Las prohibiciones abarcan la elaboración, el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de ambas marcas, tanto en canales físicos como en sitios web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico donde los productos eran ofrecidos.
Clorquim: sin registro y sin responsable identificado
La investigación sobre Clorquim se inició a partir de una consulta recibida por el Servicio de Domisanitarios, que planteó dudas sobre la legitimidad de productos que se vendían en el sitio web de la empresa y en plataformas de comercio online. Entre los artículos detectados figuraban desinfectantes, limpiadores, productos para el acabado de superficies, cloro para piscina y lavandina.
Las verificaciones confirmaron que los productos no estaban inscriptos ante la Anmat. La autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires también informó que no existía registro alguno en esa jurisdicción. El organismo notificó a la firma mediante correo postal al domicilio declarado en la avenida Presidente Arturo Illia al 2100, en Bella Vista, partido de San Miguel, pero no obtuvo respuesta. Más aún: la Anmat señaló que no logró determinar con certeza quién estaba detrás de la marca, ya que no pudo identificar una persona física o jurídica, razón social, tipo societario ni CUIT responsable.
Clean Lab: notificada y sin respuesta
La disposición 4424/2026, fechada el 17 de julio de 2026, alcanza a todos los lotes y líneas de productos domisanitarios de Clean Lab, incluyendo limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y artículos para el acabado de superficies. La firma Clean Lab S.R.L. fue notificada formalmente al domicilio declarado en la avenida Beiró 5574, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tampoco respondió a la comunicación.
Al igual que en el caso de Clorquim, el organismo constató la ausencia de inscripción ante la Anmat y la falta de un establecimiento elaborador habilitado, lo que impidió verificar las condiciones de manufactura de los productos.
La Anmat fundamentó ambas medidas en la necesidad de proteger a eventuales adquirentes y usuarios ante la imposibilidad de certificar el origen, la calidad y los procesos de fabricación de los artículos involucrados. Las prohibiciones permanecerán vigentes hasta que los productos y sus fabricantes sean debidamente regularizados. El organismo también comunicó las medidas a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a las áreas de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
