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"Hay que trabajar fuerte en lo que no soluciona una tarjeta alimentaria"

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, remarcó la profunda desigualdad que hay en Argentina y la necesidad de generar empleo a la salida de la crisis. Además, respaldó el DNU que congeló tarifas de las Telco.

Una semana después de la segunda reunión de la Mesa Nacional contra el Hambre, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, destacó los desafíos que tiene hoy el país en materia social y que tendrá aún más profundos a la salida de la pandemia. Pero además, mostró un enfático respaldo al DNU del presidente Alberto Fernández que declaró Servicios Públicos a las Telco (internet, televisión por cable y teléfono) y congeló sus tarifas hasta el 31 de diciembre.

“La situación era bien crítica ya cuando asumimos el 10 de diciembre y por eso la convocatoria de Argentina contra el Hambre era la más importante que había hecho nuestro Presidente, incluso previo a asumir su cargo, porque entendía que la realidad del país era extrema con inseguridad alimentaria muy marcada en casi 15 millones de compatriotas que no tenían la certeza de poder llevar un plato de comida a su mesa todos los días”, comentó la funcionaria nacional.

¿Qué realidad social encontraron al momento de asumir y cómo cambió eso con la pandemia?

En un gran contexto de vulnerabilidad arrancamos el Gobierno y allí realizamos la primera convocatoria a la Mesa del Hambre. Luego llegó la pandemia y dejó al descubierto lo que veníamos observando. Eso también mostró una gran red solidaria a lo largo de la Argentina. Es muy palpable el gran esfuerzo del Estado argentino a partir de la decisión de nuestro Presidente para diseñar una batería de políticas sociales que amortigüen el impacto del dolor que genera la pandemia en términos económicos y sociales. Pero también somos muy conscientes de que a pesar del IFE, del ATP, de bajar la carga patronal de los empleadores, de los créditos a tasa cero, es insuficiente porque esto lo que generó en todo el mundo es la restricción de producir, de moverse, de ganar el dinero de manera independiente, y en el caso de la Argentina con el agravante de la informalidad. Por eso costó mucho al Estado encontrar a los beneficiarios y poder transferirles los ingresos del IFE.

¿En ese contexto, el segmento más preocupante es el de los niños?

Para nosotros lamentablemente está claro que el nivel de pobreza angustia y está por encima de los 40 puntos, pero en el caso de los niños sabemos que 6 de cada 10 son pobres y por eso venimos trabajando junto a Unicef y la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Por eso la mayoría de las políticas buscó impactar para que esos niños tengan su plato de comida. La Tarjeta Alimentar tiene como población objetivo a los niños de 0 a 6 años. Sumamos los refuerzos en las partidas de comedores escolares que hicieron el gobierno nacional y los gobernadores porque cada provincia hizo un esfuerzo adicional para entregar el bolsón aun en pandemia a través de las escuelas. Vino además el bono de la AUH y de la Tarjeta Alimentar para compensar y el IFE pago directo sobre la AUH. Todos fueron intentos para contener a los niños, niñas y adolescentes de la Argentina, que son los que no pueden esperar. Se sabe que un niño que no se alimenta como debe es un niño que luego va a tener serias dificultades para aprovechar las oportunidades a futuro en su etapa educativa o laboral.

Más allá del conurbano bonaerense, ¿qué sectores del país son los más preocupantes?

Pensamos en la alta densidad que rodea a las grandes capitales de la Argentina. El conurbano bonaerense no difiere tanto del Gran Tucumán, el Gran Córdoba o el Gran Rosario. El mapa nuestro es federal y es el que muestra el Registro Nacional de Barrios Populares como referencia estructural a nivel nacional, que muestra 44 mil hectáreas que tenemos siempre presentes a la hora de tomar decisiones, con esas 900 mil familias, lo que implica casi 4 millones de personas que viven en esos sectores. Y eso con el ingreso no alcanza porque hay que resolver el acceso al agua segura, la situación del hábitat y ahí aparece nuestro Consejo en la articulación de los distintos ministerios que tienen incumbencia. Debemos seguir trabajando mucho en aquello que no se logra solucionar con una tarjeta con recursos, porque hablamos de hombres y mujeres con serias dificultades para lograr conectividad y no pueden usar un postnet, por ejemplo, y hacemos referencia a nuestro norte más profundo, de comunidades campesinas. Y allí hay un universo de necesidades distinto. Y se refuerza con la Secretaría de Agricultura Familiar que impulsó el ministro Luis Basterra. Con la transferencia de ingresos solamente no vamos a poder salir de esta situación, aunque son necesarios después de cuatro años de derrumbe. Pero tenemos que ir generando las posibilidades para que vuelva el trabajo a la vida de los argentinos.

¿Cómo se resuelve la necesidad de educación y de alimentación en ese contexto de desigualdad?

Es un drama la Argentina de la desigualdad, con estos niveles de inequidades tan marcados. Hay millones de pibes que si no tienen conectividad, no tienen datos móviles, y si queda todo en manos del mercado no va a tener solución. Y por eso celebro el decreto del Presidente que declaró servicio público Eesencial la telefonía, el acceso a internet y la televisión por cable. Vemos a un presidente que entiende la dificultad de un sector que no puede gastar lo que no tiene para comprar una tarjeta telefónica para que su hijo pueda conectarse con su maestra de manera virtual y hacer las tareas. Lo que vemos en los barrios populares del país es una tremenda desigualdad y el Estado debe trabajar para eliminar esa desigualdad. El Estado debe proveer el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación y la ropa. Ahí se empieza a ver cómo la pandemia deja traslucir esa enorme desigualdad, por ejemplo en la imposibilidad de muchos de tener conectividad para fines educativos. Y lo que claramente pasó es que tuvimos cuatro años en los que el Estado se corrió del rol de contralor. Lo que se pide es cómo el plan de inversión está orientado a llegar a todas y todos, independientemente de que no sean luego clientes clase A. Es decir, que no hablemos de las inversiones orientadas exclusivamente a los que están en condiciones de comprar un pack premium. Ahora el Estado dice que todos van a tener que tener por lo menos una oferta con una tarifa plana y cantidad de datos.