El mal estado del edificio de Tribunales es una realidad denunciada por el sindicato de Judiciales hace ya muchos años. Incluso se especuló en varias ocasiones con un nuevo edificio, que nunca llegó. Pero conforme pasa el tiempo, la problemática se agrava y el gremio busca evitar hechos que pongan en peligro la vida de los trabajadores y todas las personas que a diario circulan por allí (unas 700).
Por ello, se reunieron ayer con todos los bloques del Concejo Deliberante para exponer la situación y pedirles la conformación de una mesa interinstitucional para abordar el tema.
Guadalupe Vázquez, secretaria General de Judiciales, le explicó a este diario que la problemática se ve agravada “por la explosión demográfica que ha tendido la región, que provoca conflictos y ello se traslada al Poder Judicial”.
“En ese marco vemos colapsado un edificio tanto por el soporte físico como por la operatividad y logística que lleva poner en funcionamiento todas las áreas que integran los seis pisos. No fue hecho para albergar tantas personas. Hoy somos unos 300 trabajadores, más unas 400 personas que circulan todos los días”, detalló.
El hecho más grave, y que desnudó las falencias del lugar, fue la muerte del exintendente Miguel Veglia en 2014. No pudo ser trasladado con la urgencia del caso dado imposibilidad para maniobrar una camilla por las escaleras.
“A diario suceden incidentes y eventos con gente que va absolutamente nerviosa, que tienen que ser asistidos por servicios médicos. Pero esa asistencia llega al punto que la propia persona debe salir por sus propios medios porque no puede ser trasladado ni en sillas de ruedas ni en camillas”, lamentó la dirigente.
Además de enviar una nota al Concejo, por lo cual fueron convocados a dialogar, el gremio también le remitió una copia al intendente Martín Gill. Vale aclarar que el edificio corresponde a la Provincia, aunque el sindicato entiende que el Municipio puede ayudar en mejorarlo.
“Entendemos que todos son parte interesadas y todos deben interesarse más allá que las problemáticas los afecte o no de manera directa. Somos villamarienses los que pasamos de manera diaria. Es un edificio del Poder Judicial de Córdoba, y son ellos quienes deben hacerse cargo de la estructura y la falta de seguridad. Pero en la nota hacemos un detallado informe de las problemáticas más importantes y así podremos avanzar en cuestiones que no implican un costo elevado y son las más urgentes”, remarcó Vázquez.
En este contexto, pidió que se conforme una mesa de trabajo con todas las instituciones interesadas “y que todos tiremos el mismo carro, que es la manera de poder ejercer presión sobre el Gobierno provincial y sobre el Tribunal Superior -específicamente- para que adopte las medidas urgentes para que no haya una desgracia”.
Respecto al nuevo edificio, por el momento lo descartó de plano y dijo que Villa María “no está dentro de las prioridades del Poder Judicial”. Vázquez recordó que en la provincia se llevan adelante dos grandes obras, una en Río Cuarto y otra el Polo Judicial en Córdoba, “ambas con atrasos producto de la crisis”.
Martín Alanís
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Guadalupe Vázquez, secretaria General de Judiciales, le explicó a este diario que la problemática se ve agravada “por la explosión demográfica que ha tendido la región, que provoca conflictos y ello se traslada al Poder Judicial”.
“En ese marco vemos colapsado un edificio tanto por el soporte físico como por la operatividad y logística que lleva poner en funcionamiento todas las áreas que integran los seis pisos. No fue hecho para albergar tantas personas. Hoy somos unos 300 trabajadores, más unas 400 personas que circulan todos los días”, detalló.
El hecho más grave, y que desnudó las falencias del lugar, fue la muerte del exintendente Miguel Veglia en 2014. No pudo ser trasladado con la urgencia del caso dado imposibilidad para maniobrar una camilla por las escaleras.
“A diario suceden incidentes y eventos con gente que va absolutamente nerviosa, que tienen que ser asistidos por servicios médicos. Pero esa asistencia llega al punto que la propia persona debe salir por sus propios medios porque no puede ser trasladado ni en sillas de ruedas ni en camillas”, lamentó la dirigente.
Además de enviar una nota al Concejo, por lo cual fueron convocados a dialogar, el gremio también le remitió una copia al intendente Martín Gill. Vale aclarar que el edificio corresponde a la Provincia, aunque el sindicato entiende que el Municipio puede ayudar en mejorarlo.
“Entendemos que todos son parte interesadas y todos deben interesarse más allá que las problemáticas los afecte o no de manera directa. Somos villamarienses los que pasamos de manera diaria. Es un edificio del Poder Judicial de Córdoba, y son ellos quienes deben hacerse cargo de la estructura y la falta de seguridad. Pero en la nota hacemos un detallado informe de las problemáticas más importantes y así podremos avanzar en cuestiones que no implican un costo elevado y son las más urgentes”, remarcó Vázquez.
En este contexto, pidió que se conforme una mesa de trabajo con todas las instituciones interesadas “y que todos tiremos el mismo carro, que es la manera de poder ejercer presión sobre el Gobierno provincial y sobre el Tribunal Superior -específicamente- para que adopte las medidas urgentes para que no haya una desgracia”.
Respecto al nuevo edificio, por el momento lo descartó de plano y dijo que Villa María “no está dentro de las prioridades del Poder Judicial”. Vázquez recordó que en la provincia se llevan adelante dos grandes obras, una en Río Cuarto y otra el Polo Judicial en Córdoba, “ambas con atrasos producto de la crisis”.
Martín Alanís