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El déficit y el acuerdo con el FMI, entre el desempleo y la pobreza

El deterioro social por la crisis económica ya tiene datos estadísticos con la desocupación y la distribución del ingreso en el país, ambos con marcado retroceso. Pero esta semana se completará con las familias que no cubren gastos básicos. En ese marco, la deuda y las cuentas públicas asoman como desafiantes

Ningún economista medianamente razonable discutió en los últimos meses el nivel de emisión monetaria que alcanzó el Gobierno básicamente porque la pandemia impulsó una cuarentena que obligó a paralizar buena parte de la economía y eso tuvo un impacto profundo que se vio reflejado la última semana con tres datos centrales que difundió el Indec: PBI, empleo y distribución del ingreso (coeficiente de Gini).

El primero se desplomó 19,1% y el cimbronazo se sintió fuerte porque las estimaciones eran algo más optimistas. Pero coincidió con los meses de mayor parálisis en la economía, especialmente abril y mayo. Y por detrás de eso fue el empleo, cuyo informe del Indec tuvo varios puntos destacados, enmarcados en la crisis. En primer lugar, el lógico crecimiento de la desocupación, que a nivel nacional fue 13,1%, lo que mostró un alza del 2,5% con respecto al registro previo. Pero esa suba fue disimulada por un amortiguador estadístico que operó con fuerza: la caída de la tasa de actividad. Esa variable se conforma por aquellas personas que tienen empleo y las que lo están buscando activamente, estos últimos son los denominados desocupados. No son considerados desocupados los que no tienen empleo y no buscan. Para ser desocupado hay que buscar y no encontrar. Por eso, en un contexto de tantas dificultades y con una parálisis tan fuerte, muchos decidieron evitar la búsqueda, dando por descontado que no era un buen momento para encontarlo. Eso llevó al Indec a no sumarlos en las filas de los desempleados. En medio de todo eso jugó fuerte también el beneficio del IFE que le aseguró un ingreso mínimo a las familias. Eso les permitió a muchos la posibilidad de esperar antes de salir rápidamente a buscar un trabajo cuando la cuarentena era más estricta. Esto último, por supuesto que también dio el marco general para imposibilitar que muchos desocupados emprendan la búsqueda.

Con ese cuadro de situación, que la distribución del ingreso arrojara cifras de mayor desigualdad no fue una sorpresa. El coeficiente de Gini mostró un crecimiento que refleja la brecha entre los que más ganan y los que menos ingresos tienen en el país. Un aporte estadístico para corroborar un visible y profundo deterioro en el entramado social. Finalmente, esta semana se terminará de cerrar el abanico de informes de ese perfil cuando el miércoles se difunda el correspondiente a pobreza e indigencia. Allí las estimaciones hablan ya de un 45% o 46% de la población que no cubriría los gastos básicos de una familia. Esa cifra no fue calculada desde el sector de la oposición sino que fueron el actual presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, y el Instituto de Pensamiento Político y Económico que conduce.

Los antecedentes de esa cifra corresponden al 35,4% de pobreza en el mismo período de 2019 y 35,5% en diciembre del año pasado. Por lo que habría un salto significativo de 10 puntos porcentuales aproximadamente. Pero es peor sobre la infancia, porque allí al menos escala otros 10 puntos más y se acerca a que 6 de cada 10 chicos sean pobres en el país.

Por eso el Gobierno carga una mochila cada vez más pesada y que debe transportar además en un angosto desfiladero en el que tiene que mostrar absoluta precisión y eficacia. En ese camino, la gestión tuvo algunos traspiés que no colaboraron en lo más mínimo en ese avance. El primero fue el de Vicentin, que corrió de eje al gobierno de Alberto Fernández y que terminó en un fracaso con su intento por controlar la empresa, sospechada en los manejos que su directorio hizo de sus recursos y de los jugosos y sugestivos préstamos que el Banco Nación realizó en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri. Después fueron varios tropiezos hasta que llegó el acuerdo por la deuda con los bonistas, una gran noticia que permitía imaginar un punto de partida distinto en lo económico. Fue el punto más alto del ministro Martín Guzmán, que apareció en el firmamento del Gobierno. Pero rápidamente ese enorme crédito se despilfarró. Comenzó la turbulencia cambiaria y todo desembocó en un mayor ajuste del cepo ante reservas que van tocando fondo en el Banco Central. Según algunos analistas, las autoridades esperan llegar con este apretón hasta fin de año, cuando entren dólares de la campaña fina, y con eso desembocar en la gruesa para abril o mayo de 2021. Demasiada futurología en una realidad que cambia de a minutos.

Antes de todo eso, Guzmán tendrá dos cuestiones centrales que resolver para ir acomodando el cuerpo en el desfiladero: arreglar la deuda con el FMI, que a esta altura es posible que además de reprogramar los vencimientos previstos para los próximos dos años tenga que incluir un desembolso del organismo para darles oxígeno a las reservas y bajar la incertidumbre. Al segundo punto, el ministro lo empezó a mostrar en el Presupuesto elaborado, que más allá de que puede ser cambiado de cuajo por la realidad, tiene como eje cierto control del gasto. La administración no tiene más margen para seguir expandiendo el déficit porque eso lo va a obligar a emitir o a tomar más deuda y ninguna de esas dos opciones son seguras en un camino tan angosto.

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