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Le piden a la Justicia porteña que resuelva en la intervención a Vicentin

El Gobierno opina que el juez de Reconquista tiene que seguir sólo con la convocatoria de acreedores, pero no participar de la medida del PEN.

El gobierno nacional pidió ayer a la Justicia porteña resolver sobre la intervención de la cerealera Vicentin y calificó de "arbitrario" el fallo del magistrado de Santa Fe, quien tramita la convocatoria de acreedores de la compañía e impidió aplicar esa disposición gubernamental.

El Ejecutivo nacional pidió que el caso sobre la intervención de la compañía pase al fuero Contencioso Federal de Buenos Aires y que allí se dirima la cuestión.

De este modo, sin quitarle al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, el proceso de convocatoria de acreedores de la cerealera, el gobierno de Alberto Fernández pretende que la Justicia porteña habilite el decreto presidencial que dispuso la intervención pero nunca llegó a efectivizarse.

Cuestionan a Lorenzini

El cuestionamiento está dirigido hacia la resolución adoptada por Lorenzini el 19 de junio último, por la cual no se expidió sobre la supuesta inconstitucionalidad de ese decreto pues se declaró incompetente, pero ordenó restituir al directorio y mantener sólo como veedores a los funcionarios nombrados por el gobierno nacional.

El magistrado dijo que carecía de competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de Fernández, pedido que había sido formulado por uno de los acreedores de la compañía.

La presentación fue hecha ante la jueza María Alejandra Biotti, que giró el caso al fiscal Fabián Canda para que opine sobre la habilitación de la feria y si es viable o no el pedido del Gobierno.

"Si el magistrado del concurso se declaró incompetente para entender en la demanda de inconstitucionalidad va de suyo que también lo es para atender la petición cautelar", indicó.

Sostuvo que "lo incoherente, contradictorio y arbitrario de su decisorio radica también en que, aun cuando se declaró incompetente para tratar la inconstitucionalidad el acto impugnado, lo cierto es que igualmente lo hizo al privar apresurada e infundadamente de efectos al DNU N° 522/20 -una norma, se reitera, de rango legal- sin dar lugar a la bilateralización y defensa del Estado Nacional", explicó el Ejecutivo en la presentación.

Lo que busca el Poder Ejecutivo Nacional es la inhibitoria por parte del juez de Reconquista, quien dictó la medida cautelar pero paralelamente se declaró incompetente para resolver el pedido de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Gobierno.

"Lo más grave es que el magistrado interviniente soslayó que el DNU, como tal, es ley en sentido material y goza de presunción de constitucionalidad", sostuvo el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Antes de las presidenciales

Un mes antes de las elecciones presidenciales de 2019, el Banco de la Nación le otorgó créditos por casi 62 millones de dólares a la endeudada compañía Vicentin.

Ese préstamo -equivalente a poco más de 3.600 millones de pesos al tipo de cambio oficial de la época ($ 59)- se desembolsó en pocos días.

En agosto de 2019, el Nación -presidido entonces por Javier González Fraga- ya le había prestado 18.000 millones de pesos a Vicentin (unos 400 millones de dólares si se toma una cotización estimada en $ 44 en aquellos tiempos). El 11 de ese mes (el dólar ya estaba en $ 53), Alberto Fernández le ganó las elecciones primarias a Mauricio Macri por una diferencia de 8 puntos, y el 19 (con la divisa a casi $ 55), Vicentin incumplió su primer pago con el banco, situación que se repitió en septiembre (dólar a $ 57) y los meses siguientes.

Finalmente, entre el 8 y el 15 de noviembre últimos, en apenas una semana, el banco la volvió a financiar por 61,6 millones de dólares.