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A 5 meses de estallar el narcolavado, los detenidos esperan definiciones

La causa, que salió a la luz con los múltiples allanamientos de enero, tiene 29 imputados, aunque 17 son los que están en prisión. "La irrupción del poder político ha sido total", manifestó uno de los defensores.

Hace cinco meses la ciudad se vio convulsionada por el fuerte despliegue de efectivos y móviles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Fueron más de 45 allanamientos realizados en Río Cuarto bajo la dirección del juez federal Carlos Arturo Ochoa.

Allí salió a la luz la causa que luego trascendió a nivel nacional como “narcolavado”. La investigación tiene 17 detenidos aguardando una resolución.

“Hace cinco meses están detenidos y no ha salido ninguna resolución definiendo su situación jurídica; tengo una acusación pero ningún fundamento”, manifestó en el programa Buen Día Río Cuarto el abogado Rolbi Valdivieso, defensor de Mariano y Andrés Rivarola.

Los hermanos Rivarola, junto al resto de los detenidos, están sospechados de integrar una banda dedicada al tráfico de drogas y que era liderada por Claudio Torres (43), el hombre que el 16 de enero fue acribillado cuando llegaba en un Audi TT a su casa de barrio Fénix. El crimen aún está impune.

Casi una semana después, la investigación de la Justicia Federal se precipitaba con los múltiples procedimientos, que incluso llegaron a cabañas de Alpa Corral.

Aunque desde el Juzgado negaron que el crimen de Torres haya acelerado los pasos que los investigadores venían dando desde hacía algunos años, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró en los últimos días que ese episodio significó un “punto de inflexión” en la causa.

Entre los presos está el subcomisario retirado Gustavo Oyarzábal, el exjefe de Investigaciones de la Policía de Córdoba en Río Cuarto, a quien atraparon en febrero.

Mientras tanto, siguen prófugos Cristian Fabian Ortiz (41) y Jonathan Daniel Palacios (27).

Cristian Fabian Ortíz y Jonathan Daniel Palacios, los prófugos de la causa.



Según trascendió en las últimas semanas, Ortiz habría tenido un rol clave dentro de la banda.

Su nombre permitiría conectar la causa tramitada en Río Cuarto con una del Juzgado Federal de Bell Ville que permitió el secuestro de un importante cargamento de estupefacientes en Entre Ríos.

La investigación dirigida por Ochoa logró el secuestro de bienes, entre los que hay televisores, equipos de música, dispositivos electrónicos y vehículos por un monto millonario.

El factor político

Valdivieso, uno de los abogados defensores, cuestionó el rol que la política jugó en el caso.

“Me apenan un poco estos procedimientos en los que ha ido la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ha roto puertas, ventanas, está todo tirado en la base aérea y la gente lleva cinco meses sin saber por qué están presos”, declaró.

“La irrupción del poder político ha sido total, la ministra (por Patricia Bullrich) se luce en Buenos Aires con todos estos atropellos y la doctora (Elisa) Carrió vino y dijo cualquier barbaridad”, reprochó el letrado local.

“Es como que después de cuarenta y pico años de abogado uno se pregunta: ‘Para qué estudié’, si hay personas que vienen, dicen cualquier cosa y están impunes”, agregó el abogado.

“Mediatización no hubo, porque los medios saben menos que nosotros, lo que hubo fue politización, que es peor y grave”, puntualizó el defensor de los hermanos Mariano y Andrés Rivarola.

“Todos los abogados están totalmente desinformados, porque nos prestan el expediente pero no resuelven, entonces vos tenés una persona detenida y para saber de qué lo tenés que defender tenés que ver de que pruebas se vale el juez para mantenerlo con una prisión preventiva o darle la libertad”, concluyó.