Los tres acusados llegaron al debate detenidos y enfrentaron cargos relacionados con el abuso sexual agravado y el homicidio calificado, con agravantes vinculados a la violencia de género y a la finalidad de ocultar otros delitos. La acusación también contempló la participación de varias personas y, en el caso de Simeone, el delito de incendio, según la información difundida sobre el proceso.
Noviembre de 2024: el crimen en Brinkmann
Aralí fue encontrada sin vida en una habitación de su casa, en la localidad de Brinkmann, al noreste de Córdoba. El lugar había sufrido un incendio que afectó ese ambiente de la vivienda.
De acuerdo con la reconstrucción presentada durante la investigación, Simeone había salido del domicilio con dos hermanos de la niña y les había dicho que los llevaría a jugar a una plaza. Regresó cuando los vecinos advirtieron que había fuego.
Los bomberos encontraron a Aralí boca abajo, junto a una almohada. El hecho de que las llamas se concentraran en esa habitación y que no hubiera indicios de que la pequeña hubiera intentado escapar despertó sospechas sobre las circunstancias del episodio.
Los estudios forenses determinaron que la niña había sufrido abuso sexual y murió por asfixia manual. La hipótesis acusatoria sostuvo que el fuego fue provocado para ocultar el crimen y los delitos previos.
Las primeras declaraciones y las pruebas
Durante la instrucción surgieron testimonios que permitieron reconstruir parte de lo ocurrido antes de que se descubriera el cuerpo. Uno de los hermanos de Aralí relató en una entrevista en Cámara Gesell que, cuando Simeone se fue con los otros niños, volvió a entrar a la vivienda para buscar a su hermana.
Según el testimonio reproducido durante el proceso, el niño contó que la encontró dormida, la tapó y después bajó. Ese relato fue incorporado a las actuaciones judiciales.
Los peritajes también tuvieron un papel central en la causa. Durante el juicio, las defensas plantearon objeciones a las pruebas y solicitaron absoluciones. Los abogados de Rauch sostuvieron que no había participado en el hecho, mientras que los representantes de Varela cuestionaron la evidencia que lo vinculaba con el abuso sexual. La defensa de Simeone, por su parte, pidió que se declarara la nulidad de parte del material probatorio.
La fiscal Consuelo Aliaga Díaz solicitó la pena máxima para los tres acusados, aunque con distintos grados de responsabilidad atribuidos a cada uno. El jurado popular finalmente resolvió condenarlos a prisión perpetua.
Los antecedentes familiares y las advertencias previas
Tras el crimen, familiares de Aralí señalaron que la niña y sus hermanos habían vivido en un entorno de violencia y desprotección. Betiana Heredia, prima de Rauch y tutora de dos de los hermanos de la víctima, afirmó que los niños continuaban con acompañamiento psicológico.
La mujer también sostuvo que ella y la abuela de los pequeños habían realizado denuncias y presentaciones por situaciones que les generaban preocupación dentro del ámbito familiar.
En declaraciones difundidas durante la investigación, el fiscal Oscar Gieco había descrito un contexto complejo, con presuntos episodios de maltrato, consumo de drogas en el entorno y niños que, según testimonios vecinales, permanecían solos o estaban expuestos a situaciones de riesgo.
Los cuestionamientos a los organismos de protección
El caso también abrió interrogantes sobre las intervenciones que se habían realizado antes de la muerte de Aralí. Durante las movilizaciones posteriores al crimen, vecinos y familiares reclamaron que se investigara la actuación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
Según los antecedentes difundidos, el organismo había dispuesto que Rauch y Simeone realizaran un tratamiento en la Red de Adicciones Córdoba y, tras considerar que había concluido, restituyó a la pareja a los hijos que les habían sido retirados. Para ese momento, Aralí vivía con su padre biológico.
La Senaf no realizó un pronunciamiento público sobre el caso. En su momento, trascendió que se había ordenado una investigación interna para revisar las intervenciones previas.
Octubre de 2026: la sentencia
Casi dos años después del asesinato, el juicio realizado en San Francisco concluyó con tres condenas a prisión perpetua. La resolución coincidió con el pedido de la fiscalía y cerró el debate oral sobre las responsabilidades penales de Rauch, Simeone y Varela.
La sentencia puso el foco judicial en el abuso sexual y el homicidio de Aralí, mientras que las denuncias sobre el entorno familiar y las actuaciones de los organismos de protección quedaron como parte de los antecedentes que rodearon el caso.
