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La reforma judicial, con poco consenso y demasiados obstáculos

Los pronunciamientos de dos cuerpos colegiados de diferentes fueros que se verían afectados de materializarse la reforma judicial impulsada por el Gobierno, la Cámara del Crimen y la Civil y Comercial Federal, reflejan una resistencia que trasciende la de una oposición acusada de obstruccionismo e incluso la de una sociedad que si demanda cambios en la Justicia no parece que sean del tipo de los que se proponen.

A pocos días de que el anuncio correspondiente la instalara como un tema de debate alternativo en un contexto donde las principales preocupaciones pasan por otro lado, el proyecto de reforma judicial ideado por el gobierno nacional ha venido acumulando tropiezos ante la irrupción de objeciones mayores que las señaladas en lo inmediato. Los pronunciamientos de dos cuerpos colegiados de diferentes fueros que se verían afectados de materializarse la iniciativa, la Cámara del Crimen y la Civil y Comercial Federal, reflejan una resistencia que trasciende la de una oposición acusada de obstruccionismo e incluso la de una sociedad que si demanda cambios en la Justicia no parece que sean del tipo de los que se proponen.

Está claro que en un principio las críticas al proyecto parecían poder clasificarse en dos grandes grupos: las que aludían a una evidente falta de sentido de la oportunidad, en medio de la pandemia de Covid-19 y de la espantosa crisis económica en desarrollo debido a las medidas de aislamiento y las restricciones a la actividad productiva asociadas a ella, y a la sospecha de que en el fondo se trata de una maniobra para asegurar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo primero no necesita demostración alguna, aun cuando siempre pueda argumentarse que lo urgente a veces debe ceder ante lo importante, mientras lo segundo ha sido reforzado por el propio Presidente de la Nación con la insólita decisión de integrar en la comisión asesora al abogado principal de su compañera de fórmula, según todo lo sugiere por indicación de ella.

Sin embargo, con el paso de los días se han ido sumando objeciones técnicas, incluidas las de especialistas en derecho constitucional que advierten sobre los aspectos de la iniciativa oficial que entrarían en conflicto con la letra y el espíritu de la ley fundamental, así como otras de carácter práctico que ponen en duda la capacidad del nuevo esquema para mejorar el servicio de Justicia. En particular, suena atinado el señalamiento de la incongruencia de un proyecto que exigiría el nombramiento de varias decenas de nuevos jueces justamente cuando está entrando en vigencia el nuevo Código Procesal Penal que incluye el traslado de más facultades para investigar a los fiscales, es decir, cuando se les estaría reduciendo a los jueces el trabajo.

El pronunciamiento de las cámaras en cuestión, unánime en el primer caso y con un integrante que se excusó por motivos formales en el segundo, sugiere además que si el proyecto es convertido en ley no le será fácil entrar en vigencia frente a las muy probables declaraciones de inconstitucionalidad. Si la Corte Suprema debe resolver en última instancia, debe recordarse que sólo una entre sus miembros acudió a la presentacion del proyecto, a la que los cinco estaban invitados. El antecedente de la reforma judicial de Cristina Kirchner, que sólo logró el aval de un ministro de la Corte que ya está jubilado, y quedó convertido en letra muerta, lleva a preguntarse qué motivos puede tener el oficialismo para ser más optimista hoy.

En este marco, no resulta excesivo aseverar que el proyecto no sólo es inoportuno, sino en sí mismo incapaz de generar el nivel de aceptación que lo volvería viable aun en circunstancias en que la Argentina transitara una vida política, institucional y social normal. Y se refuerza la impresión de que mantenerlo como prioridad no atiende a las necesidades del país, sino a la voluntad de una persona en particular cuyos intereses no coinciden en medida alguna con los nacionales.