En uno de los ejes centrales de su discurso, el presidente Alberto Fernández brindó ayer detalles de la reforma que impulsa su gestión para "reordenar la Justicia Federal", que apunta a terminar con "la construcción de falsas causas, la arbitrariedad de detenciones y la discrecionalidad".
El primer mandatario explicó que habrá un reordenamiento de los tribunales del país, se fusionarán distintos fueros y se hará una redistribución de competencias.
El Presidente aseguró que con estas reformas "los delitos contra la administración pública en que incurran los funcionarios del Estado nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados".
Además, Fernández llamó a "terminar para siempre con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de jueces federales ha permitido".
En tanto, remarcó la necesidad de "impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, la construcción de falsas causas, que acabe la arbitrariedad en materia de detenciones e impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del Derecho".
"Vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré: ponerle fin a la designación de jueces amigos y a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza", enfatizó Fernández.
Y agregó: "Debemos optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema, repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura, instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional, modernizar el Código Penal y fortalecer el rol del Ministerio Público".
Sólo dos ministros de la Corte Suprema asistieron al discurso del primer mandatario: el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, y la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco.
Las palabras del primer mandatario se dieron en un marco de fuerte conflicto con el Poder Judicial, luego de que el Poder Ejecutivo avanzara -con la media sanción de Diputados- en la reforma de las jubilaciones del Poder Judicial y los diplomáticos.
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El Presidente aseguró que con estas reformas "los delitos contra la administración pública en que incurran los funcionarios del Estado nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados".
Además, Fernández llamó a "terminar para siempre con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de jueces federales ha permitido".
En tanto, remarcó la necesidad de "impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, la construcción de falsas causas, que acabe la arbitrariedad en materia de detenciones e impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del Derecho".
"Vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré: ponerle fin a la designación de jueces amigos y a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza", enfatizó Fernández.
Y agregó: "Debemos optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema, repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura, instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional, modernizar el Código Penal y fortalecer el rol del Ministerio Público".
Sólo dos ministros de la Corte Suprema asistieron al discurso del primer mandatario: el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, y la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco.
Las palabras del primer mandatario se dieron en un marco de fuerte conflicto con el Poder Judicial, luego de que el Poder Ejecutivo avanzara -con la media sanción de Diputados- en la reforma de las jubilaciones del Poder Judicial y los diplomáticos.