a pesar del desacuerdo en esos dos aspectos, el proyecto se votará a favor. La argumentación, hacia afuera, es que Schiaretti sigue sosteniendo el criterio que usó durante el macrismo: que deben darse los votos para las leyes que pongan en juego la gobernabilidad.

Pero, además, hay una razón pragmática: si no hay presupuesto 2021, se seguirá ejecutando el actual y las partidas no contendrán ninguno de los aumentos acordados, que serán insuficientes pero son aumentos al fin.

Esa decisión de aprobar el presupuesto de Alberto le generó reproches del sector agropecuario, aliado constante del PJ cordobés en las últimas dos décadas. Y, sobre todo, las quejas más airadas se produjeron por la decisión del schiarettismo de acompañar también el “impuesto a la riqueza”, una iniciativa de Máximo Kirchner que a los dirigentes agropecuarios les pone los pelos de punta. Sostienen que la forma de contabilizar las fortunas -computando los activos pero no los pasivos- dejará adentro a un gran número de productores rurales que, en teoría, no deberían estar.

El bloque schiarettista contraargumenta que, más allá de los aspectos discutibles, el “impuesto a la riqueza” no sólo encuentra una justificación política y solidaria sino fundamentalmente empírica. Si la Nación se queda sin fondos para asistir a las familias más necesitadas, la dinámica de la crisis social será impredecible y también sus consecuencias. “Deberían apoyarlo aunque sea en defensa propia, porque si esto explota no se van a salvar precisamente”, indicó un dirigente del PJ.

En el schiarettismo sostienen que, por ahora, los sectores de menores ingresos están contenidos por los programas estatales. Pero miran con preocupación a la clase media, castigada y casi sin posibilidades de escapatoria. Es principalmente esa franja la que está frustrada y enojada con la política.

Y, en ese punto, el oficialismo cordobés observa con atención lo que ocurre en Río Cuarto. Será la única ciudad que votará en pandemia, con una crisis económica y sanitaria omnipresente y angustiante y con una clase media malhumorada. La incógnita, dicen en el Panal, es cómo actuará ese sector social, relevante en Río Cuarto, a la hora de votar.

Sostienen que los barrios populares no tienen reproches para hacerle a Juan Manuel Llamosas, pero que una franja de la clase media podría encontrar en la elección la oportunidad de expresar su bronca. En ese contexto, el índice de participación será clave. En el PJ creen además que si ese día una porción del electorado quiere manifestar su malestar no sería el radical Gabriel Abrile quien capitalizaría mayoritariamente el enojo sino algunas de las alternativas que encarnan más la antipolítica que el sistema tradicional.