Esta semana se celebró el "Día mundial contra el trabajo infantil", definido por la Organización Internacional del Trabajo con el objeto de movilizar a la sociedad contra el flagelo, incidir en la agenda de las políticas públicas y contribuir a su erradicación definitiva.

Hay al menos dos preguntas clave para entender esta problemática en la Argentina. En primer lugar, es preciso conocer cuál es la situación a través de evidencia confiable. Segundo, se debe conocer el estado de las políticas para su erradicación.

Para la primera pregunta contamos con dos encuestas nacionales y oficiales que midieron la incidencia del trabajo infantil, así como sus principales determinantes y características, realizadas en 2004 y 2017 por el Ministerio de Trabajo y el Indec. 

La comparación entre los dos relevamientos arroja resultados relativamente alentadores. Para la franja de 5 a 15 años, el trabajo para el mercado se redujo del 8 al 3,8 por ciento, el trabajo para el autoconsumo del 9,9 al 3 por ciento y el trabajo doméstico intenso del 9,3 al 4,8 por ciento.

Esta reducción se explica principalmente porque el considerado es un período marcado, en gran parte, por un crecimiento económico significativo, con creación de empleo, políticas activas y consecuentes mejoras en el nivel de ingresos de los hogares. 

Si bien esta tendencia es una buena noticia, todavía el trabajo infantil y adolescente muestra algunas particularidades preocupantes. Por un lado, las tasas se duplican a nivel rural. La categoría que menos se ha reducido, y que en la actualidad es la más elevada, es el trabajo doméstico intenso, principalmente de niñas y adolescentes que se hacen cargo del cuidado de sus hermanos y hermanas menores y de adultos mayores.

El trabajo infantil genera además efectos negativos en la asistencia escolar, particularmente en los niños y adolescentes varones que realizan actividades económicas para el mercado y en las niñas y adolescentes mujeres que realizan actividades al interior del hogar. A modo de ejemplo, en el ámbito rural, las niñas que no trabajan tienen una tasa de asistencia al sistema educativo del 89 por ciento, mientras entre aquellas que trabajan en sus hogares solamente llega al 68 por ciento.

El sistema de protección social, en particular a través de la AUH, no termina de solucionar este fenómeno que penaliza a las niñas y adolescentes porque el trabajo doméstico intenso responde, pese a los avances implementados en los últimos años en la definición de un Plan y una Estrategia Nacional de Primera Infancia, a la falta de un sistema público de cuidado con mayor cobertura y a normas sociales que refuerzan los roles tradicionales de género. 

En relación con las políticas de erradicación del trabajo infantil, desde 2006 se han implementado tres planes nacionales, una Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente y numerosas iniciativas nacionales y provinciales. 

Para erradicar este núcleo duro de trabajo infantil todavía se requiere de planes que no sean solamente declarativos, sino que se traduzcan en respuestas concretas de políticas y financiamiento.

Se deben reforzar los mecanismos de articulación de políticas a nivel nacional y provincial, así co-mo los mecanismos de regulación, y finalmente, en un contexto de elevada pobreza donde las cifras del trabajo infantil pueden verse afectadas, generar mecanismos en el sistema de protección social para sustituir los ingresos generados por el trabajo infantil a través de transferencias monetarias.



* Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef.

Sebastián Waisgrais * Economista


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