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Qué propone el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

La propuesta que el Ejecutivo nacional envió al Congreso está compuesta por 100 artículos en los que se plantea la creación de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. Allí se establece que un joven de 15 años ya es punible

El anteproyecto que fue presentado por el Ejecutivo nacional, desde el Ministerio de Justicia, plantea una reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil. Entre los artículos de la iniciativa que ha generado polémica, se encuentra una baja en la edad de imputabilidad, pero contempla varios puntos controversiales a los que se oponen las organizaciones sociales. 

La propuesta consta de 100 artículos en los que, según el ministerio, se crea un sistema de medidas socioeducativas y disciplinarias hacia los adolescentes, dispone la atención de equipos interdisciplinarios y establece su formación y capacitación laboral con miras a una futura inserción social del joven. 

De acuerdo a lo que establece el articulado, al adolescente se le podrán imponer medidas socioeducativas y disciplinarias (como amonestaciones, resarcimiento del daño causado y prohibición de concurrir a determinados lugares como espectáculos o bien de relacionarse con determinadas personas).

“El anteproyecto establece la prohibición de la imposición de las sanciones privativas de la libertad de reclusión y prisión perpetua para los jóvenes y determina como tiempo máximo para los adolescentes de quince (15) años la sanción privativa de la libertad de quince (15) años”, indica entre otros puntos de la justificación el texto.

Para los jóvenes de entre 16 y 18 años, el proyecto indica que en caso de que cometiere “un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos (2) años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal”.

De acuerdo a lo que establecen las organizaciones sociales, el sistema ya cuenta con menores de 16 años judicializados, internados en instituciones bajo régimenes similares a los carcelarios, y que este proyecto vendría a dar legalidad a estas detenciones. 

En cuanto a las medidas privativas de la libertad, la propuesta del Ministerio de Justicia contempla la privación domiciliaria de la libertad, la privación de la libertad durante el fin de semana, la privación de la libertad en centro abierto y la privación de la libertad en centro especializado de detención.

Establece además que el cumplimiento de una medida de coerción o sanción privativa de la libertad se ejecutará en centros especializados de gestión pública cerrados o abiertos, cuyo personal deberá recibir capacitación periódica.

En ese sentido, precisa que los equipos interdisciplinarios que funcionarán en esos centros estarán integrados por al menos tres profesionales de distintas disciplinas: pedagogía infantojuvenil, psicología, medicina, trabajo social, sociología, entre otras, y con capacitación en el área de justicia restaurativa, uno de los integrantes deberá ser trabajador social. 

Desde el colectivo “No a la Baja” se viene trabajando sobre dar visibilidad de los alcances de este proyecto, con reuniones semanales en distintos barrios de la ciudad, y dialogando con los vecinos. Destacaron la preocupación también de las familias ante esta posible ley.

Organismos se oponen a la propuesta del Ministerio de Justicia

Entre los posicionamientos en contra del anteproyecto de ley, se encuentra el de la subsecretaria de Género, Niñez, Adolescencia y Familia de Río Cuarto, Ana Medina, quien en diálogo con Puntal reconoció la necesidad de avanzar en una reforma del sistema, pero que la baja en la edad de imputabilidad no es una alternativa para avanzar en la problemática de la inseguridad. “Nuestro posicionamiento es en contra del proyecto, porque se ha demostrado con las estadísticas que la delincuencia de niños menores a los 16 años es sólo del 3% a nivel nacional, y la baja de la edad de imputabilidad no es la solución al problema”, precisó la funcionaria municipal e indicó: “De todas formas, sí es necesaria una reforma al Código Penal, pero esta es una medida que se está tomando sin tener en cuenta lo que dicen los organismos que trabajan con el grupo de adolescentes”.

Según la subsecretaria, este proyecto puede ser considerado “una cuestión electoralista por el 2019, pero siempre digo que se están definiendo políticas de Estado y se deberían estar eligiendo las adecuadas para estos sectores etarios”.  En este sentido, sostuvo que se deben “buscar más políticas de promoción y prevención para acompañar a los adolescentes en sus procesos con la generación de actividades culturales y deportivas, por ejemplo”.

Pensar políticas públicas

La Subsecretaría también forma parte de las reuniones que se están desarrollando desde el colectivo “No a la Baja”, en tanto que integra el Consejo de Niñez junto a otras instituciones de la ciudad.

“Se debe trabajar en más proyectos de contención, y sobre todo de educación, que no se hagan recortes en este sentido, como lo que se ha hecho en las áreas de Niñez”, señaló Medina, quien consideró que este proyecto “genera mucho retroceso a lo que se ha avanzado en los últimos años”.

La funcionaria destacó que “Argentina tiene muchas normativas que apuntan a la restitución de derechos, en otros países latinoamericanos no están, pero estas decisiones de gobierno nos hacen cuestionar los que se está pensando en relación con la niñez y la adolescencia. Se debe reconocer lo que se ha hecho en gestiones anteriores, como es el caso de nuestra subsecretaría, con el gran trabajo que hizo Yanina Moreno Zamanillo en la anterior gestión”.

Preocupación desde Unicef

Si bien desde el Ministerio de Justicia dicen contar con el apoyo de organismos internacionales sobre este proyecto, varias instituciones manifestaron su preocupación sobre la baja en la edad de imputabilidad. Por ejemplo, Unicef advirtió que bajar la edad podría ser interpretado como “una medida regresiva” y pidió que una reforma legislativa al respecto esté acompañada de una “fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia”.

En su documento “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, el organismo indicó: “Es clave que una reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia. La intervención desde el Sistema Penal Juvenil no puede ser utilizada como una respuesta tardía del Estado”.

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