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Aborto legal en Jujuy: “Se generó una maniobra dilatoria”

Una de las médicas que siguió el caso, objetó la decisión del ministro de Salud de dilatar la interrupción legal del embarazo. Argumentó que la Provincia tiene un protocolo de actuación que no se cumplió

Elena Meyer, médica integrante del Equipo de Consejerías en Salud Sexual e Integral del Ministerio de Salud e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, explicó a Puntal que el método utilizado en la interrupción legal del embarazo en el caso de la niña jujeña fue el que estaba al alcance, dado el momento en que se tomó la decisión.

“Teniendo en cuenta cómo se fue dando la decisión, en el momento de intervenir ya no era mucha la chance de hacer otra cosa. Hablando de la experiencia de la provincia, se hicieron otras intervenciones por vía baja, como tiene que ser, en embarazos de 23 o 24 semanas. Pero los compañeros se metieron en ese brete (la realización de la cesárea) porque querían defender los derechos de la niñez”, explicó.

“Lo ideal hubiese sido que la intervención se realizara el mismo  viernes cuando la niña entró al hospital de San Pedro, y el embarazo cursaba las 24 semanas, que es lo máximo para decir que no hay viabilidad fetal”, añadió.

Sin embargo, como en el centro de salud no le dieron respuesta, la madre de la niña abusada decidió salir a hablar a los medios para encontrar una solución.

“El lunes nos enteramos por un mensaje del ministro de Salud, Gustavo Bohuid, de que la madre pedía ILE y nadie la daba respuesta. Nosotros tenemos un protocolo en la Provincia para embarazos de menores de 15 años, que establece los pasos que se tienen que cumplir, pero no se siguió en el hospital de San Pedro y ahí es cuando la madre decide salir a los medios”, relató la especialista. 

“El ministro decidió que se derive de San Pedro a capital, pensando en la viabilidad de este feto al nacer, y al día siguiente reunió al equipo de salud y se resolvió hacer la cesárea y la maduración del feto”, indicó Meyer.   

Finalmente, le dieron la posibilidad a los médicos de intervenir quirúrgicamente el viernes pasado a las 8 de la mañana.

“La nena llegó a un hospital en el que hay un sólo profesional disponible, pero se hacen intervenciones de mujeres. Si uno ponía los equipos y los articulaba y se ponía todo a disposición, se podría haber resuelto en ese lugar”, opinó. 

“En cambio, la niña estuvo una semana recostada en la cama, esperando que decidieran por sus derechos”, indicó la médica. “Ellos tenían la convicción de que querían que el feto viva. Cuando uno madura un feto, no se puede hablar de aborto”, añadió.

Demora en la resolución

“Por decisión del ministro de Salud jujeño, Gustavo Bohuid, el caso fue derivado a un hospital de  San Salvador de Jujuy. Esta fue la primera dilación, ya que el aborto se podría haber resuelto en San Pedro”, remarcó la médica. 

Además, en esa ventana temporal, abogados de organizaciones Provida presentaron recursos de amparo para frenar la interrupción, activistas se llegaron a la maternidad a rezar, y un obispo jujeño envió una carta pidiendo una resolución a favor de las dos vidas.

-¿Cuál es  el estado de salud de la niña?

-Le hicieron micro cesárea, una cirugía muy chiquita, muy cuidada, porque acá era prioridad la madre. Salió todo bien. La madre de la nena estuvo en el quirófano, siempre muy segura de lo que hacía. La mujer está acompañada por la Red de Abogadas Feministas.

-¿Qué se podría haber hecho?

-Si hubieran cumplido el protocolo, lo que podríamos haber ofrecido es una interrupción legal por vía baja, que es medicamentosa, es una ILE, no es parto. Se hace con medicamentos y se expulsa el feto, con buena analgesia, cuidada. Se podría haber realizado en San Pedro. En casos de embarazos avanzados, se podría haber realizado una lisis fetal, que es cuando se produce la muerte del feto antes que salga. Porque, la prioridad de derechos que establece el código penal es la de priorizar el derecho de la niña que ha sido violada.

Entonces cuando se decide hacer la cesárea empezó la vulneración de derechos. Estábamos en un contexto adecuado para poder resolverlo, los profesionales que estaban disponibles, en los equipos de consejería, pudieron intervenir pero lo fueron dilatando.

-¿Por qué cree que intervino el ministro en este caso?

-Según el protocolo, el director y el jefe de servicios tendrían que haber intervenido en el hospital de San Pedro y en la maternidad de San Salvador, la jefa. Yo creo que el ministro intervino por sus convicciones personales. La niña pudo decir que estaba siendo abusada por una persona, que está detenida, y ella y su madre querían que se realizara un aborto. El ministro se entera por los medios y ahí manda un mensaje de que hay que resolverlo. Pero después empezaron a operar otros.

-¿Cómo seguirá este caso?

-Está el tema legal y la protección del derecho de la niña. Participó la Secretaría de Niñez de la provincia y la Defensoría penal, donde hicieron una presentación solicitando que se respeten derechos de esa niña y habrá que ver cómo esta madre sostiene el pedido con las abogadas que la acompañan. Hay que ver hasta dónde quiere seguir sosteniendo que se resarza el estado con su hija,  porque ella, a pesar de que son humildes, todo el tiempo hablaba de sus derechos y nunca se doblegó; en cuanto a lo jurídico, no hay un plazo determinado para solicitar una interrupción legal del embarazo, si es por causales.

Jujuy aprobó en 2018 su protocolo de ILE

La provincia de Jujuy aprobó el año pasado el Protocolo para la atención del embarazo en adolescentes menores de 15 años. En los casos de embarazos productos de abuso sexual “los equipos de salud deben garantizar una atención adecuada, evaluar las diferentes alternativas que surjan de un adecuado diagnóstico situacional, ofrecer la contención y protección adecuada y explicar claramente cuáles son sus derechos y opciones. En el caso en que la adolescente solicite una interrupción legal, el equipo deberá garantizársela”, establece la guía.

Además, en adhesión al protocolo nacional de aborto no punible ratifica que “no corresponde pedir autorización judicial para realizar ningún aborto; sólo un profesional de la salud debe intervenir;  no se requiere solicitar interconsultas o dictámenes adicionales y en todos los casos se debe respetar, en primer lugar, el derecho de las niñas y adolescentes a participar de forma significativa en la atención y en las decisiones” respecto a la práctica.



Magdalena Bagliardelli.  Redacción Puntal

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