La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Peinado, quien le imputó los delitos de malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida, según informaron medios de ese país.
El magistrado otorgó un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la posible apertura del juicio oral y presenten sus conclusiones provisionales.
En la resolución, el juez descartó el delito de intrusismo profesional, al considerar que no existen indicios suficientes. Además, rechazó extender la instrucción de la causa.
En el mismo expediente también fueron procesados la asesora Cristina Álvarez, vinculada al Palacio de la Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La investigación continúa su curso mientras se define el futuro judicial del caso.