La médica Betiana Cabrera Fasolis, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, se mostró satisfecha por la resolución del Tribunal Superior de Justicia, aunque lamentó que hayan tenido que pasar 7 años.
“Las organizaciones feministas y la Red de Profesionales por el Derecho a decidir estamos contentas porque hemos luchado mucho. Las mujeres cordobesas esperamos 7 años para que la Justicia se expida sobre algo que es un derecho consignado en el Código Penal desde el año 1921 y que fue ratificado por la Corte Suprema en el 2012”, señaló a Puntal la candidata a diputada nacional por Consenso Federal.
“Ahora es el turno de que los ejecutivos provincial y municipales arbitren los medios necesarios para que la aplicación de la guía sea una realidad. Se puede tomar el protocolo nacional o el de la Organización Mundial de la Salud. Las interrupciones legales del embarazo pueden ocurrir en el primer nivel de atención de la salud (como el caso de los dispensarios). El 80% de las interrupciones se da con un tratamiento medicamentoso. Lo que falta ahora son los instructivos y los insumos (el misoprostol) en todos los hospitales y centros de salud de primer nivel”, agregó.
-¿Qué ocurre si una mujer recibe una negativa pese a estar en condiciones de acceder a un aborto legal?
-El servicio de salud tiene la responsabilidad de derivarla si no le quiere garantizar el derecho. El Ministerio de Salud tiene que hacerse cargo.
-¿Qué sucede con las pacientes que se atienden en la parte privada?
-Deben cubrirlos las obras sociales. De hecho, el misoprostol ya tiene descuento por obra social. Deben cubrirlo.
Por último, cabe remarcar que, hasta ahora, los abortos no punibles se practicaban en el único establecimiento nacional que hay en la provincia de Córdoba y en los consultorios de salud amigables.
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“Ahora es el turno de que los ejecutivos provincial y municipales arbitren los medios necesarios para que la aplicación de la guía sea una realidad. Se puede tomar el protocolo nacional o el de la Organización Mundial de la Salud. Las interrupciones legales del embarazo pueden ocurrir en el primer nivel de atención de la salud (como el caso de los dispensarios). El 80% de las interrupciones se da con un tratamiento medicamentoso. Lo que falta ahora son los instructivos y los insumos (el misoprostol) en todos los hospitales y centros de salud de primer nivel”, agregó.
-¿Qué ocurre si una mujer recibe una negativa pese a estar en condiciones de acceder a un aborto legal?
-El servicio de salud tiene la responsabilidad de derivarla si no le quiere garantizar el derecho. El Ministerio de Salud tiene que hacerse cargo.
-¿Qué sucede con las pacientes que se atienden en la parte privada?
-Deben cubrirlos las obras sociales. De hecho, el misoprostol ya tiene descuento por obra social. Deben cubrirlo.
Por último, cabe remarcar que, hasta ahora, los abortos no punibles se practicaban en el único establecimiento nacional que hay en la provincia de Córdoba y en los consultorios de salud amigables.