- Ocho.

- Bueno, los vocales del Tribunal Superior no pueden dar notas porque seguramente eso va a terminar en la Justicia. De hecho, lo estamos esperando.

La conversación se produjo el mes pasado, cuando no estaba claro cómo resolvería Río Cuarto su particular situación electoral: de hecho la pandemia no permitió que se concretaran los comicios el 29 de marzo y, ante esa imposibilidad, la ciudad se encaminaba directo a la acefalía el 2 de julio.

Desde el diario le pedimos una nota a algún vocal del Tribunal Superior para conocer si existía la factibilidad jurídica de una prórroga, una solución no prevista en ninguna legislación. Ninguno quiso hablar porque, explicaron, eso implicaba adelantar opinión sobre un caso que, estaban convencidos, llegaría a sus escritorios.

No se equivocaban. La política, que al principio juró que en esta ocasión estaría a la altura de las circunstancias, que dejaría de lado las especulaciones y las conductas mezquinas para encontrarle una salida a una excepcionalidad de escala mundial, que trascendía largamente a la ciudad, terminó una vez más mostrándose incapaz de resolver por sí misma las situaciones complejas. Nuevamente, el ámbito final es la Justicia.

¿Qué falló? Tal vez todas las fuerzas políticas que participarán en la elección deberían hacerse esa pregunta. En la respuesta, si se quieren encontrar las razones reales y no sólo culpables a los que tratar de desgastar, se combinan varios factores. Una cuestión general es real: aquella afirmación de que había que estar a la altura de las circunstancias volvió a ser apenas un lugar común, una frase vacía que predecía que el resultado final sería el contrario.

Que la prórroga de los mandatos haya terminado en el Tribunal Superior implica un fracaso de la política riocuartense, pero sobre todo de los políticos como personas puestas a resolver situaciones institucionales, en este caso generadas por una pandemia. La declamada madurez política de la que se habló cuando el coronavirus asustaba a todos prefiguraba en realidad un resultado contrapuesto.

Hay explicaciones múltiples. Pasó porque el gobierno municipal dejó transcurrir 60 días sin juntar a las partes y porque cuando puso en marcha las conversaciones empujó para darlas por concluidas en un puñado de días; porque no existió un esfuerzo de las fuerzas opositoras para encontrar una salida común; porque algunas agrupaciones o dirigentes entendieron que era una oportunidad para mostrarse, darse a conocer y tener posibilidades de crecimiento.

El caso más extraño es el del constitucionalista Enrique Novo, que pertenece al FreGen, una fuerza política que integra Hacemos por Córdoba, la alianza electoral que lleva a Llamosas como candidato. Exsecretario de Servicios Públicos, síndico del Edecom hasta hace meses, terminó yendo al Tribunal Superior para pedir que se declaren inaplicables los dos artículos de la Carta Orgánica -el 55 y 195- que se contraponen a la ordenanza que estableció la prórroga de los mandatos.

Hay dos posibilidades. O Novo actuó en acuerdo con el oficialismo, o se cortó solo. En el gobierno juran que se trató de la segunda opción. Y no hablan precisamente en buenos términos del socio político. Si la oposición quisiera chicanear al Ejecutivo podría decirle que no sólo dejó cabos sueltos externos sino que ni siquiera logró convencer a todos sus aliados.

“Si no está de acuerdo con lo que se hizo podría haberlo expuesto hacia adentro en vez de ir a Tribunales. Al final, uno de los nuestros terminó atacando la salida que impulsó el intendente. Una locura”, señaló un funcionario municipal. A Novo lo acusan de exceso de protagonismo.

Los otros dos casos son menos curiosos. La Ucedé, que supo integrar Unión por Córdoba junto al peronismo, recurrió al Tribunal Superior de la Provincia para pedir la inconstitucionalidad de la ordenanza porque contradice, entre otros, el artículo 55 de la Carta Orgánica, que señala que el gobierno es electo por 4 años y que los mandatos cesan el mismo día en que expira ese plazo “sin que suceso alguno que lo interrumpa pueda ser motivo de que se lo complete más tarde”.

El partido que lleva a Marcelo Ljubich como candidato a intendente tuvo al menos los reflejos para primerear en la judicialización y les sacó ventaja a Riocuartenses por la Ciudad y a Eduardo Scoppa, que también irán ahora a la Tribunales pero ya con un impacto mediático atenuado.

¿Qué pasará en la Justicia? ¿El Tribunal Superior puede contraponerse a los intereses políticos ya no de Llamosas sino del oficialismo provincial, interesado en retener la capital alterna? Hay quienes dicen que no hay riesgo. Otros le abren la puerta a la imprevisibilidad. “¿Te acordás cuando terminaba esa serie que mirábamos cuando éramos chicos? Cualquier cosa puede pasar en La Dimensión Desconocida, decía la voz en off. Bueno, eso”, señaló un miembro del gabinete.

Más allá del traspié que significa para la política local y para la estrategia del gobierno municipal en particular, el hecho de que la Justicia se pronuncie en las próximas semanas puede ayudar a despejar la incertidumbre, en el caso de que la resolución sea favorable a la prórroga. Si es contraria a la ordenanza, entonces el panorama será más complicado.

Hay un inconveniente fáctico que puede estirar los tiempos y hacer que la resolución judicial de los planteos no sea necesariamente expeditiva: el Tribunal Superior no está reuniéndose y los planteos de inconstitucionalidad deben definirse en plenario, es decir con la presencia de los vocales. Por ahora, las condiciones no están dadas. Mientras tanto, el tiempo corre.

Por lo pronto, las dos fuerzas principales ya pusieron en marcha sus dispositivos de campaña. Gabriel Abrile, candidato de Juntos por el Cambio, difundió en las redes un spot en el que se muestra en su rol de médico, critica a Llamosas por el manejo de la emergencia y dice que él está mejor preparado para tratar al paciente. Por su parte, el oficialismo anunciará en las próximas horas que el gobernador Schiaretti firmó este viernes la licitación para ejecutar en Río Cuarto obras de cloacas financiadas por el BID por casi 277 millones de pesos.

Eso es política, que por estos días ha cedido su protagonismo a la Justicia. Ese poder no sólo deberá resolver la constitucionalidad o no de la prórroga de los mandatos sino que, además, acaba de elevar a juicio la causa en la que Pablo Carrizo está denunciado por violencia de género. El exconcejal no entra en la competencia directa por la intendencia pero sí es un actor relevante en la pelea por el tercer lugar. Hasta el momento, la causa puede haber menguado sus posibilidades de crecimiento pero no provocó una pérdida significativa de lo que puede considerarse su núcleo duro de votantes.

Aunque ahora se abre otra instancia. Su enjuiciamiento y su eventual condena podrían darse en septiembre, justo el mes en que Río Cuarto estará votando. Habrá que esperar para saber si esta vez irá en detrimento de su rendimiento electoral. Ante esa posibilidad, están a la expectativa Scoppa, el radicalismo y, por los cambios que podrían darse en las correlaciones de fuerzas, el propio oficialismo de Llamosas.