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Ley del Conocimiento: la demora en el Senado costó 1.650 empleos en Córdoba

Además implicó una caída de facturación de 3.900 millones de pesos y una pérdida de exportaciones de 11 millones de dólares. El proyecto tiene media sanción de Diputados y mantiene frenado a un sector vigoroso

La demora en el tratamiento de la Ley del Conocimiento en el Senado no fue gratis. En el caso de Córdoba, una de las provincias que más desarrollo muestran en esta materia a nivel nacional, implicó un costo de 1.650 puestos de trabajo que ya podrían estar ocupados y que hoy son parte de la incertidumbre porque el marco normativo sobre el que se deben mover las empresas no termina de resolverse.

De gran desempeño en los últimos años, el sector necesita que le sigan balizando el camino para ampliar su capacidad, por eso reclaman que la media sanción de Diputados termine de revisarse en la Cámara Alta. Anoche había trascendido que el tema podría ser analizado en breve -incluso hoy-, pero las firmas del sector esperan que se concrete antes de celebrar.

Si bien las empresas que integran los clusters tecnológicos en Córdoba se ubican mayormente en la capital provincial, Río Cuarto, Villa María y San Francisco, hay otras en pequeñas localidades, facilitado esto por las características del trabajo que muchas veces se desempeña en espacios reducidos que sólo requieren buena conectividad. Y desde esas localidades hay pymes que despachan productos y servicios a distintas partes del mundo, lo que genera dólares genuinos en una economía de gran escasez de billetes norteamericanos.

Pero el del empleo no es el único perjuicio. Según estimaciones del sector, en los 8 meses y medio del año, el bache legislativo provocó una caída de facturación de 3.900 millones de pesos y una pérdida de exportaciones de 11 millones de dólares para Córdoba.

Ayer el poderoso G6 cordobés, que reúne a las principales entidades empresarias de la provincia, emitió un comunicado para reclamar la pronta sanción de la ley frenada en el Senado en un documento titulado “Necesitamos que la ‘política’ no paralice el empleo privado”.

Allí recuerdan que la economía del conocimiento es una industria que emplea a más de 400 mil trabajadores calificados en Argentina; todos ellos, con ingresos promedio por encima de la mayoría de las actividades.

“Esta verdadera usina de trabajo es fruto de la excelente formación académica argentina y del esfuerzo de empresas locales que, en un 95%, son pequeñas y medianas. Es una industria con gran capacidad para generar divisas a través de la exportación”, remarcó el G6. Y destacó además que la provincia de Córdoba es uno de los polos de empresas dedicadas a la economía del conocimiento más importantes del país, con un entramado de firmas que genera más de 30 mil puestos de trabajo y tiene la potencialidad de crear otros 100 mil más en los próximos años.

Córdoba adhirió al régimen de promoción de la economía del conocimiento convertido en ley en el mes de mayo de 2019. Sin embargo, en el mes de febrero de 2020 ese régimen fue suspendido a nivel nacional y restringió los incentivos previstos para la generación de empleo. Dicha modificación ya cuenta con media sanción en Diputados, fruto de un amplio acuerdo con 246 votos afirmativos y sólo 2 en contra.

“Desde el mes de junio, ese proyecto se encuentra sin avances en la Cámara de Senadores. Esa inactividad le cuesta caro a la Argentina porque dificulta sostener el empleo y generar otros nuevos, en un contexto donde la reactivación económica es clave para morigerar los impactos negativos de la pandemia de Covid19”, destacaron los empresarios cordobeses.

A nivel nacional, esa demora provocó una caída del 9,5% de las exportaciones de esta industria, lo que impacta en aproximadamente unos 95 millones de dólares en lo que va del año.

“Lo más grave es que señales de este tipo ponen en riesgo la proyección de unos 340.000 nuevos puestos de trabajo para la próxima década”, resaltan las entidades.

Y finalizan: “Instamos a nuestros senadores a impulsar un urgente tratamiento del proyecto de ley, sin más demoras, priorizando la necesidad de reactivación económica y de generación de divisas para aliviar las reservas. Si bien se trata de un régimen menos beneficioso que el derogado, en un panorama económico tan aciago como el actual, necesitamos que la ‘política’ no paralice el motor económico que significa la generación de empleo privado”.