Opinión | Vicentin | Gabriel Delgado | Alberto Fernández

Sin festejos ni aplausos, Vicentin fue un fracaso

El Presidente reconoció primero un error de cálculo al admitir que esperaba celebración por parte de los argentinos tras el anuncio de intervenir la cerealera. Finalmente, y tras el derrumbe del "plan Perotti", Fernández anunció la derogación del DNU

Gabriel Delgado todavía debe estar reprochándose por qué aceptó, aún convaleciente en aquel momento, el rol que el Gobierno le asignó desde Casa Rosada para intervenir la cerealera exportadora Vicentin. De gran prestigio y reconocimiento incluso de parte de la dirigencia que integra la gremial nacional del campo, Delgado es un técnico de gran trayectoria que acompañó desde la Secretaría de Agricultura la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y siempre fue el puente que quedó sin cortar con la Mesa de Enlace. Cuando Alberto Fernández ganó las elecciones y comenzó la danza de nombres para la cartera agropecuaria, Delgado sonó con fuerza hasta que finalmente, y por impulso del gobernador de Formosa Gildo Insfrán, la balanza se inclinó hacia el lado del diputado nacional Luis Basterra.

De todos modos, Delgado quedó en reserva y cada tanto aparecía como opción hasta que llegó el sorpresivo anuncio de Vicentin que encabezó el presidente Fernández y que sumó en la mesa también a quien se presentó como una de las ideólogas, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Se resolvió primero la intervención de la empresa cerealera y se anunció el envío al Congreso de un proyecto para su expropiación. Lo primero tuvo algunos inconvenientes en el inicio por la resistencia de sectores de la comunidad de Avellaneda, en el norte santafesino, donde la empresa tiene su raíz; mientras que lo segundo nunca se logró concretar porque el oficialismo no contaba con los números necesarios para avanzar y además ponía en jaque a varios gobernadores con los que viene tejiendo lentamente una mejor relación, como los casos de Juan Schiaretti y Omar Perotti. Este último intentó tirar un salvavidas y buscar un canal que evite el colapso, pero finalmente al promediar la semana pasada el gobernador santafesino se retiró de la mesa de negociación ante la imposibilidad de avanzar en un plan B. Eso precipitó el final. El Presidente terminó anunciando el viernes que daba de baja el DNU y confirmó así el fallido objetivo que se planteó el 8 de junio en aquella conferencia de prensa.

El prestigio de Delgado quedó en ese momento en medio de los errores del oficialismo que permitieron a la oposición encontrar un eje de cuestionamiento que hasta ahí no había tenido y sólo había navegado en un mar de dudas con escasa trascendencia. Fue un momento en el que no sólo permitió aglutinar a distintos actores de la oposición, sino que además les permitió mostrarse en distintos puntos del país con manifestaciones en contra de la intervención y la expropiación de Vicentin. Y por si fuera poco, además de abroquelar a la oposición, generó fisuras puertas adentro la decisión que fue, como casi todo en el gobierno nacional, lanzada por el Presidente en un protagonismo desgastante. Aquella conferencia con Fernández a la cabeza será uno de los mojones de su gestión.

Mientras tanto, en paralelo, la empresa Vicentin deberá dar un sinfín de respuestas, especialmente a partir de los jugosos créditos obtenidos durante la gestión de Mauricio Macri, y en particular en los últimos meses antes del cambio de gobierno. Por eso, la Justicia tiene un doble objetivo en estos momentos: en Avellaneda, Santa Fe, avanza el concurso y la resolución de las abultadas deudas que la cerealera acumuló con productores, acopiadores y cooperativas por los granos que le entregaron y nunca cobraron; pero por el otro lado, en Buenos Aires se sustancia “la ruta del dinero del Banco Nación”.

De hecho eso no sólo se realiza puertas adentro del país y por los acreedores locales, sino que desde afuera también están pendientes de los manejos de la empresa. Según se conoció en las últimas semanas, bancos internacionales acreedores de Vicentin estimaron que sus directivos desviaron US$ 400 millones como parte de las “grandes irregularidades financieras” que denunciaron en el proceso judicial que se sustancia en la Justicia de Nueva York y por lo cual reclamaron documentación a la compañía.

Los bancos, entre ellos Rabobank, Credit Agricole, ING e International Finance Corp., brazo privado de préstamos del Banco Mundial, solicitaron a la Justicia copias de las transferencias bancarias entre Vicentin y varias empresas relacionadas, publicó la agencia Bloomberg.

“Los demandantes dicen que no pueden entender cómo Vicentin pasó de informar finanzas saludables a mediados de 2019 a colapsar meses después, en diciembre, y entrar en default por la suma de $ 99,3 mil millones de deuda a proveedores y acreedores agrícolas”, remarcó la agencia.

A partir de ahora será la Justicia, en sus dos vertientes, la que deberá resolver el futuro de Vicentin. El Presidente destacó este fin de semana que “el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”; y luego cargó contra el juez de la causa del concurso al considerar que “no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”.

Más allá de las quejas que buscaron cerrar el intento de desembarco del Estado en Vicentin para recortar el impacto negativo, fue todo costo para el Gobierno y nada en el otro platillo a su favor.

Ahora busca dejar atrás eso y tiende puentes con la agroindustria. Lo hizo primero con Sergio Massa y el Consejo Agroindustrial Argentino y luego fue Cristina la que recibió a los representantes de ese flamante armado empresarial del sector más competitivo del país. Un camino que promete menos espinas y, si las condiciones ayudan, por allí más rosas como balance final.