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Alertan sobre los casos de violencia institucional de todo el país en la pandemia

Desde Amnistía Internacional Argentina difundieron un relevamiento con hechos de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad y solicitaron que el cuidado de las medidas de aislamiento no se lleve a cabo atentando contra los derechos humanos

Desde Amnistía Internacional Argentina alertaron sobre un marcado aumento de violencia institucional durante la pandemia en todo el territorio nacional. En un informe difundido ayer desde el ente, destacaron que han contabilizado numerosos hechos de violencia y uso abusivo de la fuerza por los organismos encargados de la seguridad en todo el país. “Se difundieron públicamente imágenes, videos y testimonios de personas que fueron víctimas de malos tratos, tratos degradantes, amenazas, abuso, del uso excesivo de la fuerza e, incluso, el asesinato por parte de miembros de diferentes fuerzas de seguridad”, indicaron en su relevamiento, y consideraron que “algunos de esos casos se vinculan directamente con las medidas de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

En este estudio, Amnistía Internacional da cuenta de un relevamiento de más de 30 hechos de violencia institucional, incluyendo el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán o la violencia desatada contra la comunidad qom en Fontana, en Chaco, y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, desde el reconocido organismo solicitaron que las fuerzas se abstengan de “aplicar coercitivamente las medidas de aislamiento y de otorgar poderes adicionales a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para hacer cumplir las medidas de aislamiento”.

En su informe, desde Amnistía Internacional reconocieron la necesidad de extremar los cuidados en la vía pública para que se respete el aislamiento y así evitar los contagios. No obstante, señalaron que el orden y la seguridad no deberían contraponerse con los derechos humanos. “Dadas las restricciones a la libertad de circulación, los investigadores de Amnistía Internacional no pudieron llevar a cabo misiones sobre el terreno para recoger datos relativos a la aplicación de las medidas de bloqueo. Sin embargo, se realizaron entrevistas telefónicas con organizaciones de la sociedad civil, defensores oficiales, abogados y víctimas”, indicaron, y agregaron que se realizaron “solicitudes de acceso a la información pública y relevar noticias, imágenes y videos difundidos públicamente”.

El estudio da cuenta de que, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas de seguridad debe ser usado como último recurso y cumplir las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia de derechos humanos. “Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (en adelante, “Principios Básicos”) establecen específicamente al menos 4 requisitos que debe cumplir el uso de la fuerza para que pueda considerarse legítima: los principios de Legalidad; Necesidad; Proporcionalidad, y la Rendición de cuentas”, aclararon.

A partir del decreto por el que se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las diferentes jurisdicciones provinciales tienen a cargo los agentes encargados de velar por el cumplimiento de la normativa. En este sentido, desde Amnistía Internacional consideraron que, si bien estas fuerzas deben siempre cuidar el respeto por los derechos humanos de las personas, “las medidas de seguridad por la Covid-19 no son excusa para un uso excesivo de la fuerza”, indicaron y aseguraron que entre los datos oficiales se describió que según el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre el 20 de marzo y el 4 de mayo realizaron 10.887 detenciones en todo el país, en el contexto de control del aislamiento social. Además, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires habría realizado 1.192 detenciones entre el 20 de marzo y el 8 de mayo, y la de provincia de Santa Fe habría detenido a 21.478 personas entre el 20 de marzo al 27 de abril.

Entre los datos brindados por provincias, el relevamiento también dio cuenta de que en la provincia de Chubut se detuvo a 6.419 personas, entre el 20 de marzo y 19 de mayo, y en Córdoba la Policía habría detenido a 17.214 personas hasta el 27 de abril.

Hechos graves

El relevamiento de Amnistía Internacional da cuenta de los casos ocurridos en todas las provincias de manera muy detallada, como es el caso de Chubut, donde se difundieron públicamente imágenes, videos y testimonios de personas que habrían sido víctimas de malos tratos y posibles vejaciones, detenciones arbitrarias y del uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, e incluso se tomó conocimiento de que una persona que ya estaba siendo detenida fue herida por una bala de goma.

“Algunas personas fueron detenidas sin que se les hubiera permitido brindar explicaciones y mostrar la certificación correspondiente que justificaba su circulación. De acuerdo con la información brindada por la Defensoría General de la Provincia de Chubut, entre el 20 de marzo y el 16 de abril se han recabado al menos 23 casos de detenciones desproporcionadas o irrazonables y 17 casos de violencia y malos tratos”, sostuvieron desde Amnistía Internacional, mientras que indicaron que en Chaco los casos de mayor gravedad se dieron contra miembros del pueblo indígena qom.

“La madrugada del domingo 31 de mayo, un grupo de policías de la provincia ingresó violentamente y sin orden de allanamiento a tres domicilios en el Barrio Banderas Argentinas en la localidad de Fontana, provincia de Chaco. De la causa surge que efectivos ingresaron violentamente a las casas y que se llevaron detenidos a Alejandro Saravia, Daiana Celeste Fernández (de 16 años), Cristian Fernández y Rebeca Garay, mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y golpes con armas de fuego, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena”, recuerda el informe, y se da cuenta de que fueron trasladados a la Comisaría Tercera de Fontana, “donde continuaron los insultos, amenazas de muerte y agresiones, malos tratos, torturas, e incluso una de las jóvenes denunció abuso sexual por parte de los agentes policiales”.

Respecto de los hechos vinculados a La Pampa, la ONG incluye aquellos en los que resultó víctima Sebastián Britos, quien recibió impactos de bala de goma cuando salió de su casa en el barrio Malvinas de la ciudad de General Pico para comprar pan. “Según el relato de su esposa, cuando estaba volviendo observó a un agente federal del grupo Geo parado a unos metros de distancia, quien, sin dar voz de alto o detenerlo, le apunta y dispara”, señala el informe.

Sobre Córdoba, en tanto, se hace referencia al video viralizado que muestra cómo un policía efectuó un disparo por la espalda a un joven que acababa de escapársele en un control callejero y “se escucha a otro policía decir ‘Tirale, matalo’”, en relación a los hechos que tuvieron lugar el 27 de marzo en el Barrio La Brigada en Bell Ville.

En Buenos Aires, ciudad y provincia, tiene la mayor cantidad de casos, y el informe da cuenta de algunos como los ocurridos el 26 de marzo, cuando policías de la Policía de la provincia detuvieron a 7 hombres en el barrio San Alberto, en Isidro Casanova, en La Matanza, y los obligaron a hacer flexiones de brazos y sentadillas durante los controles para verificar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. De la ciudad se incluyeron hechos como el ocurrido el 3 de abril, cuando un efectivo agredió a una persona que se encontraba en situación de calle, empujándolo contra la persiana de un local. “Amnistía Internacional solicitó información al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires respondiendo que los hechos se encuentran en etapa investigativa, sin indicar si los agentes involucrados continúan en funciones”, dice el informe.

Finalmente, sobre Tucumán se mencionan los hechos en los que Roxana Monteros denunció abuso sexual, agresiones y uso abusivo de la fuerza. “El 24 de junio, un policía abrió la puerta de una patada. Tres oficiales entraron y muchos más se quedaron afuera, además había cinco camionetas estacionadas. Señaló que de todos los agentes que ingresaron, sólo uno tenía uniforme”, indicaron y relataron: “Se llevaron a su marido a los golpes. Roxana denunció que la agarraron de los pelos dentro de su habitación, la tiraron al suelo, la patearon entre tres agentes y abusaron sexualmente. Amnistía Internacional solicitó información a las autoridades provinciales sobre las medidas que se tomaron para investigar lo sucedido”.

Violencia extrema

A estos hechos relevados Amnistía Internacional les suma en su trabajo diversos casos de la violencia institucional más preocupante y extrema que se dieron en nuestro país: el asesinato y la desaparición forzada como método policial para garantizar el encubrimiento y evitar investigaciones sobre abusos y otras formas de violencia de las fuerzas de seguridad. “Amnistía Internacional ha relevado 6 casos en los que las fuerzas de seguridad estarían involucradas en el asesinato y/o desaparición de personas durante los últimos cuatro meses”, indicaron, y mencionaron los casos de: Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires; de Luis Espinoza en Tucumán; de Mauro Coronel en Santiago del Estero; de Walter Cefernino Nadal en Tucumán; de Lucas Nahuel Verón en Buenos Aires, y de Facundo Scalzo en Buenos Aires.

Ante todo lo relevado, Amnistía Internacional considera que “el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente, mencionadas en este documento”. Y agrega: “El ejercicio de las atribuciones otorgadas a las fuerzas de seguridad debe ser siempre en el marco del respeto y protección de la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, y que dicho ejercicio debe estar acompañado de una debida rendición de cuentas de sus acciones”.

Ente sus recomendaciones, además de la necesidad de abstenerse de otorgar poderes adicionales a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Amnistía Internacional considera que “la aplicación coercitiva de medidas para proteger la salud pública debe considerarse sólo como último recurso”, y que “los Estados deberían evitar el uso de sanciones penales para hacer cumplir las medidas de encierro y evitar la ejecución de penas de prisión por infringir las medidas de encierro”.

Finalmente, el documento presentado ayer sostiene que “las fuerzas de seguridad deben recurrir a la fuerza cuando ello sea necesario, proporcionado y en cumplimiento de un objetivo legítimo”, y concluye: “La aplicación de las disposiciones de aislamiento sólo requerirá en algún momento el uso mínimo de la fuerza, ya que un uso significativo de la fuerza no será proporcionado. La aplicación coercitiva de las medidas de aislamiento social debe ser en todo caso una medida de último recurso”.