La que termina es una semana en la que pareció extenderse la modorra del acumulado de feriados vinculados con el Día del Trabajador y que en materia informativa dejó el resonar de los tambores de los actos por esa fecha y la noticia que sacudió a la región, con un nuevo femicidio.
Por lo demás, se da el regreso a la agenda del estacionamiento medido y los reclamos que esgrimen desde la oposición desde el mismo momento en que asumieron bancas en el Concejo Deliberante y que aún no encontraron eco en el Ejecutivo, pese a que el propio intendente Martín Gill en marzo del año pasado había prometido una revisión completa del sistema, lo que dio paso a la integración de una comisión para el análisis, con el jefe de Gabinete a la cabeza, pero que hasta el momento no arrojó ningún resultado.
Desde Juntos por Villa María pidieron cambios y hasta la caída del contrato, pero lograron bajar el precio de las multas (proceso que se inició durante la anterior conformación en el Legislativo) y que no se toque el precio de la hora de ocupación de las dársenas, que sigue anclado en los 6 pesos desde hace tres años.
Es, precisamente, esa situación económica la que está haciendo mella en la prestataria que modificó unilateralmente el fraccionamiento horario para el cobro, buscando que eso le permita escapar del cepo de ese precio, lo que volvió a encender el reclamo de los sectores opositores y también de los vecinos e hizo que la auditora Alicia Peresutti convoque a una audiencia.
Éste se perfila como el tema que ocupará el debate de los próximos días.
En tanto, intendentes siguieron anunciando la anulación de la alícuota municipal que se cobraba con el cedulón por el servicio de gas, tal como hizo Gill la semana pasada y el titular del Ejecutivo de Villa Nueva, Natalio Graglia, esta semana, entre otros jefes comunales como el de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas.
Esto en tándem con la decisión del gobernador Juan Schiaretti de, en compensación, generar un fondo específico que le permita a los municipios reemplazar ese dinero que dejarán de percibir y que se destinaba a seguir con obras para la instalación de esa infraestructura básica.
Apuntan a que ese fondo habilite la continuidad de los tendidos para ampliar la red, que en Villa María no está muy lejos de alcanzar a cubrir el 100 por ciento de la ciudad.
La decisión política de que sea alícuota 0, en el caso local, repercutirá para los usuarios en que pagarán un 4,3 por ciento menos, lo que no es mucho pero es algo, ante un servicio que cada vez se queda con una mayor porción de los ingresos de los villamarienses.
Además fue una muestra más de la simbiosis de la gestión local con el gobierno provincial que encuentra en Gill un defensor y aliado y que lo convierte en un beneficiario de las políticas públicas que se implementan.
Esta definición es la que también le permitirá al intendente inaugurar obras trascendentes para la ciudad en la previa del 2019, para cuando ya anunció su decisión de ir por la continuidad. Y en esa lista de obras hay dos escuelas, la revalorización del Parque Pereira, un nuevo Centro Cívico, otro puente y la apertura del bulevar España.
Pero volviendo a la decisión en relación con el gas, cabe destacar que esa situación también fue escenario de una competencia entre oficialismo y oposición, porque Gill lo anunció (mandó el proyecto al Concejo porque para su aplicación era necesaria una modificación de la Ordenanza Tarifaria) casi al unísono con una iniciativa similar que presentó la representación local de Cambiemos en la casona de calle Mitre. Sí hay que decir que ese sector en ese eje insistía desde el mismo momento en que se presentó el proyecto de tarifaria, allá por octubre del año pasado.
Insistieron en el tema sin plantear que el agobio que los vecinos sienten y sentirán por el impacto que en sus bolsillos tendrá el pago de los servicios está directamente vinculado con la política tarifaria definida por el gobierno nacional, que la sigue defendiendo a capa y espada, con la decisión de incluso vetar cualquier límite que quiera marcarle esta semana la oposición en el Congreso.
Todo este contexto, a nivel local al igual que en otras ciudades, planteó una disputa en relación con las responsabilidades, después que desde la Nación intentaran descargar parte del costo político del tarifazo en los hombros de los gobernadores y los intendentes, lo que primero generó alguna reacción en contrario, pero que después dejó a más de uno desconcertado, cuando el propio Schiaretti señaló que la decisión sobre los servicios públicos "es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional".
Igual hay que aclarar que la reducción que prosperó con el gas no correrá la misma suerte con la energía eléctrica, en la cual nada indica que en el corto plazo pueda quitarse la alícuota municipal que se cobra con el servicio.
Con todo esto, no es mucho lo que se habló en la semana que pasó sobre la emergencia vial que rige en la ciudad y que se declaró luego de semanas de discusión y acusaciones encontradas en el Deliberante, tanto que la oposición se cansó de reclamarla pero no la votó y argumentó que el 80 por ciento de las medidas que contiene se podían tomar sólo a partir de una decisión política.
Y algo de eso había, porque sí hace falta la emergencia para redireccionar fondos para la compra de elementos para el control y la seguridad vial, pero no para conformar un Consejo de Seguridad Vial que ya había sido integrado por una ordenanza anterior ni tampoco para convocar a concurso para seleccionar magistrados para la Justicia Administrativa de Faltas cuando el cargo está vacante.
En ese sentido había trascendido que el titular del bloque oficialista se iba a presentar, pero que finalmente desistió por pedido del propio Gill.
Cierra así una semana con un tono de disputa más bajo, en lo que pareció ser un plazo de descanso para lo que vendrá.
Y en ese horizonte cercano se encuentra la definición sobre el futuro de la concesión del servicio de agua, a partir de la sugerencia que al Ejecutivo le haga la comisión interventora que se formó para analizarlo. Lo más probable es que la prestación siga en manos de la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo, con alguna incorporación vinculada con mayor participación de los usuarios.
La comisión tiene tiempo hasta el mes que viene para el dictamen, aunque difícilmente esperen hasta la última jornada para comunicar la decisión.
Mariana Corradini
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Desde Juntos por Villa María pidieron cambios y hasta la caída del contrato, pero lograron bajar el precio de las multas (proceso que se inició durante la anterior conformación en el Legislativo) y que no se toque el precio de la hora de ocupación de las dársenas, que sigue anclado en los 6 pesos desde hace tres años.
Es, precisamente, esa situación económica la que está haciendo mella en la prestataria que modificó unilateralmente el fraccionamiento horario para el cobro, buscando que eso le permita escapar del cepo de ese precio, lo que volvió a encender el reclamo de los sectores opositores y también de los vecinos e hizo que la auditora Alicia Peresutti convoque a una audiencia.
Éste se perfila como el tema que ocupará el debate de los próximos días.
En tanto, intendentes siguieron anunciando la anulación de la alícuota municipal que se cobraba con el cedulón por el servicio de gas, tal como hizo Gill la semana pasada y el titular del Ejecutivo de Villa Nueva, Natalio Graglia, esta semana, entre otros jefes comunales como el de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas.
Esto en tándem con la decisión del gobernador Juan Schiaretti de, en compensación, generar un fondo específico que le permita a los municipios reemplazar ese dinero que dejarán de percibir y que se destinaba a seguir con obras para la instalación de esa infraestructura básica.
Apuntan a que ese fondo habilite la continuidad de los tendidos para ampliar la red, que en Villa María no está muy lejos de alcanzar a cubrir el 100 por ciento de la ciudad.
La decisión política de que sea alícuota 0, en el caso local, repercutirá para los usuarios en que pagarán un 4,3 por ciento menos, lo que no es mucho pero es algo, ante un servicio que cada vez se queda con una mayor porción de los ingresos de los villamarienses.
Además fue una muestra más de la simbiosis de la gestión local con el gobierno provincial que encuentra en Gill un defensor y aliado y que lo convierte en un beneficiario de las políticas públicas que se implementan.
Esta definición es la que también le permitirá al intendente inaugurar obras trascendentes para la ciudad en la previa del 2019, para cuando ya anunció su decisión de ir por la continuidad. Y en esa lista de obras hay dos escuelas, la revalorización del Parque Pereira, un nuevo Centro Cívico, otro puente y la apertura del bulevar España.
Pero volviendo a la decisión en relación con el gas, cabe destacar que esa situación también fue escenario de una competencia entre oficialismo y oposición, porque Gill lo anunció (mandó el proyecto al Concejo porque para su aplicación era necesaria una modificación de la Ordenanza Tarifaria) casi al unísono con una iniciativa similar que presentó la representación local de Cambiemos en la casona de calle Mitre. Sí hay que decir que ese sector en ese eje insistía desde el mismo momento en que se presentó el proyecto de tarifaria, allá por octubre del año pasado.
Insistieron en el tema sin plantear que el agobio que los vecinos sienten y sentirán por el impacto que en sus bolsillos tendrá el pago de los servicios está directamente vinculado con la política tarifaria definida por el gobierno nacional, que la sigue defendiendo a capa y espada, con la decisión de incluso vetar cualquier límite que quiera marcarle esta semana la oposición en el Congreso.
Todo este contexto, a nivel local al igual que en otras ciudades, planteó una disputa en relación con las responsabilidades, después que desde la Nación intentaran descargar parte del costo político del tarifazo en los hombros de los gobernadores y los intendentes, lo que primero generó alguna reacción en contrario, pero que después dejó a más de uno desconcertado, cuando el propio Schiaretti señaló que la decisión sobre los servicios públicos "es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional".
Igual hay que aclarar que la reducción que prosperó con el gas no correrá la misma suerte con la energía eléctrica, en la cual nada indica que en el corto plazo pueda quitarse la alícuota municipal que se cobra con el servicio.
Con todo esto, no es mucho lo que se habló en la semana que pasó sobre la emergencia vial que rige en la ciudad y que se declaró luego de semanas de discusión y acusaciones encontradas en el Deliberante, tanto que la oposición se cansó de reclamarla pero no la votó y argumentó que el 80 por ciento de las medidas que contiene se podían tomar sólo a partir de una decisión política.
Y algo de eso había, porque sí hace falta la emergencia para redireccionar fondos para la compra de elementos para el control y la seguridad vial, pero no para conformar un Consejo de Seguridad Vial que ya había sido integrado por una ordenanza anterior ni tampoco para convocar a concurso para seleccionar magistrados para la Justicia Administrativa de Faltas cuando el cargo está vacante.
En ese sentido había trascendido que el titular del bloque oficialista se iba a presentar, pero que finalmente desistió por pedido del propio Gill.
Cierra así una semana con un tono de disputa más bajo, en lo que pareció ser un plazo de descanso para lo que vendrá.
Y en ese horizonte cercano se encuentra la definición sobre el futuro de la concesión del servicio de agua, a partir de la sugerencia que al Ejecutivo le haga la comisión interventora que se formó para analizarlo. Lo más probable es que la prestación siga en manos de la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo, con alguna incorporación vinculada con mayor participación de los usuarios.
La comisión tiene tiempo hasta el mes que viene para el dictamen, aunque difícilmente esperen hasta la última jornada para comunicar la decisión.
Mariana Corradini