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Crimen en El Andino: "Quiero que se vaya a fondo y se haga justicia"

Lo aseguró Ramón Funes, uno de los imputados por el asesinato de Mónica Ordóñez, quien hace algunos días recuperó su libertad. El acusado cree que los investigadores apuntaron hacia ellos por ser de bajos recursos

Luego de haber recuperado su libertad, Ramón Andrés Funes, uno de los dos acusados (el otro es Raúl Grassano, quien prefirió no expresarse de manera pública) por el crimen de Mónica Ordóñez (34), la mujer que fue encontrada muerta en una báscula abandonada de la estación de El Andino el 5 de agosto pasado, aseguró a Puntal que es inocente y señaló que espera que se vaya a fondo y se haga justicia.

“En primer lugar, quiero agradecer a mis abogados (Jacqueline Cattaneo y Kevin Tamiozzo), ya que ellos hicieron posible que junto a mi compañero (Grassano) salgamos en libertad. También quiero dirigirme a la familia de Mónica y darle mi pésame. No conozco a la familia, pero sé que deben estar pasando un momento difícil”, afirmó Funes.

“Estuvimos detenidos 70 días en total. Pasamos un mes en la alcaidía (de la Unidad Departamental de la Policía) y después nos trasladaron a Córdoba (donde cumplieron una cuarentena por Covid-19 que se extendió durante casi un mes en otra alcaidía antes de llegar a la cárcel de Río Cuarto)”, agregó.

-¿No conocían a la víctima?

-No, no la conocíamos ninguno de los dos.

-¿Por qué los involucraron en la causa entonces?

-Porque éramos los que estábamos cerca del lugar en el que ella apareció muerta. Fuimos las primeras personas que encontraron y apuntaron directamente hacia nosotros (Funes y Grassano vivían en un galpón abandonado de la estación de trenes, cerca del sitio en el que fue hallada Ordóñez).

-¿En qué momento se enteraron del asesinato?

-Nos enteramos cuando nos vinieron a buscar. Nosotros estábamos haciéndonos algo para comer en el galpón y entró la gente de investigaciones. Nos cargaron y nos llevaron. Nos enteramos allí.

-¿Cómo transitaron este tiempo en prisión?

-Fue una experiencia muy fea. Fue complicado. Nunca tuvimos paz ni tranquilidad. El peor momento lo vivimos en Córdoba. Hubo maltratos.

-¿Cree que a ustedes se los vinculó al crimen por ser personas humildes?

-Puede ser. Buscaron un punto débil y pensaron que no nos íbamos a poder defender. Lo único que quiero ahora es que se vaya a fondo, que se haga justicia porque se perdió una vida.

-¿Han tenido dificultades luego de recuperar su libertad?

-Sí, teníamos dificultades antes y ahora más. Es difícil sobrellevar la mirada de la gente. Es difícil hacerles entender que somos inocentes. De todas maneras, vamos a seguir adelante.

Su situación

Kevin Tamiozzo, uno de los abogados de Grassano y Funes, aseguró a Puntal que sus representados continúan imputados por el homicidio y remarcó que esperan que lleguen los resultados de las pericias genéticas que se les realizaron para que se descarte completamente la responsabilidad de los acusados.

“Por ahora no ha habido un sobreseimiento ni se ha dictado la falta de mérito. Nosotros estamos esperando la llegada de las pruebas genéticas que han sido solicitadas por la Fiscalía (que conduce el fiscal Fernando Moine) y a las que nosotros hemos accedido, debido a que entendemos que van a liberar de manera definitiva a nuestros clientes. Tanto Funes como Grassano quieren que se encuentre al verdadero culpable para que sean desvinculados de la causa y puedan seguir adelante con sus vidas”, manifestó Tamiozzo.

Por su parte, Jacqueline Cattaneo, abogada que también asiste a los imputados, subrayó que hasta ahora el material probatorio que se tiene contra ellos es muy débil, por lo que no hay elementos suficientes como para justificar la detención de sus defendidos.

“La prueba recabada apunta hacia otra línea de investigación. Pese a eso, tuvimos que presentar pruebas para conseguir la liberación de Funes y Grassano”, precisó la letrada.

-¿Hay cuestiones para reprocharle a la Fiscalía?

Cattaneo: Más que nada cuestionamos los tiempos que se manejaron. Si bien estamos en una pandemia, lo que genera un retraso en los procesos judiciales, nos parece excesivo que hayan demorado 20 días para tomarles declaración a los acusados, pese a que eso debe hacerse a las 24 horas. Así, se vulneran muchas garantías constitucionales. Por otro lado, vemos que hay una estigmatización muy grande que, aun con el sobreseimiento, será difícil de eliminar.