En rigor de verdad, los ocho militares destituidos, más la subteniente que fue penada con veinticinco días de arresto, son las nueve personas imputadas en la investigación por la muerte de Matías Chirino, que lleva adelante la Justicia Federal correntina, con el fiscal Fabián Martínez a la cabeza.
¿Cómo recibieron esta medida?
Lo vemos como un primer paso. Es un avance. Ahora veremos en la Justicia Federal. Está todo encaminado: el martes (por hoy) el abogado Fuceneco de Paso de los Libres tiene que presentar un escrito y el miércoles tengo que entregar el celular donde están todos los chats de Matías. El 30 de agosto se realiza la nueva autopsia.
¿La destitución de los ocho oficiales de alguna manera marca a los responsables?
Sí. Marca que los encuentran responsables.
“Cumplieron su palabra”
¿Creen ustedes que es un antecedente que puede tomar la Justicia?
Es algo que puede tomar la Justicia. Desde un principio, cuando vino el jefe del Estado Mayor Pereda, con el coronel Jurczyszyn, me prometieron que iban a aplicarles todo el peso de la ley. Y cumplieron con su palabra.
¿Quiere decir que no pueden ejercer en ninguna fuerza?
En ninguna fuerza ni en ningún cargo público.
¿Quiénes son los oficiales destituidos del Ejército?
Los capitanes Claudio Ariel Ruiz Luna, de 36 años; Rubén Darío Ruiz, de 35 años; Hugo Reclus Martínez Tárraga, de 34 años; el teniente primero Darío Emmanuel Martínez, de 31 años; el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, de 31 años; y Franco Damián Grupico, de 26 años; y los subtenientes Luis Acosta, de 26 años, y Gerardo Sebastián Bautista. A todos ellos los destituyeron del Ejército. Y a la subteniente Claudia Cayata, de 33 años, le dieron 25 días de arresto. Es diferente la sanción para ella porque se enteró recién a la noche de que se realizaba ese asado. No habría participado directamente y la sanción es por no haber avisado al jefe de esa unidad.
¿Qué saben del proceso castrense que derivó en estas sanciones?
El viernes tuvieron 14 horas de audiencia, según me comentó el coronel Jurczyszyn. El sábado, otras 14 horas de audiencia y el domingo a la mañana me comunicó telefónicamente para comentarme todo esto, de las personas que habían sido separadas de su cargo, menos Cayata. Eso es en lo que tienen que ver con el proceso castrense.
“Es un infierno”
¿Cómo viven esta situación?
Es un infierno todo esto. Todo el tiempo llorando. Nos levantamos llorando. Cada vez que tengo que ir a trabajar, es una tortura. Las siete cirugías por enfermedad que tengo, y que me causan mucho dolor, son nada al lado de esto. Me arrancó parte de mi vida, parte de mi alma. Es increíble que me hayan arrebatado a mi hijo por una joda, en un asado, y la tortura que le hicieron. Si hubiera sido en un accidente de tránsito o con un arma, por su trabajo, pero no así. Lo dejaron tirado arriba de un colchón.
