En 1996, cuando aprobaron la Carta Orgánica Municipal, los convencionales constituyentes definieron que, desde entonces, Río Cuarto debería votar siempre en soledad para evitar que otras elecciones, provinciales o nacionales, generaran un efecto arrastre y desvirtuaran la voluntad electoral local. En ese mismo acto, en su reafirmación de autonomía, sin saberlo, sin siquiera poder imaginárselo, estaban generando las condiciones para que 24 años después, en el entonces lejano 2020, la ciudad debiera enfrentar una eventualidad institucional que nadie más en el país tiene. Su solitaria imposibilidad de votar para elegir a su gobierno obligó al poder político a encontrar una solución que también es propia. E inédita.

Río Cuarto, que debió suspender las elecciones convocadas originalmente para el 29 de marzo, no sólo se encuentra en un estado de excepción sino en una especie de supraexcepcionalidad que la trasciende, que la afecta y a la vez la supera. En ese contexto, se encontró además con que la Carta Orgánica no prevé cómo salir de un atolladero como el actual: la posibilidad de una acefalía total.

Después de que el gobierno municipal dejara transcurrir el tiempo largamente sin avanzar ni un centímetro, la dirigencia política de la ciudad se embarcó en una negociación que se inició y se clausuró en menos de una semana. El acto final, legislativo y formal, que abrochó el proceso se produjo en el Concejo Deliberante el viernes, cuando se aprobaron por unanimidad la prórroga del mandato de Juan Manuel Llamosas hasta el 8 de octubre y la convocatoria a elecciones para el 27 de septiembre.

El análisis puede desglosarse en dos: en el instrumento elegido para sortear la acefalía, es decir la extensión de los mandatos, y en el aspecto propiamente político, relacionado con las negociaciones y discusiones que se produjeron entre los candidatos antes de la firma del acta acuerdo.

Primero, la prórroga no era la única alternativa existente sino la que eligió el gobierno y aceptaron Juntos por Río Cuarto -UCR y macrismo-, Respeto, el Partido Libertario y el Frente Política Abierta. Son cinco de las ocho fuerzas que competirán por la intendencia.

Esa salida se usó inicialmente en la Universidad y ahora en el Municipio. El actor común en los dos ámbitos fue Hugo Abrahan, director jurídico en la UNRC y apoderado y presidente del PJ.

¿Era lo mejor y más sólido que podía hacerse desde el punto de vista jurídico? Como la prórroga no está contemplada expresamente en la legislación, hubo constitucionalistas, incluso dentro del mismo gobierno municipal, que plantearon que la extensión de los mandatos por ordenanza, como finalmente se hizo, desencadena un período de incertidumbre que podría haberse evitado.

¿Cuál era la salida que proponían? Aprobar una enmienda en la Carta Orgánica y hacer refrendar esa decisión por la gente en el mismo acto eleccionario en que finalmente se elegirá intendente.

Eduardo Scoppa, candidato de Riocuartenses por la Ciudad, también enarbola esa alternativa y se apegó tanto a ella que se negó a firmar el acta acuerdo y terminó dando un portazo a pesar de que estuvo en conversaciones con el gobierno hasta el final.

Scoppa dice directamente -así lo expresó en su cuenta de Twitter- que se cayó en una ilegalidad manifiesta. Hay constitucionalistas que no llegan a ese límite pero que postulan que la prórroga abre un riesgo temporal que era innecesario. Ahora habría que esperar un eventual pronunciamiento externo -por ejemplo de la Justicia- para tener la certeza de que la prórroga es jurídicamente consistente.

Incluso los impulsores del camino que finalmente se eligió aceptan que ese período de incertidumbre existe. ¿En qué confían? Por un lado, en la validez jurídica de lo que se hizo. Además, sostienen que la unanimidad que no existió entre los partidos para firmar el acuerdo se suplió después en el Concejo con un acto que, según señalan, implicó el ejercicio de la autonomía. Pero, además, consideran que ningún juez, ni tampoco el Tribunal Superior, desbaratarán la decisión riocuartense. La Provincia dispone del antecedente de La Cumbrecita, donde ante un caso de acefalía no se prorrogó un mandato popular sino incluso una intervención, que según la legislación tiene un plazo fatal de 90 días.

Sin embargo, la potencialidad de que la prórroga sea atacada jurídicamente existirá en cada situación de conflicto entre un particular o una empresa y el gobierno. Y, si bien hay confianza en el Ejecutivo de que no habrá reveses judiciales, sí se producirá ese ciclo de incerteza entre el planteo y la resolución. ¿Por qué entonces el gobierno eligió la prórroga y no la enmienda? En ese punto comienza a mezclarse lo institucional con lo político. Llamosas no quería una negociación política prolongada por dos razones: porque le temía a la reacción de la gente, a generar la sensación de que los dirigentes estaban enfrascados en sus propias apetencias mientras la crisis económica provocada por la pandemia causa estragos; pero, fundamentalmente, porque consideraba que cuánto más duraran las conversaciones, más tendría que ceder su gobierno.

En ese punto también aparecen dos dimensiones. En lo institucional, el diálogo protagonizado por el oficialismo y la oposición no estuvo a la altura del acontecimiento: sin exteriorizarse, a las apuradas, sin exponer los beneficios y los potenciales perjuicios de una prórroga, con un acta acuerdo que se envió a los mails de los candidatos a la 1:20 de la madrugada y debía firmarse apenas un puñado de horas después.

Pero, desde el aspecto puramente político, el Ejecutivo festejó el resultado. En cinco días cerró un capítulo que podría haberle generado un desgaste no menor.

El fin de semana, cuando empezaron los llamados y los encuentros con la oposición, los operadores de Llamosas -Camilo Vieyra y Julián Oberti- sondearon la posibilidad de que se votara en junio. Esa fecha fue inmediata y unánimemente rechazada. Se pasó al 2 de agosto; allí hubo quienes aceptaron pero plantearon condiciones y, finalmente, se pasó al 27 de septiembre. “Es la fecha que originalmente había fijado el intendente. No cedimos en nada y la oposición no puso condiciones”, indicaron en el Palacio.

El gobierno asegura que jamás pensó en votar el 28 de junio, que sólo usó esa carta para imponerse en la mesa de discusión. Y remarca que sólo era válida hasta el 28 de mayo y que, por eso, aceleró el acuerdo. Un día después, la amenaza de convocar rápidamente a los comicios perdía efectividad porque se vencían los plazos y pasaba a ser inviable.

Junio no era una opción real, dicen en el oficialismo, por varias razones: porque el COE no iba a aprobarlo, porque la Junta Electoral advirtió que renunciaría en bloque si la elección se organizaba con tanta premura y porque una encuesta advirtió que el 90% de los riocuartenses se negaba a votar en esa fecha.

Ahora, quedan cuatro meses. Llamosas consiguió la prórroga pero no le espera un período precisamente cómodo: la pandemia y la crisis económica y social significan un riesgo permanente y deberá enfrentar situaciones complejas como, por ejemplo, la nueva renegociación de la deuda en dólares. A eso hay que sumarle el enojo de varios sectores con las medidas de prevención restrictivas.

En la otra vereda queda la oposición con sus propias complicaciones. Juntos por Río Cuarto necesitaba tiempo para tratar de imponer a su candidato, Gabriel Abrile, y, en ese punto, la prórroga le dio la única esperanza de llegar a la fecha de la elección siendo competitivo. Pero a la vez tendrá que encarar una campaña atípica y de muy dificultoso desarrollo. ¿Qué temas podrá instalar para tratar de conseguir votos? ¿De qué manera llegará con el mensaje?

Un caso aparte es el de Eduardo Scoppa. Con su negativa a firmar el acuerdo y su denuncia pública de que es irregular, el candidato consiguió la exposición pública que siempre ansían los dirigentes. Sin embargo, a la vez quedó encerrado en su propio discurso. ¿Cómo hará para seguir participando de un proceso electoral al que califica de ilegal? Si lo hiciera, estaría dándole una legitimidad que él mismo le negó públicamente.

Ante esa encrucijada, el exconcejal tiene dos caminos: o va a la Justicia y fuerza un pronunciamiento o baja su candidatura para no convalidar una solución que considera al margen de la ley.