En declaraciones radiales, el titular de la IGJ, Daniel Vitolo, sostuvo que la asociación que conduce Claudio “Chiqui” Tapia “no puede efectivizar” su cambio de jurisdicción hacia la provincia de Buenos Aires porque todavía no cumplió con los requisitos legales, entre ellos la actualización del estatuto y su validación judicial.
Vitolo enfatizó que el organismo detectó inconsistencias contables durante ocho años consecutivos, además de gastos relevantes que no fueron debidamente informados. Entre ellos se destacan pagos a futbolistas, erogaciones en alojamientos, desembolsos en FIFA y CONMEBOL, y movimientos por 111 millones de dólares cuya trazabilidad sigue siendo motivo de análisis.
El funcionario también hizo referencia a investigaciones en curso vinculadas a presuntas maniobras de lavado de activos, incluidas causas que mencionan a la financiera Sur Finanzas y propiedades vinculadas a dirigentes del fútbol argentino.
Otro punto bajo revisión es la Superliga, que según Vitolo “debe aclarar el destino de 348 millones de dólares”, ya que su estructura podría desvirtuarse si funciona exclusivamente para comercializar derechos audiovisuales.
Frente a este escenario, el titular de la IGJ remarcó que la entidad deportiva continúa obligada a responder requerimientos oficiales. “No podemos aprobar los estados contables si no informan lo que recibió cada club”, advirtió. Y concluyó que, pese a las especulaciones, no está previsto ningún proceso de intervención, aunque el control del organismo se mantiene activo.
