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Una epidemia de casos extremos de abuso de poder

La seguidilla de casos de brutalidad policial vinculados con el control del cumplimiento de las restricciones impuestas con motivo de la pandemia de Covid-19, que tuvo sus expresiones más extremas en San Luis, Tucumán y Chaco, advierte sobre los riesgos de una situación que por su naturaleza predispone a tales abusos.

Aun cuando hayan sido acompañadas por un respaldo mayoritario de la población, las severas restricciones al movimiento de personas impuestas con motivo de la pandemia de Covid-19 no han dejado de generar tensiones a partir del trabajo de las fuerzas de seguridad para garantizar su cumplimiento. Aun cuando no se pone en duda que las normas están para ser respetadas y las autoridades tienen la facultad y el deber de asegurarlo, la seguidilla de casos de brutalidad policial, que tuvo sus expresiones más extremas en San Luis, Tucumán y Chaco, advierte sobre los riesgos de una situación que por su naturaleza predispone al abuso y al desborde por parte de quienes no siempre entienden la necesidad de llevar adelante su tarea con celo pero también con mesura y responsabilidad.

Si bien las denuncias de maltratos contra personas acusadas de violar la cuarentena se suceden desde que ésta fue impuesta, la problemática fue llevada al primer plano con la aparición sin vida de una mujer colocada en una celda de una comisaría de Santa Rosa del Conlara, donde había sido encerrada por circular en bicicleta pese al aislamiento. Pocos días después, para colmo, también un adolescente de 16 años colocado en condiciones similares en Villa Mercedes apareció como víctima de un presunto “suicidio” igualmente dudoso.

Aun más escandaloso -por el episodio en sí y por el grosero intento de encubrirlo- resultó el caso del peón rural tucumano llevado por la policía durante un procedimiento contra una carrera de caballos clandestina, cuyo cadáver apareció días después en la frontera de esa provincia con la de Catamarca. Y asimismo, aun cuando no tuvo un desenlace fatal, ha resultado particularmente indignante el ataque a una comunidad qom del Chaco, que incluyó torturas y abusos contra mujeres por parte de quienes actuaban por cuenta del Estado en nombre de la defensa de la salud pública.

La sucesión de estos casos, que coinciden en tener como víctimas a integrantes de sectores vulnerables de sus comunidades, tuvo una derivación política con el pedido de renuncia por la reacción de la oposición al pedir la renuncia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, funcionario que se encuentra en la mira desde su penosa actuación como “mediador” en el amotinamiento de presos de la cárcel porteña de Villa Devoto. Más allá de que pueda interpretarse como un acto oportunista, aprovechando que todas las provincias involucradas son gobernadas por la misma fuerza que manda en la Nación, la preocupación es fundada y no se la puede deslegitimar simplemente con la descalificación de quienes la formulan.

En principio, los poderes políticos de las respectivas provincias han separado a los policías involucrados y prometen hacer todo lo necesario para esclarecer lo ocurrido en cada caso. De todas formas, no puede dejar de alarmar la posibilidad de que exista un patrón mediante el cual una tendencia preexistente a abusar del poder que conceden las armas y los uniformes se vea reforzada hasta volverse, en sí misma, una epidemia entre las fuerzas de seguridad.