El operativo desplegado el martes pasado en la zona de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, para desalojar varios predios ocupados por una comunidad mapuche, continuó ayer en el ojo de la tormenta frente a la insistencia de diferentes sectores del Frente de Todos en cuestionar el accionar de las fuerzas de seguridad y el tratamiento dado a las mujeres detenidas que formaban parte del grupo ursurpador.
La organización oficialista La Cámpora, que lidera el diputado Máximo Kirchner y uno de los pilares del Frente de Todos, repudió el accionar del Comando Unificado de las fuerzas federales, y denunció la "vulneración de derechos" de los mapuches que fueron desalojados, en tanto el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a defender el desempeño de las fuerzas que actuaron en el predio.
"Repudiamos con enorme preocupación la militarización y la vulneración de derechos que viene desarrollándose en Villa Mascardi desde el pasado 4 de octubre a partir del accionar del Comando Unificado de las fuerzas federales que desalojaron y detuvieron a niñas, niños y mujeres, trasladando a cuatro de ellas a más de 1.500 kilómetros de distancia de sus hijas e hijos pequeños, sin derecho a defensa y con desconocimiento de los delitos que se les imputan", reza el escueto comunicado difundido a través de su página web lacampora.org.
Para La Cámpora, el procedimiento llevado a cabo “evidencia la falta de perspectiva de género y desconocimiento de la interculturalidad del Poder Judicial y los actores intervinientes”.
Feminismos y transfeminismos
En tanto, la propia Cámpora, junto al Movimiento Evita y el Frente Patria Grande presentaron ayer al mediodía otro documento en el que se condenó el accionar de las fuerzas de seguridad en Villa Mascardi.
”Nos pronunciamos enérgicamente en repudio de la represión y las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñxs ocurridas en el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, provincia de Río Negro. La detención ilegal de 7 mujeres de la comunidad, 4 de ellas trasladadas al penal de Ezeiza, a 1.500 km de su tierra, y otra mujer embarazada de 40 semanas, es un hecho de tortura repudiable y exigimos su inmediata excarcelación (...) Exigimos que la Justicia federal y la de Río Negro actúen en base a la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de DDHH para garantizar la integridad de las personas detenidas y la comunidad toda. ¡Repudiamos todo acto represivo, son fuerzas de seguridad, no fuerzas represivas!”, son algunos de los fragmentos del texto titulado “Feminismos y transfeminismos populares con Cristina”.
No se trata del primer espacio oficialista que se expresa de esa manera. La primera en cuestionar las órdenes del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue la extitular de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, quien renunció a su cargo bajo los mismos argumentos.
"En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite", manifestó Gómez Alcorta en una extensiva misiva en la que comunicaba su dimisión.
"Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de las fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político", argumentó.
Menú a la carta
Frente a tales imputaciones, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, apuntó contra sus críticos, tanto fuera como dentro del gobierno nacional, y sentenció: "Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano".
El último desalojo de grupos denominados mapuches por parte de las fuerzas de seguridad bajo la firma del titular de esa cartera nacional provocó en los últimos días una nueva crisis interna en el gobierno del Frente de Todos.
En ese sentido, Fernández se expresó a través de sus redes sociales y buscó marcar diferencias con hechos, como el caso de Santiago Maldonado durante el gobierno de Mauricio Macri.
"Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi, con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos", aseguró el ministro de Seguridad de la Nación por medio de su cuenta de Twitter.
Fernández repartió críticas para propios y extraños, aunque sin dar nombres. "Parecieran no advertir que nuestro gobierno no se vale de espías, ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales", afirmó en esa red social.
Por último, indicó: "No se instruye a realizar actos violentos y si se les encomienda hacer uso racional de la fuerza. Ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida".
Cuatro de las detenidas ya gozan de prisión domiciliaria
Cuatro de las siete mujeres detenidas en el operativo de desalojo en Villa Mascardi recibieron prisión domiciliaria por su condición de madres, mientras las tres restantes permanecen en la unidad regional V de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de la ciudad de Bariloche luego de que la jueza federal Silvina Domínguez rechazara las excarcelaciones.
Las tres mujeres que siguen detenidas en la sede regional de la PSA son Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera: en un primer momento habían sido llevadas en avión a Buenos Aires para ser encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza pero el sábado por la tarde fueron trasladadas de regreso a Bariloche, por decisión de la jueza.
Junto a ellas retornó Martha Luciana Jaramillo, que también es madre, por lo que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria junto a Betiana Collhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas, las dos primeras por tener hijos y en el caso de Rosas, por cursar un embarazo de 40 semanas.
Respecto de esta mujer, el Ministerio de Salud de la Nación informó que las autoridades están garantizando que se cumpla la ley de Parto Respetado.
"El equipo de referencia para la implementación de la ley de parto respetado tomó comunicación con integrantes de la comunidad mapuche para que se garantice una atención de la salud perinatal con pertinencia cultural", informó el Ministerio.
Idas y vueltas
Tras concedérseles la prisión domiciliaria, Jaramillo, Collhuan, Guenumil y Rosas fueron llevadas en la madrugada de ayer hasta un domicilio particular del barrio Lomas de Villaverde, en las afueras de Bariloche, hacia el oeste de la ciudad.
Los abogados defensores de las siete mujeres, entre otros reclamos procesales, cuestionaron en particular la situación de Jaramillo, quien pese a ser madre de dos niños fue llevada a Ezeiza para ser alojada en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ubicado a 1.600 kilómetros de su lugar de residencia.
El abogado Ezequiel Palavecino, quien integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), señaló las "contradicciones" de la jueza por haber decidido en primera instancia el traslado a Buenos Aires, e indicó que "lo que viene haciendo la jueza (por Domínguez) nos genera toda esta situación de indefensión para ellas, porque es imprevisible lo que va a hacer".
El letrado, además, mencionó como una segunda "contradicción" de la magistrada que en un mismo día "dictamine el traslado hacia Bariloche de las cuatro mujeres detenidas en Buenos Aires y que, al mismo tiempo, decida otorgar la prisión domiciliaria".