El martes 17 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia (TSJ) dispuso un receso extraordinario por “razones sanitarias”: para reducir lo más posible la propagación del Covid-19.
Pasó poco más de un mes y la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba (FECACOR), ente compuesto por once Colegios (entre los que se encuentra el de Villa María), emitió un comunicado: le solicitó al TSJ, presidido por María Marta Cáceres de Bollati, que se termine el receso porque “en un Estado de derecho es inaceptable” que el Poder Judicial esté funcionando “en una mínima expresión”. Se lo pidieron porque —consideran— hoy el “servicio de justicia” no se garantiza.
“Entendemos que entre el bien jurídico salud y el bien jurídico acceso a la justicia debe buscarse su equilibrio y garantizarse a toda la ciudadanía el acceso a los tribunales de justicia”, se lee en el primer párrafo de la nota. El argumento —explican— reside en hacer efectiva la tutela de los derechos en un “tiempo razonable”.
Seguidamente, en el texto, piden que las actividades reinicien el próximo lunes 27 de abril o, en su defecto, el lunes 4 de mayo, con todos los “recaudos de seguridad sanitarios”.
En otro de los pasajes de la nota se insiste en que el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado no puede devenir en inactividad judicial. Insisten en la importancia de un “Estado democrático” donde funcionen los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Protocolo sanitario
Por otra parte, en el comunicado aclararon que la habilitación debe ser consecuente con un protocolo sanitario y, al respecto, propusieron una serie de puntos:
a) El teletrabajo debe hacerse efectivo para quienes integren grupos de riesgo.
b) Que sea obligatorio el uso de barbijo para todos mientras se compartan espacios comunes.
c) Las esperas en barandilla deben ser ordenadas y respetarse el distanciamiento social (un metro y medio).
d) Habilitar durante la duración de la emergencia sanitaria una o más mesas (únicas) de entrada por cada sede (dependiendo el tamaño de cada edificio), en la cual, respetando las medidas preventivas de uso de barbijos y distanciamiento social, se realicen todas las devoluciones de expedientes papel y se presenten todos los escritos relacionados a ese tipo de expedientes.
e) Sugerir a empleados y funcionarios evacuar consultas telefónicas referidas a causas. Hacerlo también a través de otros medios como correos o vía WhatsApp, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en el palacio tribunalicio.
f) Suspender las audiencias presenciales en las salas de Tribunales y favorecer la utilización de herramientas virtuales. Sólo se recomendará realizar aquellos debates impostergables.
g) Sustituir la necesidad de compulsa de la documentación adjuntada en los expedientes electrónicos por una declaración jurada hecha por el abogado presentante, con firma electrónica.
h) Dotar a cada sede de autonomía para acondicionar el protocolo a sus necesidades.