La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de "grave" el decreto firmado por la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que reprimen las protestas de los seguidores de Evo Morales, porque "desconoce los estándares internacionales de derechos humanos".
“El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”, advierte el organismo en su cuenta de Twitter.
El decreto fue duramente cuestionado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, luego que la CIDH reportara ayer que las protestas iniciadas el 20 de octubre dejaron 23 muertos y 715 heridos (de ellos, nueve muertos y 122 heridos sólo el viernes pasado).
Junto al mensaje publicó las tres hojas del decreto 4078, aprobado el 14 de noviembre con la firma de Áñez y de 11 de sus ministros.
El artículo 3 de la norma legal establece que “el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal".
“Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D.S. 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos", afirma el decreto en otro artículo.
El artículo 11 del Código Penal hace justamente referencia a que están exentos de responsabilidad por legítima defensa, Estado de necesidad y "ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber".
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El decreto fue duramente cuestionado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, luego que la CIDH reportara ayer que las protestas iniciadas el 20 de octubre dejaron 23 muertos y 715 heridos (de ellos, nueve muertos y 122 heridos sólo el viernes pasado).
Junto al mensaje publicó las tres hojas del decreto 4078, aprobado el 14 de noviembre con la firma de Áñez y de 11 de sus ministros.
El artículo 3 de la norma legal establece que “el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal".
“Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D.S. 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos", afirma el decreto en otro artículo.
El artículo 11 del Código Penal hace justamente referencia a que están exentos de responsabilidad por legítima defensa, Estado de necesidad y "ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber".