Fue en ese marco que vecinos y vecinas de la ciudad hicieron sus planteos y recomendaciones, ante la atenta mirada de concejales y concejalas de los diferentes bloques.
Entre los expositores estuvo, por ejemplo, el expresidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Ersep), Javier Sosa, el primero en solicitar la necesidad de que en Villa María exista la figura del ente regulador.
Según precisó, una entidad de este tipo ya está prevista en una cláusula que forma parte del contrato de concesión firmado entre el Municipio y la Cooperativa 15 de Mayo, hoy prestataria del servicio.
También exigió que la empresa presente la estructura de costos y la facturación, información que les permitiría a los concejales “sacar la diferencia entre costo operativo y rentabilidad”, pudiendo de esa manera conocer “cuál es el núcleo central de la utilidad del negocio”.
A su turno, Gabriel Correa, vecino de la ciudad, hizo un reclamo por el horario de la audiencia, remarcando que al mediodía la gente trabaja y no puede asistir.
Del mismo modo, acentuó que ni el Municipio, ni el Concejo ni la empresa que presta el servicio brindaron información en sus páginas web para que los vecinos lleguen informados a la instancia de la Audiencia Pública.
Por su parte, Nerina González, vecina del Villa del Sur, barrio ubicado frente al río, hizo hincapié en la necesidad que tienen como frentistas de contar con el servicio de agua, el que se le niega desde hace 12 años.
“Somos más de 30 familias, más de 45 chicos, entre los que hay personas grandes. Nos abastecemos de tres perforaciones y con tachos. Lamentablemente, cuando los tachos no tienen agua, acudimos al río. Estamos en 2025 y eso no nos tendría que pasar. Es una pelea constante desde hace 12 años. Es momento de poder tener agua, no pedimos un servicio gratis”, expuso.
Cabe destacar que el proyecto que se debate en el Concejo, entre otras medidas, incluye la obligación de la cooperativa de hacerse cargo de las obras para llevar agua potable a los barrios Villa del Sur y Las Acacias.
Durante la audiencia pública también habló Sonia Analía Acevedo, quien sin precisar de qué institución venía, hizo un descargo a favor de la cooperativa.
“La economía de Argentina vive desde hace muchos años en un contexto de inflación. Es por ello que nos encontramos en esta oportunidad solicitando la recomposición tarifaria que prevé la ordenanza 7.919 según surge de la variación de costos, por el período que va desde el 1° de julio del 2024 al 30 de junio del 2025”, comentó.
Y agregó:“La recomposición solicitada es del 28,95%. Su aplicación para contener el impacto en el usuario se hará en tres tramos no acumulativos: un 10% en septiembre, un 9% noviembre, y el restante 9,95% en enero del 2026”.
“La recomposición tarifaria tiene como finalidad garantizar la sostenibilidad del servicio, asegurando la continuidad, calidad y eficiencia en la prestación del mismo”, comentó.
Por su parte, el ingeniero Mario Pierantonelli, haciendo saber que conoce cómo se mide la calidad del agua en la ciudad, precisó que el recurso que se consume a nivel local presenta un nivel de arsénico “elevado”, el cual si bien es tolerado por los estándares de la Provincia, no es recomendable.
A tal punto, sugirió que se hagan análisis como se los hizo años atrás en 17 pozos, que fueron auditados con escribanos y que dieron valores diferentes a los que hoy se miden y se informan de manera oficial.
En último lugar, tomó la palabra Marta Tymoschuk, quien también insistió con la creación de un ente regulador, a los fines de que se cuide el recurso ambiental.
“Hablamos de agua subterránea, tenemos varios acuíferos que se explotan para diferentes fines, residenciales e industriales, pero no se sabe hasta cuando van a estar”, completó.
