Tras dos años de parálisis, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados tratarán el próximo martes una iniciativa que impide que cualquier persona con condena firme por delitos de corrupción pueda postularse a un cargo electivo.
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Debatirán la ley para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos
Se tratará en comisión el martes próxima. La iniciativa está impulsada por una campaña ciudadana que ya recolectó 250.000 firmas
El proyecto estaba frenado desde 2017 por la negativa del kirchnerismo a firmar el dictamen. Pero una campaña de recolección de firmas a través de las redes logró que finalmente se habilitara el debate este año.
La intención de los impulsores de la petición ciudadana era que rigiera para las elecciones de este año, pero finalmente los legisladores acordaron tratar el tema después del cierre de listas de candidatos, tras el receso de invierno. "No queremos que nadie piense que está destinado a alguien en particular", había planteado el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO), a Infobae en abril pasado, sobre el momento en que se definió que comenzaría el debate en la Cámara baja.
De hecho, el detenido ex ministro kirchnerista Julio De Vido, hoy condenado en primera instancia por la tragedia ferroviaria de Once, busca ser candidato a diputado nacional para poder salir de prisión. Se presenta por el Frente Patriótico de Liberación Nacional que postula al polémico periodista Santiago Cúneo – cuestionado por sus declaraciones antisemitas – como candidato a gobernador bonaerense, y que apoya a la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Kirchner para presidente y vice.
Cumpliendo el compromiso asumido ante los promotores de la campaña, Tonelli envió hoy la convocatoria a los diputados para la reunión de Comisión del martes 6, en el reinicio de la actividad parlamentaria tras el receso invernal.
Actualmente, hay en la Cámara baja una decena de proyectos que proponen impedir que cualquier persona que tenga una condena penal, confirmada por otro tribunal superior, pueda ser candidata a cargos de elección popular. Fueron presentados por distintos diputados de Cambiemos, de Evolución Radical (la fuerza de Martín Lousteau) y por Graciela Camaño, ex Frente Renovador, ahora alineada con Rodolfo Lavagna en Consenso Federal.
Los textos varían en cuanto a los delitos que alcanzan: mientras que algunos se refieren solo a los de corrupción, otros incluyen el lavado de dinero, narcotráfico, los delitos de lesa humanidad, contra la integridad sexual, y hasta incluso cualquier delito penal doloso (con intención).
"La idea es consensuar un dictamen que recoja los principales puntos de los proyectos presentados", le adelantó Tonelli a Infobae, sobre la reunión que presidirá el martes, junto a su colega radical Diego Mestre, titular de la Comisión de Justicia.
De hecho, el diputado del PRO elaboró un borrador de dictamen que recoge los principales puntos comunes de las distintas iniciativas. Prevé la prohibición de ser electas a personas condenadas por hechos de corrupción en segunda instancia, "hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente".
Ese texto preliminar ya comenzó a circular entre los integrantes de ambas Comisiones para su análisis. Incluye los delitos de cohecho (coimas), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, y fraude contra la administración pública. También incorpora los delitos contra la seguridad de la Nación.
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La intención de los impulsores de la petición ciudadana era que rigiera para las elecciones de este año, pero finalmente los legisladores acordaron tratar el tema después del cierre de listas de candidatos, tras el receso de invierno. "No queremos que nadie piense que está destinado a alguien en particular", había planteado el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO), a Infobae en abril pasado, sobre el momento en que se definió que comenzaría el debate en la Cámara baja.
De hecho, el detenido ex ministro kirchnerista Julio De Vido, hoy condenado en primera instancia por la tragedia ferroviaria de Once, busca ser candidato a diputado nacional para poder salir de prisión. Se presenta por el Frente Patriótico de Liberación Nacional que postula al polémico periodista Santiago Cúneo – cuestionado por sus declaraciones antisemitas – como candidato a gobernador bonaerense, y que apoya a la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Kirchner para presidente y vice.
Cumpliendo el compromiso asumido ante los promotores de la campaña, Tonelli envió hoy la convocatoria a los diputados para la reunión de Comisión del martes 6, en el reinicio de la actividad parlamentaria tras el receso invernal.
Actualmente, hay en la Cámara baja una decena de proyectos que proponen impedir que cualquier persona que tenga una condena penal, confirmada por otro tribunal superior, pueda ser candidata a cargos de elección popular. Fueron presentados por distintos diputados de Cambiemos, de Evolución Radical (la fuerza de Martín Lousteau) y por Graciela Camaño, ex Frente Renovador, ahora alineada con Rodolfo Lavagna en Consenso Federal.
Los textos varían en cuanto a los delitos que alcanzan: mientras que algunos se refieren solo a los de corrupción, otros incluyen el lavado de dinero, narcotráfico, los delitos de lesa humanidad, contra la integridad sexual, y hasta incluso cualquier delito penal doloso (con intención).
"La idea es consensuar un dictamen que recoja los principales puntos de los proyectos presentados", le adelantó Tonelli a Infobae, sobre la reunión que presidirá el martes, junto a su colega radical Diego Mestre, titular de la Comisión de Justicia.
De hecho, el diputado del PRO elaboró un borrador de dictamen que recoge los principales puntos comunes de las distintas iniciativas. Prevé la prohibición de ser electas a personas condenadas por hechos de corrupción en segunda instancia, "hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente".
Ese texto preliminar ya comenzó a circular entre los integrantes de ambas Comisiones para su análisis. Incluye los delitos de cohecho (coimas), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, y fraude contra la administración pública. También incorpora los delitos contra la seguridad de la Nación.
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