En la cabecera del Departamento Unión, el condenado tenía una “cueva” donde vendía y compraba dólares y otorgaba préstamos, todo sin habilitación y usando un estudio contable como pantalla
El Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba condenó a Marcos Luis Scazzola, un “cuevero” de Bell Ville, por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
La causa, que en las últimas horas terminó con una condena de ejecución condicional, reveló una estructura ilegal con préstamos, compraventa de dólares y uso de prestanombres.
En un juicio abreviado, Scazzola, de 48 años, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso. Además, deberá pagar una multa de 15 millones de pesos en cuotas y cumplir tareas comunitarias durante seis meses.
El fallo fue dictado por el juez José Quiroga Uriburu, quien consideró acreditadas las maniobras de intermediación financiera ilegal y lavado de activos en Bell Ville, una operatoria sostenida durante varios años.
A pesar de la condena, el acusado fue absuelto del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador por falta de acusación fiscal, punto que era el más grave dentro de la investigación judicial.
Cabe señalar que también fueron absueltas su esposa, Patricia Beatriz Burki, y su empleada, Sandra Liliana Meringer, ambas imputadas por asociación ilícita. En el caso de Burki, además, fue sobreseída por lavado menor debido a la prescripción.
Por otro lado, José Luis Sánchez, quien actuó como prestanombre en la adquisición de bienes, recibió un año de suspensión de juicio a prueba (probation) y deberá realizar tareas comunitarias.
La investigación contra Scazzola y su entorno había tenido su inicio a fines de 2019 con un denuncia anónima.
El acusado, según pudo comprobar la Justicia, operaba desde un supuesto estudio contable que funcionaba como pantalla para actividades ilegales.
El lugar, ubicado en la vecina ciudad de Bell Ville, en el Departamento Unión, carecía de identificación visible y funcionaba como una “cueva” financiera.
Allí se realizaban operaciones de compraventa de dólares, préstamos informales y descuento de cheques sin autorización.
El entonces fiscal José María Uriarte detectó, mediante escuchas telefónicas, diversas maniobras vinculadas a préstamos de dinero y operaciones con cheques, pruebas que fueron determinantes para avanzar en la causa.
Tras cuatro años de investigación, la fiscal María Virginia Miguel Carmona impulsó las imputaciones.
En ese marco, Scazzola admitió su responsabilidad en los hechos ocurridos entre 2019 y 2023.
Según se pudo corroborar, desde su “cueva”, Scazzola manejaba una cartera de clientes y realizaba operaciones con grandes sumas de dinero.
Las escuchas revelaron movimientos con pesos, dólares y cheques por montos millonarios.
Por ejemplo, en una de las conversaciones, el acusado mencionó transacciones por un millón de pesos en cheques. En otra, explicó cómo vendía dólares al valor del mercado informal y aceptaba pagos diferidos.
Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un cuaderno contable donde Scazzola registraba préstamos y deudas, documento que confirmó la sistematicidad de las maniobras financieras ilegales.
También se comprobó que utilizaba una caja de seguridad, abierta a nombre de su esposa, donde guardaba dinero en efectivo, dólares y pagarés, elemento que permitió reforzar las pruebas sobre el circuito de lavado de activos.
