Amnistía Internacional lanzó una "acción urgente global" para exigir que la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se realice conforme a los estándares legales que buscan atender todas las formas de violencia contra las mujeres y que la justicia garantice la participación de los familiares de la víctima en la búsqueda y otras fases del proceso penal.
Dicha organización por los derechos humanos informó hoy en un comunicado de prensa que la iniciativa consiste en impulsar a sus seguidores y activistas en más de 160 países a enviar cartas al equipo especial de fiscales de Chaco a cargo de la causa.
"El mundo está mirando lo que sucede en el caso de Cecilia. En un contexto en donde los imputados tienen un fuerte vínculo con el poder político es imperioso que el Estado garantice una investigación efectiva, imparcial, independiente, oportuna y con perspectiva de género para echar luz sobre lo ocurrido y que las víctimas puedan acceder a una reparación efectiva", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En tanto, la organización precisa en su sitio web que las "acciones urgentes" son "una estrategia de solidaridad por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos".
El pedido del gobierno de Chaco
En tanto, el Gobierno de Chaco pidió hoy a los fiscales a cargo de la causa que analicen la posibilidad de que haya intervenido un octavo sospechoso en el encubrimiento del asesinato de la víctima.
"Entendemos que hubo otra participación, otra persona que podría haber encubierto el hecho y ya hicimos la presentación", señaló Nahir Barud, la abogada del Área de Litigios Estratégicos que lleva adelante la representación de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia en la querella, en el marco de la causa por el femicidio de la joven de 28 años.
La letrada explicó, a través de un comunicado de prensa, que "habría existido una octava persona", pero que esa hipótesis no pudo ser comprobada "porque hay que tener pruebas determinadas" para pedir su detención.
Por otra parte, Barud indicó que con la investigación realizada por el Equipo Fiscal Especial, se pudo comprobar que existió un hecho delictivo, que hubo premeditación, que existió un contexto de violencia de género, y que existía un encubrimiento por parte de al menos cuatro de las personas involucradas.
La prisión preventiva que fue dictada el pasado jueves para los siete imputados, entre ellos el marido de la víctima César Sena y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, "tiene más de 198 pruebas obtenidas en menos de un mes", explicó Barud, entre las que enumeró "un mapa de georreferenciación, las antenas que podrían haber ocupado los celulares, informes de telefonía que ubican minuto a minuto a los implicados y la cámara que enfoca la vivienda donde habrían asesinado a Cecilia".
"Lo que resta ahora es esperar el ADN, que lleva prácticamente un mes, y hay que esperar nuevas pruebas", detalló Barud.
Según el comunicado del Gobierno provincial, la función del área de Litigios Estratégicos es garantizar el tratamiento del caso con perspectiva de géneros y derechos humanos, a través de la querella particular de la causa a lo largo de todo el proceso judicial.
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