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El Gobierno imputó a 11 grandes empresas por desabastecimiento

La Secretaría de Comercio les atribuye retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización

La Secretaría de Comercio Interior imputó a grandes empresas por "retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización", informó ayer el organismo.

A través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, las imputaciones recayeron sobre las compañías Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, Procter and & Gamble, Paladini y Potigian.

La decisión se formalizó luego de verificar que esas empresas habrían incumplido la intimación a "incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda", establecida por la resolución 100/2020, en el marco de la emergencia sanitaria establecida el 20 marzo de 2020.

En rigor, esa resolución -que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos- tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados.

Durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo.

Inspecciones

A partir de esta evidencia, se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021.

En el análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos, señaló Comercio Interior en un comunicado.

Por ejemplo, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, se detectó una caída de casi del 100% en su inventario de aderezos.

En la multinacional alimenticia Danone, por su parte, se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado.

En la compañía multinacional Procter & Gamble, que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, se identificó una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes.

La panificadora y elaboradora de pastas Fargo también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades.

En aceites, Aceitera General Deheza (AGD) acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones.

De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites.

En Bunge, compañía global de agronegocios, también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas.

Por último, la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo.

Según la información oficial, en los casos en que se verificó una reducción de la producción o en la distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza que incumplen con lo establecido en la resolución 100 y modificatorias, las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de 5 días hábiles acrediten de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma.

Además, se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización.

Una vez que la compañía es notificada tiene un plazo de cinco días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima.

De no cumplir con este último ítem, las firmas pueden tener sanciones que van desde los $500 a $10.000.000.

"El objetivo, de todos modos, no es sancionar sino que vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta", detallaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Expediente

Las mismas fuentes explicaron que "la imputación es un proceso administrativo que implica la apertura de un expediente de oficio en el cual se registran las actuaciones de la secretaría, la información que se recolectó y el motivo de la imputación".

Agregaron que "una vez notificada la empresa a través del trámite a distancia (TAD), debe responder en el plazo de cinco días o modificar la actitud que causó la imputación".

Si la información que remite la empresa da cuenta que retomó el normal abastecimiento, se termina el proceso administrativo, pero si la información es insuficiente o si no la presenta, se avanza en el proceso de multa, a pedido de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.

Las empresas pueden apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a plazos judiciales.