El secretario de Seguridad de la Provincia, el riocuartense Alfonso Mosquera, fue contundente al asegurar que el gobierno provincial tiene “un compromiso de hierro con la investigación de las causas de narcocriminalidad y crimen organizado.” “Y vamos a estar al lado de las investigaciones que lleven adelante jueces y fiscales para llegar a fondo y poder de una vez contribuir para la erradicación de este verdadero flegelo que tiene el país”, dijo el funcionario en declaraciones a Puntal, y en medio de la causa de narcolavado que lleva adelante el juez federal Carlos Ochoa.
Pero además, el secretario de Seguridad analizó la ola de violencia que caracterizó el arranque del año en los barrios de la ciudad y destacó que hasta el año pasado, las estadísticas oficiales de la Nación ubicaban a Río Cuarto como una de las ciudades con menor registro de homicidios dolosos. “Según los índices 2018 publicados por el Sistema Nacional de Información Criminal (Snic) que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, Río Cuarto tiene una tasa muy contenida en materia de homicidios dolosos. Esa tasa, insisto que para el 2018, fue de 4 por cada 100 mil habitantes, cuando el país tiene una tasa media de 5,5 casos”, remarcó Mosquera.
En el mismo sentido señaló que hay lugares paradigmáticos como Rosario que tienen 16 casos de homicidios dolosos registrados el año pasado por cada 100 mil habitantes. “Es para contextualizar que Río Cuarto está dentro de las ciudades que por su densidad demográfica tiene una de las tasas más bajas del país”, indicó el funcionario.
-¿Y esta seguidilla de casos orurridos en el arranque del año?
-Esta seguidilla de hechos ocurridos en estos 40 días, que son homicidios dolosos fueron fundamentalmente circunscriptos a relaciones interpersonales y no como productos de casos de inseguridad, sino como producto de violencia urbana. No estamos hablando que ante una situación de sustracción de un automotor hay un disparo y termina con una víctima fatal; o lo conocido como motochorros. Estos homicidios han sido circunscriptos a la relación interpersonal, por riñas, todas personas conocidas entre ellas; ajustes de cuenta, resolución de diferendos interpersonales a través de métodos violentos, personas como en algunos casos que se encontraban consumiendo alcohol o estupefacientes y en algún momento de irracionalidad terminaron agrediéndose hasta provocarse la muerte. Estos casos, por supuesto que nos preocupan por la seguidilla con que ocurrieron, pero no forman parte de lo que nosotros tenemos tabulados y que se corresponden con violencia de inseguridad propiamente dicha. Y además, están todos esclarecidos y todos los autores puestos a disposición de la Justicia.
-¿Qué políticas se toman ante esta situación que describe?
-Ante este flagelo como es la violencia urbana tomamos la decisión de crear la Policía de proximidad, que es la Policía Barrial que está trabajando en Río Cuarto y que está creada para esto. Es pacificadora, socializa con el medio en el que se desempeña, e interviene en conflictos de orden familiar, de violencia de género, de diversas barras o bandas. Y es la herramienta que estamos utilizando para intervenir en territorios hostiles en los que se producen estas confrontaciones personales.
-¿Y el caso Torres?
-Al caso de Torres le tenemos que dar tratamiento por cuerdas separadas porque es un homicidio íntimamente vinculado con la narcocriminalidad y el crimen organizado. Tiene todas las características de ese tipo. Pero lejos de quedarnos inertes, cuando tomé conocimiento de las características del homicidio lo comuniqué al ministro de Gobierno y Seguridad, Juan Carlos Massei, quien se puso en contacto de inmediato con la ministra Patricia Bullrich. Luego, me entrevisté con el juez federal y con el fiscal Miralles. Porque la Justicia Federal lleva adelante la investigación de la causa del narcolavado y la Provincial el homicidio de Torres. Fui personalmente a hablar con los dos y a llevarles un mensaje institucional categórico. Nosotros estamos al servicio de la acción de la Justicia, poniendo a disposición todos los recursos logísticos, tecnológicos y humanos con que cuenta la Policía de la Provincia de Córdoba.
-¿Qué hablaron allí?
-A los dos funcionarios les dije lo mismo, que iba a verlos en mi condición de secretario de Seguridad para reafirmarles categóricamente que acá no hay apañamientos de ninguna naturaleza, ni mucho menos voluntad de encubrimiento. Nosotros no conocíamos la causa, ninguno de los dos expedientes porque la Constitución nos prohíbe arrogarnos el conocimiento de causas judiciales. Por esto no conocemos el tenor de las causas, pero les manifesté a los dos que en caso de que hubiera personal o funcionarios policiales mencionados, fueran hasta las últimas consecuencias y contaran con el respaldo institucional de la Provincia para llegar a lo más profundo de la investigación.
-¿Qué surgió de la comunicación de Massei y Bullrich?
-Cuando yo le comunico a Massei lo ocurrido en Río Cuarto con Torres, y el ministro se comunica con Bullrich es en virtud de que en su última visita el Presidente firma con el gobernador un convenio que refrendan los dos ministros de Seguridad, el fiscal general de la Provincia y el jefe de la Procuración Nacional Contra los delitos de Narcotráfico, creando la Unidad de Inteligencia de Narcocriminalidad. Este es el primer antecedente del país en el que una provincia pone a sus fuerzas de seguridad, como la Policía de la Provincia y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, para trabajar interinstitucionalmente y de manera coordinada con las fuerzas federales. Entonces, por la etiología del caso, debía intervenir rápidamente la Unidad de Inteligencia de Narcocriminalidad. Y esta unidad mantuvo contacto con los dos funcionarios judiciales, tanto con Carlos Ochoa como con Daniel Miralles.
-¿Hay un trabajo conjunto?
-Estas bandas tienen un enorme poder económico y desafían permanentemente a las instituciones del Estado de Derecho en Argentina y el mundo. Por lo tanto, las políticas deben ser políticas de Estado en las que estén involucrados todos los sectores. Y nunca para Córdoba ni para el gobierno nacional hubo grietas ni especulaciones políticas de ninguna naturaleza.
-¿Y con los hechos de violencia urbana?
-Previo a a ese acuerdo de narcocriminalidad, se firmó por parte de Massei y Bullrich la creación del Comando Unificado Córdoba, que no es para atender la narcocriminalidad, sino para coordinar acciones en materia de prevención de seguridad urbana y ciudadana. Hacen tareas preventivas mayormente en rutas y ya estuvieron en Río Cuarto. Y volverán a estar porque tienen un trabajo de rutina que alcanza a las ciudades más importantes de la provincia, como Córdoba, Río Cuarto, San Francisco, Carlos Paz y Villa María.
-¿No hay grietas o diferencias de criterios entonces?
-Yo no tengo ninguna duda de que a la gente le repugna que se haga política con esto. La narcocriminalidad, el crimen organizado, la inseguridad, son flagelos, fenómenos criminológicos y sociológicos que tienen sus raíces en las causas más profundas de las sociedades que tiene que ver con la exclusión social y factores de otra naturaleza, distinta a los delitos. Entonces, un país como Argentina, enclavado en un continente que está atravesando el momento más crítico de su historia no se puede dar el lujo de que se haga política barata con estos asuntos. Por eso nosotros no respondemos ni polemizamos con nadie, ni con dirigentes ni con candidatos. No perdemos el tiempo en eso. Y con el gobierno nacional tenemos una constante, permanente y excelente relación. Y la vamos a mantener hasta el último día de gestión.
-¿Es Río Cuarto un lugar clave, por su ubicación geográfica?
-Es un lugar clave del corredor bioceánico central. Y eso le da una característica especial; tiene un enclave geográfico estratégico, sin dudas. Por eso tiene desde hace muchísimos años un Juzgado Federal, una delegación de la Policía Federal; y hasta se la sindicó como posible capital del país.
-¿Pero para el narcotráfico y el negocio de la droga también?
-En este contexto en el que vivimos en el país y en Latinoamérica, no hubo una política de frontera adecuada que permitió al narcotráfico instalarse en el país. Argentina no es productor de estupefacientes. Seguramente la situación geográfica de Río Cuarto hace pensar que es un lugar de paso, estratégico. Lo sabemos todos y no hace falta que yo lo diga.
-¿Qué análisis hace del caso del ex jefe de Investigaciones Oyarzábal que quedó detenido?
-Hay que ser claro, muy claro. El oficial Oyarzábal, junto con otros camaradas de él, el 28 de diciembre a través de un decreto del Poder Ejecutivo fue pasado a retiro de la fuerza. Luego, interpuso un pedido de reconsideración de su situación que fue desestimado y se efectivizó su paso a retiro. La situación de este oficial le coresponde al Poder Judicial dilucidarla. Y está comprendida dentro de las cuestiones que le mencioné de que es una decisión institucional que se llegue a fondo con el esclarecimiento de estos hechos. Y si tiene vinculación el exoficial Oyarzábal, o cualquier integrante de una fuerza de Seguridad, debe ser juzgado y condenado como corresponde. Pero no es atribución del Poder Ejecutivo pronunciarse ni mucho menos juzgar a estar personas. Cuando el Poder Judicial trabaja, el Ejecutivo calla y colabora.
-¿Y por qué fue apartado en su momento?
-El Estado Mayor tiene una junta de calificaciones que todos los años meritúa a los agentes y oficiales que continúan y cuáles deben pasar a retiro. Y consideró, seguramente por un análisis integral de la situación, que el oficial había cumplido un ciclo. Si hubiera tomado conocimiento de la existencia de un hecho delictivo hubieran realizado la denuncia penal correspondiente que es obligación de los funcionarios públicos radicar. Si se hubiera considerado que el oficial estaba inmerso en actividades delictivas no se hubiese agotado con su pase a retiro sino que se hubieran formulado las denuncias correspondientes. Aquí lo que se produjo es una decisión operativa de pasar a retiro a este oficial y a otros.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal
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En el mismo sentido señaló que hay lugares paradigmáticos como Rosario que tienen 16 casos de homicidios dolosos registrados el año pasado por cada 100 mil habitantes. “Es para contextualizar que Río Cuarto está dentro de las ciudades que por su densidad demográfica tiene una de las tasas más bajas del país”, indicó el funcionario.
-¿Y esta seguidilla de casos orurridos en el arranque del año?
-Esta seguidilla de hechos ocurridos en estos 40 días, que son homicidios dolosos fueron fundamentalmente circunscriptos a relaciones interpersonales y no como productos de casos de inseguridad, sino como producto de violencia urbana. No estamos hablando que ante una situación de sustracción de un automotor hay un disparo y termina con una víctima fatal; o lo conocido como motochorros. Estos homicidios han sido circunscriptos a la relación interpersonal, por riñas, todas personas conocidas entre ellas; ajustes de cuenta, resolución de diferendos interpersonales a través de métodos violentos, personas como en algunos casos que se encontraban consumiendo alcohol o estupefacientes y en algún momento de irracionalidad terminaron agrediéndose hasta provocarse la muerte. Estos casos, por supuesto que nos preocupan por la seguidilla con que ocurrieron, pero no forman parte de lo que nosotros tenemos tabulados y que se corresponden con violencia de inseguridad propiamente dicha. Y además, están todos esclarecidos y todos los autores puestos a disposición de la Justicia.
-¿Qué políticas se toman ante esta situación que describe?
-Ante este flagelo como es la violencia urbana tomamos la decisión de crear la Policía de proximidad, que es la Policía Barrial que está trabajando en Río Cuarto y que está creada para esto. Es pacificadora, socializa con el medio en el que se desempeña, e interviene en conflictos de orden familiar, de violencia de género, de diversas barras o bandas. Y es la herramienta que estamos utilizando para intervenir en territorios hostiles en los que se producen estas confrontaciones personales.
-¿Y el caso Torres?
-Al caso de Torres le tenemos que dar tratamiento por cuerdas separadas porque es un homicidio íntimamente vinculado con la narcocriminalidad y el crimen organizado. Tiene todas las características de ese tipo. Pero lejos de quedarnos inertes, cuando tomé conocimiento de las características del homicidio lo comuniqué al ministro de Gobierno y Seguridad, Juan Carlos Massei, quien se puso en contacto de inmediato con la ministra Patricia Bullrich. Luego, me entrevisté con el juez federal y con el fiscal Miralles. Porque la Justicia Federal lleva adelante la investigación de la causa del narcolavado y la Provincial el homicidio de Torres. Fui personalmente a hablar con los dos y a llevarles un mensaje institucional categórico. Nosotros estamos al servicio de la acción de la Justicia, poniendo a disposición todos los recursos logísticos, tecnológicos y humanos con que cuenta la Policía de la Provincia de Córdoba.
-¿Qué hablaron allí?
-A los dos funcionarios les dije lo mismo, que iba a verlos en mi condición de secretario de Seguridad para reafirmarles categóricamente que acá no hay apañamientos de ninguna naturaleza, ni mucho menos voluntad de encubrimiento. Nosotros no conocíamos la causa, ninguno de los dos expedientes porque la Constitución nos prohíbe arrogarnos el conocimiento de causas judiciales. Por esto no conocemos el tenor de las causas, pero les manifesté a los dos que en caso de que hubiera personal o funcionarios policiales mencionados, fueran hasta las últimas consecuencias y contaran con el respaldo institucional de la Provincia para llegar a lo más profundo de la investigación.
-¿Qué surgió de la comunicación de Massei y Bullrich?
-Cuando yo le comunico a Massei lo ocurrido en Río Cuarto con Torres, y el ministro se comunica con Bullrich es en virtud de que en su última visita el Presidente firma con el gobernador un convenio que refrendan los dos ministros de Seguridad, el fiscal general de la Provincia y el jefe de la Procuración Nacional Contra los delitos de Narcotráfico, creando la Unidad de Inteligencia de Narcocriminalidad. Este es el primer antecedente del país en el que una provincia pone a sus fuerzas de seguridad, como la Policía de la Provincia y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, para trabajar interinstitucionalmente y de manera coordinada con las fuerzas federales. Entonces, por la etiología del caso, debía intervenir rápidamente la Unidad de Inteligencia de Narcocriminalidad. Y esta unidad mantuvo contacto con los dos funcionarios judiciales, tanto con Carlos Ochoa como con Daniel Miralles.
-¿Hay un trabajo conjunto?
-Estas bandas tienen un enorme poder económico y desafían permanentemente a las instituciones del Estado de Derecho en Argentina y el mundo. Por lo tanto, las políticas deben ser políticas de Estado en las que estén involucrados todos los sectores. Y nunca para Córdoba ni para el gobierno nacional hubo grietas ni especulaciones políticas de ninguna naturaleza.
-¿Y con los hechos de violencia urbana?
-Previo a a ese acuerdo de narcocriminalidad, se firmó por parte de Massei y Bullrich la creación del Comando Unificado Córdoba, que no es para atender la narcocriminalidad, sino para coordinar acciones en materia de prevención de seguridad urbana y ciudadana. Hacen tareas preventivas mayormente en rutas y ya estuvieron en Río Cuarto. Y volverán a estar porque tienen un trabajo de rutina que alcanza a las ciudades más importantes de la provincia, como Córdoba, Río Cuarto, San Francisco, Carlos Paz y Villa María.
-¿No hay grietas o diferencias de criterios entonces?
-Yo no tengo ninguna duda de que a la gente le repugna que se haga política con esto. La narcocriminalidad, el crimen organizado, la inseguridad, son flagelos, fenómenos criminológicos y sociológicos que tienen sus raíces en las causas más profundas de las sociedades que tiene que ver con la exclusión social y factores de otra naturaleza, distinta a los delitos. Entonces, un país como Argentina, enclavado en un continente que está atravesando el momento más crítico de su historia no se puede dar el lujo de que se haga política barata con estos asuntos. Por eso nosotros no respondemos ni polemizamos con nadie, ni con dirigentes ni con candidatos. No perdemos el tiempo en eso. Y con el gobierno nacional tenemos una constante, permanente y excelente relación. Y la vamos a mantener hasta el último día de gestión.
-¿Es Río Cuarto un lugar clave, por su ubicación geográfica?
-Es un lugar clave del corredor bioceánico central. Y eso le da una característica especial; tiene un enclave geográfico estratégico, sin dudas. Por eso tiene desde hace muchísimos años un Juzgado Federal, una delegación de la Policía Federal; y hasta se la sindicó como posible capital del país.
-¿Pero para el narcotráfico y el negocio de la droga también?
-En este contexto en el que vivimos en el país y en Latinoamérica, no hubo una política de frontera adecuada que permitió al narcotráfico instalarse en el país. Argentina no es productor de estupefacientes. Seguramente la situación geográfica de Río Cuarto hace pensar que es un lugar de paso, estratégico. Lo sabemos todos y no hace falta que yo lo diga.
-¿Qué análisis hace del caso del ex jefe de Investigaciones Oyarzábal que quedó detenido?
-Hay que ser claro, muy claro. El oficial Oyarzábal, junto con otros camaradas de él, el 28 de diciembre a través de un decreto del Poder Ejecutivo fue pasado a retiro de la fuerza. Luego, interpuso un pedido de reconsideración de su situación que fue desestimado y se efectivizó su paso a retiro. La situación de este oficial le coresponde al Poder Judicial dilucidarla. Y está comprendida dentro de las cuestiones que le mencioné de que es una decisión institucional que se llegue a fondo con el esclarecimiento de estos hechos. Y si tiene vinculación el exoficial Oyarzábal, o cualquier integrante de una fuerza de Seguridad, debe ser juzgado y condenado como corresponde. Pero no es atribución del Poder Ejecutivo pronunciarse ni mucho menos juzgar a estar personas. Cuando el Poder Judicial trabaja, el Ejecutivo calla y colabora.
-¿Y por qué fue apartado en su momento?
-El Estado Mayor tiene una junta de calificaciones que todos los años meritúa a los agentes y oficiales que continúan y cuáles deben pasar a retiro. Y consideró, seguramente por un análisis integral de la situación, que el oficial había cumplido un ciclo. Si hubiera tomado conocimiento de la existencia de un hecho delictivo hubieran realizado la denuncia penal correspondiente que es obligación de los funcionarios públicos radicar. Si se hubiera considerado que el oficial estaba inmerso en actividades delictivas no se hubiese agotado con su pase a retiro sino que se hubieran formulado las denuncias correspondientes. Aquí lo que se produjo es una decisión operativa de pasar a retiro a este oficial y a otros.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal