Vecinos de distintos barrios de Berrotarán elevaron una nota al Concejo solicitando una audiencia para plantear su preocupación por las fumigaciones que se realizan en campos aledaños a la comunidad. Piden que se respete la zona de resguardo que fija la ley provincial de 500 metros de la zona urbana.
Tras presentar una nota ante el Legislativo, avalada por unas 150 firmas, el próximo lunes concurrirán a audiencia.
Los vecinos autoconvocados señalaron a Puntal que antes de llegar a esta instancia concurrieron a la Municipalidad para evacuar dudas. “No queremos generar polémica. Respetamos los procedimientos para reclamar, pero las fumigaciones cerca del pueblo nos preocupan. Hace tiempo que la gente se queja. Se percibe olor, hay gente que sufre alergias y muchas enfermedades”, dijo una de las vecinas impulsoras del reclamo.
“Queremos ir a la audiencia y ver qué respuestas nos dan ellos. Hace mucho tiempo que está la problemática, que la gente se queja y no hay devolución”. Los vecinos reclamantes, asimismo señalan que respetan los derechos de los dueños de las tierras de cuidarlas, pero piden se cuide la salud de la población.
“Ellos tienen que cuidar sus tierras, pero también hay gente que respira y no tenemos por qué envenenarnos. No sabemos con qué están fumigando”, sostuvieron los vecinos.
Por ser una zona de vientos permanentes, en ocasiones llega a la población el olor y la deriva de productos aplicados en los campos.
Más estricta que la ley provincial
En Berrotarán, y tal como ocurre en toda la región, es la Municipalidad que autoriza las fumigaciones rigiéndose por la ley provincial. Consultada sobre la inquietud de los vecinos, Leticia Gribaudo, secretaria de Gobierno, sostuvo que se cumple todos las reglamentaciones vigentes. “La ley provincial es muy clara: determina un resguardo de 500 metros para determinados productos, y dentro de esa distancia se puede fumigar con determinados productos (de banda azul o verde). Nosotros cumplimos con la ley, pero además fijamos una zona de restricción de 200 metros que en la ley no lo contempla”.
La funcionaria municipal, dijo que la inquietud de los vecinos es tomada, y que el lunes en reunión y con la presencia de especialistas agrónomos se evacuarán todas las dudas.
Gribaudo reiteró que el Municipio cumple estrictamente con la ley, exigiendo la presentación de receta fitosanitaria, controles e inspecciones, documentación de productos a aplicar, entre otros aspectos. Y agregó que los productores tienen la obligación y responsabilidad de informar sobre las aplicaciones que harán.
Reclamos en la zona
En las últimas semanas los reclamos por fumigaciones en proximidades de zona urbana, se reiteraron. Así también procedimientos de la Policía Ambiental que retuvo aplicadores no autorizados.
La intensificación de las labores en los campos para preparar la tierra en vistas a las nuevas siembras generan, paralelamente, estos reclamos de las poblaciones rodeadas por amplias zonas rurales.
En Del Campillo, el miércoles nuevamente los vecinos advirtieron sobre el fuerte olor a agroquímicos que llegaba a sus hogares, Situación que se reitera en menos de una semana.
Lo mismo ocurrió en Canals, Olaeta, y otras poblaciones, que obligaron a la intervención del órgano de control provincial que comenzó con actuaciones y evalúa posibles sanciones a los responsables.
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Los vecinos autoconvocados señalaron a Puntal que antes de llegar a esta instancia concurrieron a la Municipalidad para evacuar dudas. “No queremos generar polémica. Respetamos los procedimientos para reclamar, pero las fumigaciones cerca del pueblo nos preocupan. Hace tiempo que la gente se queja. Se percibe olor, hay gente que sufre alergias y muchas enfermedades”, dijo una de las vecinas impulsoras del reclamo.
“Queremos ir a la audiencia y ver qué respuestas nos dan ellos. Hace mucho tiempo que está la problemática, que la gente se queja y no hay devolución”. Los vecinos reclamantes, asimismo señalan que respetan los derechos de los dueños de las tierras de cuidarlas, pero piden se cuide la salud de la población.
“Ellos tienen que cuidar sus tierras, pero también hay gente que respira y no tenemos por qué envenenarnos. No sabemos con qué están fumigando”, sostuvieron los vecinos.
Por ser una zona de vientos permanentes, en ocasiones llega a la población el olor y la deriva de productos aplicados en los campos.
Más estricta que la ley provincial
En Berrotarán, y tal como ocurre en toda la región, es la Municipalidad que autoriza las fumigaciones rigiéndose por la ley provincial. Consultada sobre la inquietud de los vecinos, Leticia Gribaudo, secretaria de Gobierno, sostuvo que se cumple todos las reglamentaciones vigentes. “La ley provincial es muy clara: determina un resguardo de 500 metros para determinados productos, y dentro de esa distancia se puede fumigar con determinados productos (de banda azul o verde). Nosotros cumplimos con la ley, pero además fijamos una zona de restricción de 200 metros que en la ley no lo contempla”.
La funcionaria municipal, dijo que la inquietud de los vecinos es tomada, y que el lunes en reunión y con la presencia de especialistas agrónomos se evacuarán todas las dudas.
Gribaudo reiteró que el Municipio cumple estrictamente con la ley, exigiendo la presentación de receta fitosanitaria, controles e inspecciones, documentación de productos a aplicar, entre otros aspectos. Y agregó que los productores tienen la obligación y responsabilidad de informar sobre las aplicaciones que harán.
Reclamos en la zona
En las últimas semanas los reclamos por fumigaciones en proximidades de zona urbana, se reiteraron. Así también procedimientos de la Policía Ambiental que retuvo aplicadores no autorizados.
La intensificación de las labores en los campos para preparar la tierra en vistas a las nuevas siembras generan, paralelamente, estos reclamos de las poblaciones rodeadas por amplias zonas rurales.
En Del Campillo, el miércoles nuevamente los vecinos advirtieron sobre el fuerte olor a agroquímicos que llegaba a sus hogares, Situación que se reitera en menos de una semana.
Lo mismo ocurrió en Canals, Olaeta, y otras poblaciones, que obligaron a la intervención del órgano de control provincial que comenzó con actuaciones y evalúa posibles sanciones a los responsables.
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