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Las retenciones a los granos, con un final incierto en los tribunales federales de Córdoba

Mientras un juez de CABA reclama que el amparo presentado por la Sociedad Rural pase al fuero contencioso de esa jurisdicción, la Cámara Federal de Córdoba define si los ruralistas tienen o no legitimidad para representar a todos los productores del país. La Afip exige el rechazo liso y llano del amparo y su tramitación en CABA. Dos jueces federales de la provincia fallaron en forma diferente

El cauce tranquilo que imaginaba la Sociedad Rural Argentina y su par de Jesús María para imponer el amparo contra las retenciones a las exportaciones rurales se vio enturbiado los últimos días. Varios hechos judiciales y extrajudiciales mermaron las expectativas de los productores, entusiasmados por embolsar la totalidad de las ganancias que derivan del espectacular aumento de precios internacionales de los granos, ya que la guerra en Ucrania tiene un impacto fenomenal en los mercados internacionales al achicar la oferta de producción, entorpecida por los combates entre el ejército ruso y la resistencia ucraniana.

En febrero la Sociedad Rural Argentina se había presentado junto con su par de Jesús María ante el juez Federal Nº 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, para reclamar mediante un “amparo colectivo” que el Estado dejara de cobrar las llamadas “retenciones”, es decir, los derechos a la exportación con que el gobierno nacional financia buena parte de sus gastos como salud, educación, seguridad, jubilaciones, asistencia social, justicia, infraestructura, etcétera.

Pero la semana pasada la revista El Sur reveló que Bustos Fierro tiene un hijo que es productor rural y por lo tanto debió excusarse desde un primer momento de tramitar el amparo, debido a que cualquier resolución que tomara afectará –para bien o mal- a su propio hijo, situación que establece una clara causal de apartamiento.

El Sur dio cuenta de que Manuel Bustos Fierro, el hijo del magistrado, produce soja y maíz en el departamento Río Primero bajo la titularidad de la firma “La Pelusa”, que tiene el mismo domicilio del country donde ambos conviven: Avenida O’Higgins al 5300 de la urbanización el Fortín del Pozo, camino a San Carlos.

El caso encaja claramente en los causales de excusación del artículo 30, con base en el artículo 17 inciso segundo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que prefigura como causal de apartamiento “tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante”.

Afip

Bustos Fierro convocó a la Afip cuando dio curso al tratamiento del amparo presentado por la Sociedad Rural para que fundamentara por qué cobra las mal llamadas “retenciones”, que en realidad son derechos de exportación establecidos por el artículo 4 de la Constitución Nacional, según explicó el senador nacional José Mayans, presidente de uno de los bloques oficialistas de la Cámara Alta.

Pero al presentarse en la torre federal, los abogados de la Afip impugnaron la legitimidad de la “acción colectiva” presentada por la Sociedad Rural, al entender que no tiene potestad para representar a la totalidad de los productores rurales afectados por las “retenciones”.

Bustos Fierro rechazó el planteo de la Afip y le negó la posibilidad de apelar, por lo que los abogados del organismo oficial fueron “en queja” a la Cámara Federal, en virtud al derecho que tiene la parte de un proceso a revisar una resolución en instancia superior.

Ahora la sala B de la Cámara, integrada por los camaristas Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, deberá resolver si es válido el cuestionamiento original. La curiosidad del caso es que ambos jueces fueron secretarios y subordinados de Bustos Fierro en distintos momentos. ¿Puede incidir este antecedente en su resolución? No, dice un funcionario de jerarquía con amplio despacho en La Torre. “Ahí los temas no se someten a principios de presunta lealtad. Además ambos camaristas son sus superiores y las jerarquías se hacen sentir. Tampoco se los puede relacionar ideológicamente a los jueces de esa sala como próximos a Bustos Fierro, que es recontra liberal”, aclara la fuente.

Hay un antecedentes que le juega en contra a Bustos Fierro y por tanto a la Sociedad Rural Argentina: el fallo del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, que rechazó la pretensión de la Sociedad Rural de esa ciudad, que también presentó un recurso de amparo colectivo contra el cobro de retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios.

En los considerandos de su resolución, Ochoa sostiene que la Sociedad Rural no cumple los requisitos de “legitimación activa” para tramitar el caso como proceso colectivo, dado que la entidad no expresa intereses homogéneos individuales para sustentar el reclamo judicial. Fundamentó su decisión en el fallo “Halabi” y otras acordadas de la Corte Suprema de Justicia (Nº 32/2014 y 12/2016).

Reclamo desde CABA

Además del planteo de la Afip, el amparo ruralista en el Juzgado Nº 1 de Córdoba tiene otro obstáculo que podría alejarlo del despacho de Bustos Fierro: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1 de CABA se declaró competente para tratar el amparo, admitiendo así la acción inhibitoria que solicitó la Afip sobre la presentación de la Sociedad Rural.

En su resolución, el juez Enrique Alonso Regueira plantea que lo que está en cuestionamiento (por el amparo) son actos “emanados de autoridades públicas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos efectos no se circunscriben a una jurisdicción específica, sino que estos se producen respecto de la totalidad del territorio nacional”.

Y cita un fallo de la Corte Suprema al sostener que “lo atinente a la revisión en sede contenciosa de actos administrativos adoptados por autoridades nacionales se debe tramitar ante los tribunales del lugar de la autoridad de la que emanan”. Es decir, en CABA y no en Córdoba.

En consecuencia, el juez ordenó librar oficio “mediante el Sistema DEO al Juzgado Federal de Córdoba Nº 1, a fin de comunicar lo aquí decidido y solicitar la remisión de dicha causa o, en su defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda de competencia”.

Los ruralistas afirman que desde el 1o de enero pasado las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada con la emergencia económica de 2019, que el Gobierno buscaba prorrogar con el proyecto de Presupuesto 2022, pero que la oposición no le permitió aprobar a fines del año pasado.

Lo que está en discusión en este intríngulis judicial no es menor: el año pasado el Gobierno recaudó nueve mil millones de dólares por derechos de exportación al complejo agroindustrial.