La resolución, dictada por el vocal de la Cámara del Crimen de dicha ciudad, Roberto Couretot, también tuvo en cuenta los cargos que pesaban sobre el líder religioso por tenencia ilegal de arma de uso civil.
Los hechos más graves que cometió Bogero, según lo que se ventiló en la sala, tuvieron lugar en 2017 en perjuicio de S.G y P.A.M, quienes a sus 11 años fueron víctimas de abuso sexual con acceso carnal, delito que se agravó por la condición de guardador y ministro de culto.
En su veredicto, el camarista también dispuso que los antecedentes del maestro sean remitidos a la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville para que se investigue la comisión de delitos contra la integridad sexual de las presuntas hijas adoptivas del condenado, situación que implicaría una nueva causa con otras supuestas víctimas.
Asimismo, la Justicia también exigió que todo lo resuelto en este caso sea remitido a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Cultos ante la posible violación, por parte de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de normas de orden público, y las evidentes malas prácticas de dicho culto, frente a delitos contra la integridad sexual cometidos en el ejercicio de sus actividades religiosas.
En el fallo, la Cámara unipersonal también hizo saber que se denegó el pedido de prisión domiciliaria realizado por el imputado, quien de esta manera tendrá que cumplir la pena en un establecimiento penitenciario de la provincia de Córdoba.
Por último, la Justicia también ordenó el decomiso de una pistola marca Bersa calibre 22 corto y un revolver calibre 22 corto, marca Italo Gra, ambas halladas en poder del condenado.
Cabe mencionar que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también fue invitada, a nivel institución, a implementar medidas de prevención y respuesta frente a denuncias de abusos sexuales cometidos en el ejercicio de sus actividades religiosas. En tal modo, se solictó que se establezcan protocolos claros y específicos de acción frente a este tipo de denuncias, que se lleve adelante una política estricta de cero tolerancia frente a abusos sexuales, que se aseguren los mecanismos de supervisión y control para prevenir situaciones como las citadas, que se desarrollen programas de formación y sensibilización sobre el abuso sexual infantil para todos sus miembros, entre otras medidas.
