En horas de la tarde desde el Municipio informaron que ayer, en los Tribunales locales, continuaron las tratativas para destrabar el embargo efectuado sobre bienes del Estado local, por un juicio iniciado en 2004 a partir de la expropiación de los terrenos en que se encuentran las 400 viviendas.
En tal sentido, el representante de los ejecutantes, el martillero y los abogados del Municipio arribaron a un acuerdo para suspender el remate dispuesto para mañana, que involucraba la playa de estacionamiento de la Terminal de Ómnibus y varios terrenos en el barrio Ramón Carrillo.
Según dieron cuenta, a instancias de los acreedores -que reclaman el pago desde agosto de 2012- para suspender la subasta, exigieron a la Municipalidad mejorar la oferta que formuló la semana pasada.
Por otra parte, también informaron que se firmó un acuerdo que deberá ser ratificado por el Concejo Deliberante. En el mismo se deja constancia que el Municipio tiene plazo hasta el 31 de marzo de 2020, ya sea para pagar la deuda o terminar con el trámite administrativo ante el órgano legislativo para entregar en pago los terrenos solicitados por los ejecutantes. Además, se establece que si nada de esto ocurre, se seguirá con el trámite de subasta.
Luego del acuerdo al que arribaron las partes, la Justicia deberá dictaminar si se suspende o no el remate. En el mismo sentido, el Concejo Deliberante tendrá que resolver si aprueba o no la cancelación de la deuda a los acreedores.
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Según dieron cuenta, a instancias de los acreedores -que reclaman el pago desde agosto de 2012- para suspender la subasta, exigieron a la Municipalidad mejorar la oferta que formuló la semana pasada.
Por otra parte, también informaron que se firmó un acuerdo que deberá ser ratificado por el Concejo Deliberante. En el mismo se deja constancia que el Municipio tiene plazo hasta el 31 de marzo de 2020, ya sea para pagar la deuda o terminar con el trámite administrativo ante el órgano legislativo para entregar en pago los terrenos solicitados por los ejecutantes. Además, se establece que si nada de esto ocurre, se seguirá con el trámite de subasta.
Luego del acuerdo al que arribaron las partes, la Justicia deberá dictaminar si se suspende o no el remate. En el mismo sentido, el Concejo Deliberante tendrá que resolver si aprueba o no la cancelación de la deuda a los acreedores.
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