En la cárcel de Villa María “no hay hacinamiento ni sobrepoblación”
Así lo afirmó el juez de Ejecución de Villa María, Arturo Ferreyra. Además habló de la declaración de “emergencia en materia penitenciaria” y brindó su postura sobre el proyecto para la baja de edad de punibilidad
A fines del mes pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la “emergencia en materia penitenciaria” por 3 años, por el incremento de presos federales. Además, una “comisión” deberá analizar el panorama y elaborar políticas para resolver el “déficit habitacional” en los establecimientos penitenciarios federales, “mejorar las condiciones de privación de la libertad” y proponer e implementar “medidas alternativas” a la reclusión.
La causa: la sobrepoblación. El Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en su portal, informa que, al 5 de abril del corriente, la población alojada en penales federales es de 13.936. Sin embargo, la capacidad utilizable es de 12.235. Así, se observa que hay una sobrepoblación del 12 por ciento.
“En razón de las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional dicho porcentaje seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso”, detalla la resolución.
“Sigue imperando la mirada dominante más asociada al tema de la inseguridad para las clases medias o más acomodadas, y no se discute la inseguridad que supone no garantizar los derechos básicos que, supuestamente, el Estado tiene que llevar adelante en torno a la protección integral de niñas, niños y adolescentes”, dijeron en una entrevista con PUNTAL VILLA MARÍA, las integrantes del Centro de Educación Popular para la Infancia y la Adolescencia (CEPIA), Paula Pavcovich y Daiana Monti. Ello lo sostuvieron en relación al proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados, el 1° de marzo, y que busca bajar la edad de punibilidad. Pero hablan de la “inseguridad que supone no garantizar los derechos básicos”. Y ésa es, quizás, una primera respuesta para decir que hay que trabajar antes. Mucho antes de esas “políticas exitosas”.
“La declaración de la emergencia carcelaria no afecta tanto a Córdoba porque no tiene cárcel federal”, aclara Ferreyra.
Éste fue otro de los temas sobre los que se debatió en el encuentro. Y menciona que, ante la “emergencia federal”, habrá una “redistribución de internos y eso conlleva a que presos de un lugar sean trasladados a muchísimos kilómetros de distancia”.
El total de detenidos en penitenciarías federales es, como se puntualizó, de 13.936. De esa cifra, 8.778 están en la zona metropolitana y 5.158 en el interior del país. En la provincia de Córdoba las cárceles son provinciales y hay, aproximadamente, 9.600 reclusos varones y unas 400 mujeres. El lunes de la semana pasada, en el Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María, ubicado en el barrio Belgrano, había registradas 999 personas privadas de su libertad (397 condenados y 602 procesados). El máximo que hubo, hasta el momento, alcanzó los 1.080.
“Prometieron que van a hacer obras, que van a mejorarlas; de hecho en Buenos Aires están haciendo dos penales nuevos. Acá en Córdoba tenían una propuesta para hacer una cárcel en Oliva pero la comunidad de allí se resistió. Se trató también el tema de la localidad de Ticino porque habría posibilidades de hacer una ahí. Me dijeron que lo tenían en proyecto. Es algo reciente”, comenta el funcionario.
El 5 de octubre del año pasado, en la cárcel local se inauguró el Pabellón 17, de 270 metros cuadrados, que permitió albergar a 60 personas más. Actualmente, según mencionó Ferreyra, se está ampliando aún más la capacidad habitacional que, en principio, es una obra para 200 internos (que tendrá celdas para 4 o 5 personas). En esta dirección, puntualizó que el establecimiento cuenta con 17 pabellones: algunos son de 20 celdas —los últimos pabellones edificados son de 20 porque se hicieron piezas más grandes, para 4 reclusos— y otros de 40. Estos últimos están sólo destinados a 2 o 3 individuos. Por otra parte, también recordó que lo que antes eran celdas de aislamiento o castigo se transformaron en espacios para 2 personas, luego de que se les colocaran sus respectivas ventanas y sanitarios.
“No hay hacinamiento. No hay sobrepoblación”, dice el funcionario.
Luego de la feria judicial, que se desarrolló en enero, este matutino informó que, durante ese mes, más de 60 presos habían sido trasladados al Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, más conocido como Bouwer, que está localizado a unos 160 kilómetros de la ciudad. Estos traslados, precisamente, son lo que en diversas oportunidades han generado reclamos por parte de los familiares debido al costo que implica viajar para poder estar cerca de sus allegados.
“El penal está tranquilo. Gracias a Dios no tiene mayores problemas. Sí tratamos de contener a los internos. Las peleas, a veces, son impredecibles porque son problemas de convivencia de ellos. No hace a la temperatura de la cárcel la pelea de un interno—, describe.
Son tres las cuestiones con las que “hay que tener cuidado”. La primera es el régimen de visitas. “Es sensible en la medida en que está establecida la cantidad de horas y días a la semana que entra una persona a visitar a los internos”, detalla. Y agrega: “Todo ese tipo de cuestiones que ya están reglamentadas, no se pueden modificar alegremente; es decir, hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere reducir o castigar con un régimen de visita porque eso trae problemas. Está establecido, reglamentado y se cumple, no se sanciona a un interno con ello. Es algo que no se toca”.
El segundo punto tiene que ver con la alimentación. Y el tercero y último, con el trato. “Cuando tenemos agentes que se extralimitan en sus funciones, eso puede llegar a generar conflictos”, expone.
Reforma del Código Penal y baja de edad de punibilidad
Se trató también, en la reunión, la reforma del Código Penal y el proyecto de baja de la edad de punibilidad.
“No importa qué pena se imponga si a la persona no se le da tratamiento. La cárcel por sí misma no sirve. Como depósito judicial no sirve. Lo que sirve es el tratamiento penitenciario. Entonces, en la medida que la comunidad entienda que hay que invertir dinero para incorporar a la comunidad a estas personas que se equivocaron, que cometieron un delito, vamos a poder avanzar en un tratamiento razonable. Hay que hacer una inversión y una apuesta económica importante”, relata.
Asimismo señala que, en lo que atañe a los delitos menores, habría que realizar “un análisis más profundo” porque ilícitos como amenazas o lesiones no justifican el encierro de una persona.
“Pero la comunidad es la que está pidiendo penas más duras, más gravosas. Y los legisladores, en algunos sentidos, a veces, siguen lo que la gente está demandando. ¿No es cierto?”, se pregunta.
Por último, respecto a la baja de la edad de punibilidad, hizo hincapié en que, “por lo menos en Córdoba, no hay institutos donde se les pueda dar contención —se los contiene, no trata— a los menores”. Por lo general están “superpoblados” y hay villamarienses que son trasladados a la capital provincial porque en la ciudad no hay espacios.
“No sé si la baja de la edad de punibilidad es el camino”, reflexiona.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal Villa María
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La causa: la sobrepoblación. El Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en su portal, informa que, al 5 de abril del corriente, la población alojada en penales federales es de 13.936. Sin embargo, la capacidad utilizable es de 12.235. Así, se observa que hay una sobrepoblación del 12 por ciento.
“En razón de las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional dicho porcentaje seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso”, detalla la resolución.
“Sigue imperando la mirada dominante más asociada al tema de la inseguridad para las clases medias o más acomodadas, y no se discute la inseguridad que supone no garantizar los derechos básicos que, supuestamente, el Estado tiene que llevar adelante en torno a la protección integral de niñas, niños y adolescentes”, dijeron en una entrevista con PUNTAL VILLA MARÍA, las integrantes del Centro de Educación Popular para la Infancia y la Adolescencia (CEPIA), Paula Pavcovich y Daiana Monti. Ello lo sostuvieron en relación al proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados, el 1° de marzo, y que busca bajar la edad de punibilidad. Pero hablan de la “inseguridad que supone no garantizar los derechos básicos”. Y ésa es, quizás, una primera respuesta para decir que hay que trabajar antes. Mucho antes de esas “políticas exitosas”.
“La declaración de la emergencia carcelaria no afecta tanto a Córdoba porque no tiene cárcel federal”, aclara Ferreyra.
Éste fue otro de los temas sobre los que se debatió en el encuentro. Y menciona que, ante la “emergencia federal”, habrá una “redistribución de internos y eso conlleva a que presos de un lugar sean trasladados a muchísimos kilómetros de distancia”.
El total de detenidos en penitenciarías federales es, como se puntualizó, de 13.936. De esa cifra, 8.778 están en la zona metropolitana y 5.158 en el interior del país. En la provincia de Córdoba las cárceles son provinciales y hay, aproximadamente, 9.600 reclusos varones y unas 400 mujeres. El lunes de la semana pasada, en el Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María, ubicado en el barrio Belgrano, había registradas 999 personas privadas de su libertad (397 condenados y 602 procesados). El máximo que hubo, hasta el momento, alcanzó los 1.080.
“Prometieron que van a hacer obras, que van a mejorarlas; de hecho en Buenos Aires están haciendo dos penales nuevos. Acá en Córdoba tenían una propuesta para hacer una cárcel en Oliva pero la comunidad de allí se resistió. Se trató también el tema de la localidad de Ticino porque habría posibilidades de hacer una ahí. Me dijeron que lo tenían en proyecto. Es algo reciente”, comenta el funcionario.
El 5 de octubre del año pasado, en la cárcel local se inauguró el Pabellón 17, de 270 metros cuadrados, que permitió albergar a 60 personas más. Actualmente, según mencionó Ferreyra, se está ampliando aún más la capacidad habitacional que, en principio, es una obra para 200 internos (que tendrá celdas para 4 o 5 personas). En esta dirección, puntualizó que el establecimiento cuenta con 17 pabellones: algunos son de 20 celdas —los últimos pabellones edificados son de 20 porque se hicieron piezas más grandes, para 4 reclusos— y otros de 40. Estos últimos están sólo destinados a 2 o 3 individuos. Por otra parte, también recordó que lo que antes eran celdas de aislamiento o castigo se transformaron en espacios para 2 personas, luego de que se les colocaran sus respectivas ventanas y sanitarios.
“No hay hacinamiento. No hay sobrepoblación”, dice el funcionario.
Luego de la feria judicial, que se desarrolló en enero, este matutino informó que, durante ese mes, más de 60 presos habían sido trasladados al Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, más conocido como Bouwer, que está localizado a unos 160 kilómetros de la ciudad. Estos traslados, precisamente, son lo que en diversas oportunidades han generado reclamos por parte de los familiares debido al costo que implica viajar para poder estar cerca de sus allegados.
“El penal está tranquilo. Gracias a Dios no tiene mayores problemas. Sí tratamos de contener a los internos. Las peleas, a veces, son impredecibles porque son problemas de convivencia de ellos. No hace a la temperatura de la cárcel la pelea de un interno—, describe.
Son tres las cuestiones con las que “hay que tener cuidado”. La primera es el régimen de visitas. “Es sensible en la medida en que está establecida la cantidad de horas y días a la semana que entra una persona a visitar a los internos”, detalla. Y agrega: “Todo ese tipo de cuestiones que ya están reglamentadas, no se pueden modificar alegremente; es decir, hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere reducir o castigar con un régimen de visita porque eso trae problemas. Está establecido, reglamentado y se cumple, no se sanciona a un interno con ello. Es algo que no se toca”.
El segundo punto tiene que ver con la alimentación. Y el tercero y último, con el trato. “Cuando tenemos agentes que se extralimitan en sus funciones, eso puede llegar a generar conflictos”, expone.
Reforma del Código Penal y baja de edad de punibilidad
Se trató también, en la reunión, la reforma del Código Penal y el proyecto de baja de la edad de punibilidad.
“No importa qué pena se imponga si a la persona no se le da tratamiento. La cárcel por sí misma no sirve. Como depósito judicial no sirve. Lo que sirve es el tratamiento penitenciario. Entonces, en la medida que la comunidad entienda que hay que invertir dinero para incorporar a la comunidad a estas personas que se equivocaron, que cometieron un delito, vamos a poder avanzar en un tratamiento razonable. Hay que hacer una inversión y una apuesta económica importante”, relata.
Asimismo señala que, en lo que atañe a los delitos menores, habría que realizar “un análisis más profundo” porque ilícitos como amenazas o lesiones no justifican el encierro de una persona.
“Pero la comunidad es la que está pidiendo penas más duras, más gravosas. Y los legisladores, en algunos sentidos, a veces, siguen lo que la gente está demandando. ¿No es cierto?”, se pregunta.
Por último, respecto a la baja de la edad de punibilidad, hizo hincapié en que, “por lo menos en Córdoba, no hay institutos donde se les pueda dar contención —se los contiene, no trata— a los menores”. Por lo general están “superpoblados” y hay villamarienses que son trasladados a la capital provincial porque en la ciudad no hay espacios.
“No sé si la baja de la edad de punibilidad es el camino”, reflexiona.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal Villa María