No está claro si el pronunciamiento del Presidente tiene que ver con un intento de acelerar la comercialización de granos durante los primeros meses del nuevo régimen cambiario, para llegado el momento prorrogar la baja de DEX, o si el gobierno realmente necesita más recursos fiscales para el segundo semestre y por tanto subirá el impuesto cumpliendo con lo establecido inicialmente.
Dada la disyuntiva, la Fundación Mediterránea recordó que los DEX afectan la rentabilidad del negocio de producir granos, induciendo a las empresas agropecuarias a minimizar la incorporación de nuevas tecnologías (maquinarias, semillas, fertilizantes, etc.) y limitar la expansión de la superficie bajo explotación (se descartan aquellas zonas de rindes más bajos o inciertos). Es decir, la inversión se reduce en un escenario con DEX respecto de aquella que se observaría bajo un escenario que no castiga con este impuesto a la actividad.
“La pérdida de rentabilidad del negocio se puede aproximar. Para ello se toman como referencia dos modelos agrícolas con distintos niveles de eficiencia en la producción de los granos, uno que captura particularidades de la zona núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires) y otro que intenta representar a la gran región extra pampeana (Norte de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, centro-norte del país)”, explica el informe del economista Franco Artusso, investigador de la sección productiva.
Además, en cada uno de los modelos se consideran distintos regímenes de tenencia de la tierra para evaluar el impacto sobre la rentabilidad de empresas agropecuarias que producen en campo propio versus alquilado (lo que deja un total de cuatro casos bajo análisis). En todos los casos se supone una escala de 500 hectáreas y un esquema de siembra 50% soja y 50% maíz.
En ese marco, las principales diferencias entre zonas se deben a la productividad de la tierra (rendimientos de cultivos), las distancias al puerto (costo transporte de cargas) y los distintos requerimientos de insumos y labores según ubicación geográfica (costos directos de producción). Las diferencias entre propietarios y arrendatarios de una misma zona se deben a la incidencia del costo de arrendamiento, el cual se expresa en quintales fijos de soja (15 quintales en zona núcleo y 8 quintales en zona extra pampeana) valuados a precios FAS Rosario al momento de la cosecha.
En un primer momento se presenta como cambia la rentabilidad en dólares por hectárea del negocio bajo un escenario con DEX del 26-9,5% versus otro con DEX del 33-12% (soja-maíz, respectivamente). También se muestran la recaudación del fisco (nacional y provincial) y la carga tributaria total (en % de la renta total del negocio). Los cálculos suponen rindes medios de cada zona, precios FOB de US$ 400 la tonelada de soja y US$ 220 la tonelada de maíz (cotizaciones promedio al mes de abril) y un tipo de cambio de $1.200 por dólar.
Si el gobierno aumenta los DEX a fines de junio 2025, la rentabilidad de producir granos (ingresos menos costos y todos los impuestos) empeorará entre 11-12% en zona núcleo (US$ 30-60 por hectárea, aproximadamente) y entre 21-74% en zona extrapampeana (US$ 32-43 por hectárea); por su parte, el fisco (nacional y provincial como un todo) podría recaudar un 11-20% más según tipo de productor y zona (entre US$ 44-70 por hectárea). “Puede apreciarse que el castigo es mayor en zona extra pampeana, más alejada de los puertos y que no cuenta con las mismas aptitudes edafoclimáticas que la zona núcleo”, remarca.
Este ejercicio muestra el impacto que tendría la suba de DEX sobre el negocio de la empresa agropecuaria a los precios relativos actuales y suponiendo que toda la producción se comercializa bajo cada uno de los respectivos esquemas de DEX que se están comparando. No obstante, cabe considerar que al mes de junio un porcentaje no menor de la cosecha 2024/25 estará ya comercializada con la carga tributaria actual (como es habitual para la fecha) y sólo los granos que queden por venderse a partir de ese momento pagarán las mayores alícuotas (si resulta que se revierte la baja). Esto incide directamente sobre el resultado económico efectivo que tendrá el ciclo agrícola actual y también la potencial mayor recaudación que podría generar la reversión de la medida en el segundo semestre de este año.
Haciendo algunos cálculos y supuestos, si a mediados de año quedase sin comercializar el 50% del saldo exportable de maíz, el 60% del de soja y el 20% del de trigo del ciclo 2024/2025, la suba de alícuotas generará, por estos granos remanentes y a los precios internacionales esperados, un aumento de recaudación aproximado de US$ 930 millones en el plazo en que se complete la comercialización (8/9 meses). Si bien quedan otros granos que pueden agregar algunos dólares extras, el hecho es que la medida tendría un impacto relativamente bajo en términos de recaudación y del resultado del ejercicio fiscal 2025 (no mayor al 0,1% del PIB 2025).
A cambio de mayores recursos fiscales de coyuntura, la reversión de la medida tendría todos los efectos dinámicos negativos antes mencionados en términos de desincentivo a la inversión, a la incorporación de nuevas tecnologías y a la expansión de la actividad en zonas extra pampeanas. “Todo lo anterior deriva en una base imponible efectiva más reducida, respecto de aquella que potencialmente puede ofrecer el sector agropecuario en otros impuestos menos dañinos (Ganancias, a los Inmuebles Rurales, etc.), en forma directa o vía sus actividades económicas vinculadas, bajo un esquema de menor carga tributaria sobre las exportaciones”, explica el trabajo.
Además, se trataría de una señal muy negativa, en un sector que espera que el Gobierno mantenga el rumbo en pos de cumplir su promesa electoral de eliminar definitivamente los DEX.
Finalmente la Fundación Mediterránea recordó que en un informe previo presentó un esquema para la eliminación de las retenciones y cómo podría avanzarse en ese rumbo; “una reforma que disminuya la exagerada presión tributaria que sufre el sector, pero permita al fisco la posibilidad de recuperar ingresos vía mayor recaudación y posibles modificaciones de otros impuestos”, explicó finalmente el informe.
