Los industriales de Córdoba elevaron la voz ayer al plantear fuertes críticas sobre las últimas medidas anunciadas por el Gobierno referidas al bono de 5 mil pesos de fin de año y también la obligación de informar con 10 días de anticipación un despido en las empresas.
Los directivos de la Unión Industrial de Córdoba advirtieron ayer que comparten la idea de reforzar los ingresos devaluados de los trabajadores “pero el tema es cómo se lo hace, porque hay muchas empresas que están atravesando muchas dificultades en un cierre de año en el que se suman aguinaldos y vacaciones junto a una caída estacional de actividad”, dijeron.
“En marzo comenzamos a medir el nivel de actividad y de expectativas a futuro y lo que vemos es que mes a mes fueron cayendo. Se fue profundizando. La debilidad económica es grande. Y en ese contexto se define el bono, que conceptualmente compartimos porque no se puede discutir que los trabajadores perdieron poder adquisitivo. Eso está fuera de discusión. El tema es la capacidad de pagarlos de muchas pymes que están atravesando un momento muy crítico”, destacó a Puntal Marcelo Uribarren, presidente de la UIC.
“Cuando uno saca un decreto obligan a hacerlo. Si es así quienes no puedan afrontarlo genuinamente tratará de sacar el dinero de algún lado, pero la cuestión es que se agrava así la situación tan difícil que tienen las empresas”, agregó el directivo empresario.
Para Uribarren, “podría haberse financiado en 12 cuotas sin interés, a cuenta de impuestos, de alguna forma en la que no les carguen más inconvenientes a las empresas que ya los tiene de por sí”.
En ese sentido, agregó que recurrir a los bancos y “tomar dinero al 70% u 80% para pagar el bono es una locura”.
¿Qué piensan de la obligación de informar los despidos con anticipación?
Tenemos mucha preocupación porque una pyme no despide como si fuese una variable de gestión. Se toma esa decisión como última opción porque un despido es la pérdida de capacitación, de know how, de grupo humano. Se lo hace cuando no se tiene alternativa para salvar al conjunto o a la empresa. Pero plantear imposibilidades en ese punto no nos parece justo para nada. Hemos visto políticas de este tipo y estamos convencidos de que las soluciones reales no pasan por acá. Hay que generar riqueza, trabajar cada vez más, vender, para que la rueda se mueva. Y esto no va en ese sentido.
En un comunicado, la UIC apuntó contra la finalidad política de la medida del Gobierno al considerar que “sólo se pretende evitar los costos políticos de eventuales acciones sindicales, pero nuevamente a cargo del sector privado y eso no aporta soluciones de fondo a las actuales circunstancias que atraviesa el país”, indicó.
Y por último, destacó que “quienes proveen las fuentes de trabajo están insertos en idéntica problemática, sumado a la desmesurada presión impositiva, la caída de la actividad, el aumento de los derechos de exportación, las altas tasas de interés, entre otros factores”, finalizó.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal.
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“En marzo comenzamos a medir el nivel de actividad y de expectativas a futuro y lo que vemos es que mes a mes fueron cayendo. Se fue profundizando. La debilidad económica es grande. Y en ese contexto se define el bono, que conceptualmente compartimos porque no se puede discutir que los trabajadores perdieron poder adquisitivo. Eso está fuera de discusión. El tema es la capacidad de pagarlos de muchas pymes que están atravesando un momento muy crítico”, destacó a Puntal Marcelo Uribarren, presidente de la UIC.
“Cuando uno saca un decreto obligan a hacerlo. Si es así quienes no puedan afrontarlo genuinamente tratará de sacar el dinero de algún lado, pero la cuestión es que se agrava así la situación tan difícil que tienen las empresas”, agregó el directivo empresario.
Para Uribarren, “podría haberse financiado en 12 cuotas sin interés, a cuenta de impuestos, de alguna forma en la que no les carguen más inconvenientes a las empresas que ya los tiene de por sí”.
En ese sentido, agregó que recurrir a los bancos y “tomar dinero al 70% u 80% para pagar el bono es una locura”.
¿Qué piensan de la obligación de informar los despidos con anticipación?
Tenemos mucha preocupación porque una pyme no despide como si fuese una variable de gestión. Se toma esa decisión como última opción porque un despido es la pérdida de capacitación, de know how, de grupo humano. Se lo hace cuando no se tiene alternativa para salvar al conjunto o a la empresa. Pero plantear imposibilidades en ese punto no nos parece justo para nada. Hemos visto políticas de este tipo y estamos convencidos de que las soluciones reales no pasan por acá. Hay que generar riqueza, trabajar cada vez más, vender, para que la rueda se mueva. Y esto no va en ese sentido.
En un comunicado, la UIC apuntó contra la finalidad política de la medida del Gobierno al considerar que “sólo se pretende evitar los costos políticos de eventuales acciones sindicales, pero nuevamente a cargo del sector privado y eso no aporta soluciones de fondo a las actuales circunstancias que atraviesa el país”, indicó.
Y por último, destacó que “quienes proveen las fuentes de trabajo están insertos en idéntica problemática, sumado a la desmesurada presión impositiva, la caída de la actividad, el aumento de los derechos de exportación, las altas tasas de interés, entre otros factores”, finalizó.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal.