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Reclaman que el trabajo sexual sea contemplado en programas oficiales

Figuraba en un registro online de Desarrollo Social de la Nación, pero sectores conservadores afines al Gobierno lograron que se diera de baja. "Se perdió una oportunidad clave", dicen desde la Mesa de la Diversidad local.

La inclusión de la prostitución en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) abrió una luz de esperanza para las trabajadoras sexuales. Les daría la posibilidad de entrar a programas oficiales, con créditos, asesoramiento y la posibilidad de acceder a una jubilación en el futuro. De hecho, algunas de ellas pudieron inscribirse en la web del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, a las horas el registro fue dado de baja. Las organizaciones de meretrices y, en el plano local, la Mesa de la Diversidad, denuncian que el Gobierno cedió ante las presiones de sectores conservadores con los que tiene alguna cercanía.

El jueves último, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, lanzó el Renatep, presentada oficialmente como “una herramienta que permitirá acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación”. También facilitará la “participación en redes de comercialización y la obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera”.

La Secretaría de Economía Social estiman que podría alcanzar a 4,5 millones de trabajadores de la economía popular.

Habilitación y polémica

El registro estuvo disponible a partir de un día después en el sitio web de la cartera social, desde donde cualquier trabajador autogestionado mayor de 18 años podía hacer la inscripción online.

El domingo pasado, el Renatep habilitó a las trabajadoras sexuales a inscribirse en el registro, y a partir de allí comenzó a ganar terreno una embestida de los sectores conservadores, que apuntaban a dejar sin efecto esta última medida.

Uno de esos sectores, vinculados a la Iglesia y con estrecho vínculo con el Papa Francisco, es el del presidente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera.

El mismo se encargó poco después de difundir la marcha atrás del Gobierno nacional. “Con el Ministro @LicDanielArroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado”, publicó en su cuenta de Twitter.

En efecto, el formulario online para la inscripción se bajó del sitio web de Desarrollo Social, con lo cual ningún trabajador de la economía popular podía hasta anoche iniciar el trámite.

Desde la vereda de enfrente, la ONG Ammar, que agrupa a las meretrices, salieron rápidamente a denunciar la situación.

“Entienden que el formulario está dado de baja para todos los trabajadores de la economía popular. ¿Entienden que es un registro para conocer nuestra realidad? Ni eso quieren los abolicionistas, nos quieren siempre en la clandestinidad”, señaló en su cuenta de Twitter Georgina Arellano, presidenta de Ammar.

“El trabajo sexual no es un delito. El reconocimiento del mismo es exigido por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional. Ya el expresidente Néstor Kirchner firmó un decreto presidencial en 2005 exigiendo obra social y jubilación para los Trabajadorxs Sexuales”, agregó la referente.

“Desarrollo Social lanza el registro. Vera y organizaciones hicieron una movida, lobby y lograron darlo de baja en algunas horas, se dio de baja en la página del Gobierno”, denunció Orellano.

Rechazo de la Mesa de la Diversidad

Por su parte, la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto, que ponderó la decisión inicial de incluir a las trabajadoras sexuales en el registro, manifestó su rechazo por el avance de los sectores “abolicionistas” que lograron torcerle el brazo al Gobierno.

En diálogo con este diario, el titular de la mesa, Walter Torres, valoró positivamente la medida que incluía, entre otros, a los artesanos, trabajadores informales, y que “por primera vez iba a reconocer al trabajo sexual”.

Torres indicó que las meretrices que ejercen la actividad en diferentes situaciones -en la calle, en las rutas de acceso a la ciudad y en departamentos privados- estaban contempladas en programas oficiales para acceder a ayudas, préstamos e incluso a una jubilación.

“Lo importante de todo esto es que el Estado se pierde la posibilidad de visilibilizar y crear oportunidades para los grupos vulnerados. El Estado ha sido prohibicionista, pero en general no dio otro tipo de respuestas”, agregó.

El referente de la Mesa de la Diversidad sostuvo que se clausuró la posibilidad de registrar el colectivo de las trabajadoras sexuales, conocer su realidad y evaluar respuestas desde el Estado.

“Lo que se hizo es esconder esa realidad, como ha ocurrido en muchas otras problemáticas sociales”, agregó.

Torres indicó además que, en medio de la pandemia, las meretrices quedaron sin la posibilidad de generar ingresos y, tarde o temprano, “van a terminar saliendo a la calle; hay personas que no tienen trabajo desde hace más de 75 días”.

Finalmente, trazó un paralelismo con lo que ocurre a nivel local, donde “el Concejo Deliberante tiene a nuestros proyectos antidiscriminatorios, de cupo laboral trans y de acceso a la salud, que están cajoneados”.