Recibió una pena de 8 años de prisión por robo y amenazas
Se trata de Guillermo Hilario Romero (42), que también fue condenado por otros delitos como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y coacción. El hombre fue defendido por Rodrigo Hayas
En la Cámara del Crimen, en el quinto piso de Tribunales, Guillermo Hilario Romero (42) fue condenado a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser hallado culpable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de operatividad no acreditada y agravado por la participación de un menor, amenazas calificadas, coacción y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, entre otros.
La pieza acusatoria
De acuerdo con la pieza acusatoria, el primero de los episodios ocurrió el 25 de noviembre de 2016, en Las Perdices —localidad situada a unos 55 kilómetros de Villa María—, minutos después de la una y media de la mañana.
En esas circunstancias, dos hombres circulaban en una motocicleta Cerro de 150 centímetros cúbicos. Cuando pasaban frente al Club San Lorenzo, ubicado en la esquina de Sarmiento y Santa Rosa, fueron sorprendidos por el imputado, alias El Peto, y un adolescente de 15 años en ese momento, que se desplazaban en un vehículo similar, pero de 110 centímetros cúbicos.
Les cortaron el paso y Romero los amedrentó. Uno de los damnificados empezó a correr. Y, según el requerimiento, el acusado habría sacado un arma y comenzado a dispararle. Además, le habría dado el arma al adolescente. “Tirale, tirale”, le habría dicho.
Posteriormente, golpearon violentamente a la otra persona, que requirió de entre diez y 20 días de curación. Romero le dio un culatazo y, previo a huir, le sustrajo la llave de la moto y de las viviendas de familiares.
El segundo suceso se registró el 1 de mayo de 2017, a las siete de la mañana. Una mujer caminaba. Estaba a 200 metros de un boliche de Las Perdices. De repente apareció un grupo de personas, entre los que estaba El Peto. Él se dirigió a su hija,que lo acompañaba, y le dijo que golpeara a la mujer. Y así fue: la tomó de atrás y la tiró al piso. Le tiró el pelo. Le propinó golpes de puño en la cabeza. Romero intervino y siguió con la golpiza. La víctima pudo zafarse y escapó con su hermana. El imputado, en correspondencia con el expediente, habría disparado tres tiros sin herir a nadie mientras la mujer huía.
Una hora más tarde, la víctima se encontraba con sus dos hermanas y otros amigos, en cercanías del cuartel de bomberos de la localidad. Romero apareció nuevamente con su hijo. El Peto llevaba un arma (que no fue hallada). Les apuntó. Los amenazó con matarlos.
El grupo de amigos siguió su curso hasta una estación de servicio. Y Romero los volvió a amenazar. Los damnificados, a pesar de todo, continuaron su recorrido. Estaban en un camino localizado detrás de la Terminal, cuando El Peto, que estaba con otro hijo, insistió: “Tengo una bala para cada uno”.
Otro acontecimiento se produjo el 6 de noviembre del año pasado, aproximadamente a las ocho y cuarto de la noche. El acusado fue a la casa de un hombre, situada en Vélez Sarsfield 1000. Al llegar, le colocó sobre el picaporte un cartucho 9 milímetros para exigirle un dinero que supuestamente le adeudaba. La víctima, tiempo después lo vio. El Peto se comunicó telefónicamente y le fue claro. “Conmigo no se juega”, dijo.
Durante la siesta del 18 de noviembre, Romero y otra persona que todavía no fue identificada fueron, en un Peugeot 206 azul, hasta una residencia infantil donde estaba el hombre que había sido amenazado. El acusado le fijó un plazo: “Tenés hasta las 21 del martes para pagar. Vos tenés familia e hija”. El otro hombre también colaboró: “Recordá negro que tenés mujer y una hija”.
El 20 de noviembre, la escena prácticamente se repitió. El Peto fue en una moto de 125 centímetros cúbicos hasta el domicilio del damnificado. Lo amenazó otra vez. Pero no fue lo único que hizo: después partió hacia la casa del suegro de la víctima y le infundió temor.
En concordancia con el requerimiento, el penúltimo y último hecho datan de un día después. El 21 de noviembre, a Romero le encontraron en su hogar, ubicado en calle Güemes, entre Belgrano y San Jerónimo, un revólver calibre 22 con dos cartuchos y apta para el disparo. A la vez, le secuestraron un envoltorio con 22,4 gramos de marihuana, otros tres con cocaína —uno con 4 gramos, otro con 3 y el último con 0,3— y 140 semillas de cannabis sativa.
Datos personales, alegatos y sentencia
Una vez que el secretario Walter Rodríguez terminó de darle lectura a la pieza acusatoria, el juez Félix Martínez le tomó los datos personales a Romero. El hombre contó, entre otras cosas, que tiene siete hijos, que cursó sus estudios hasta cuarto grado y confesó ser adicto a la marihuana y la cocaína. Al momento de declarar, confesó los cargos en su contra.
De esta manera, como se procede habitualmente, llegó el momento de que aleguen las partes. El primero en hacerlo fue el fiscal Francisco Márquez. Luego, llegó el turno de la defensa: Rodrigo Hayas. El abogado, en el marco de la presentación de sus fundamentos, planteó la inconstitucionalidad del mínimo legal previsto por el artículo 5 de la Ley 23.737 —fallo dictado en octubre de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba en la causa que se conoce como “Loyola, Sergio Alejandro”—.
En esa oportunidad, el TSJ declaró inconstitucional la escala penal para el último eslabón del comercio de estupefacientes —micromenudeo—. Además indicó que el mínimo de cuatro años viola el principio de proporcionalidad de las penas y de igualdad ante la ley.
Así, y tras un cuarto intermedio, el magistrado Martínez dictó el veredicto señalado al inicio —hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad de Hayas—.
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La pieza acusatoria
De acuerdo con la pieza acusatoria, el primero de los episodios ocurrió el 25 de noviembre de 2016, en Las Perdices —localidad situada a unos 55 kilómetros de Villa María—, minutos después de la una y media de la mañana.
En esas circunstancias, dos hombres circulaban en una motocicleta Cerro de 150 centímetros cúbicos. Cuando pasaban frente al Club San Lorenzo, ubicado en la esquina de Sarmiento y Santa Rosa, fueron sorprendidos por el imputado, alias El Peto, y un adolescente de 15 años en ese momento, que se desplazaban en un vehículo similar, pero de 110 centímetros cúbicos.
Les cortaron el paso y Romero los amedrentó. Uno de los damnificados empezó a correr. Y, según el requerimiento, el acusado habría sacado un arma y comenzado a dispararle. Además, le habría dado el arma al adolescente. “Tirale, tirale”, le habría dicho.
Posteriormente, golpearon violentamente a la otra persona, que requirió de entre diez y 20 días de curación. Romero le dio un culatazo y, previo a huir, le sustrajo la llave de la moto y de las viviendas de familiares.
El segundo suceso se registró el 1 de mayo de 2017, a las siete de la mañana. Una mujer caminaba. Estaba a 200 metros de un boliche de Las Perdices. De repente apareció un grupo de personas, entre los que estaba El Peto. Él se dirigió a su hija,que lo acompañaba, y le dijo que golpeara a la mujer. Y así fue: la tomó de atrás y la tiró al piso. Le tiró el pelo. Le propinó golpes de puño en la cabeza. Romero intervino y siguió con la golpiza. La víctima pudo zafarse y escapó con su hermana. El imputado, en correspondencia con el expediente, habría disparado tres tiros sin herir a nadie mientras la mujer huía.
Una hora más tarde, la víctima se encontraba con sus dos hermanas y otros amigos, en cercanías del cuartel de bomberos de la localidad. Romero apareció nuevamente con su hijo. El Peto llevaba un arma (que no fue hallada). Les apuntó. Los amenazó con matarlos.
El grupo de amigos siguió su curso hasta una estación de servicio. Y Romero los volvió a amenazar. Los damnificados, a pesar de todo, continuaron su recorrido. Estaban en un camino localizado detrás de la Terminal, cuando El Peto, que estaba con otro hijo, insistió: “Tengo una bala para cada uno”.
Otro acontecimiento se produjo el 6 de noviembre del año pasado, aproximadamente a las ocho y cuarto de la noche. El acusado fue a la casa de un hombre, situada en Vélez Sarsfield 1000. Al llegar, le colocó sobre el picaporte un cartucho 9 milímetros para exigirle un dinero que supuestamente le adeudaba. La víctima, tiempo después lo vio. El Peto se comunicó telefónicamente y le fue claro. “Conmigo no se juega”, dijo.
Durante la siesta del 18 de noviembre, Romero y otra persona que todavía no fue identificada fueron, en un Peugeot 206 azul, hasta una residencia infantil donde estaba el hombre que había sido amenazado. El acusado le fijó un plazo: “Tenés hasta las 21 del martes para pagar. Vos tenés familia e hija”. El otro hombre también colaboró: “Recordá negro que tenés mujer y una hija”.
El 20 de noviembre, la escena prácticamente se repitió. El Peto fue en una moto de 125 centímetros cúbicos hasta el domicilio del damnificado. Lo amenazó otra vez. Pero no fue lo único que hizo: después partió hacia la casa del suegro de la víctima y le infundió temor.
En concordancia con el requerimiento, el penúltimo y último hecho datan de un día después. El 21 de noviembre, a Romero le encontraron en su hogar, ubicado en calle Güemes, entre Belgrano y San Jerónimo, un revólver calibre 22 con dos cartuchos y apta para el disparo. A la vez, le secuestraron un envoltorio con 22,4 gramos de marihuana, otros tres con cocaína —uno con 4 gramos, otro con 3 y el último con 0,3— y 140 semillas de cannabis sativa.
Datos personales, alegatos y sentencia
Una vez que el secretario Walter Rodríguez terminó de darle lectura a la pieza acusatoria, el juez Félix Martínez le tomó los datos personales a Romero. El hombre contó, entre otras cosas, que tiene siete hijos, que cursó sus estudios hasta cuarto grado y confesó ser adicto a la marihuana y la cocaína. Al momento de declarar, confesó los cargos en su contra.
De esta manera, como se procede habitualmente, llegó el momento de que aleguen las partes. El primero en hacerlo fue el fiscal Francisco Márquez. Luego, llegó el turno de la defensa: Rodrigo Hayas. El abogado, en el marco de la presentación de sus fundamentos, planteó la inconstitucionalidad del mínimo legal previsto por el artículo 5 de la Ley 23.737 —fallo dictado en octubre de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba en la causa que se conoce como “Loyola, Sergio Alejandro”—.
En esa oportunidad, el TSJ declaró inconstitucional la escala penal para el último eslabón del comercio de estupefacientes —micromenudeo—. Además indicó que el mínimo de cuatro años viola el principio de proporcionalidad de las penas y de igualdad ante la ley.
Así, y tras un cuarto intermedio, el magistrado Martínez dictó el veredicto señalado al inicio —hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad de Hayas—.