El MAS pide amnistía y se complica la aprobación de elecciones en Bolivia
Mientras el Senado avaló por unanimidad el llamado a votar nuevamente en el 2020, los legisladores del partido de Evo presentaron un proyecto para darles inmunidad al expresidente y todos los funcionarios de su gobierno
El Movimiento al Socialismo (MAS), partido del exmandatario boliviano Evo Morales, presentó ayer un proyecto de ley en el Senado para dar inmunidad al exgobernante indígena y los antiguos miembros de su gobierno, una iniciativa que fue rechazada por el oficialismo y la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.
Previamente, el pleno de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia había aprobado, por unanimidad, el Proyecto de Ley de "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales".
De inmediado el cuerpo trasladó la iniciativa a la Cámara de Diputados para su tratamiento, con dispensación de trámite para que comenzara el tratamiento ayer mismo, informaron EFE y el diario paceño Página Siete, pero el proyecto de amnistía los enfrentó nuevamente.
Llamado a votar de nuevo
El MAS habría presentado una propuesta, que incluso proponía el 12 de enero de 2020 como fecha de las elecciones, y el gobierno provisional otra, que insistía en que se respete el límite constitucional de dos mandatos seguidos para habilitar candidaturas.
La ley que se tramita anularía los comicios del pasado 20 de octubre e incluiría una serie de excepciones a la normativa electoral para acelerar la convocatoria a las urnas, empezando por el nombramiento de forma más rápida de un nuevo órgano electoral.
En tanto, la medida sobre la amnistía fue presentada por la senadora quechua del MAS Sonia Chiri.
Perdón e indemnizaciones
El proyecto legislativo para "reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano" indicó que busca “prohibir las acciones de hecho, detenciones, aprehensiones y procesos judiciales” contra Morales y los antiguos integrantes de su Ejecutivo.
Pretende, además, liberar a aquellos detenidos en protestas desde los comicios del 20 de octubre, indemnizar a las familias de los fallecidos en el conflicto y que el Estado dé los salvoconductos necesarios para las demandas de asilo de exautoridades.
Rechazo de Áñez
Tras su presentación, la propuesta fue rechazada por las bancadas del oficialista Unidad Demócrata y del Partido Demócrata Cristiano, y el Senado entró en cuarto intermedio.
El rechazo fue también manifestado por Áñez, quien advirtió que no promulgará la norma.
“Mi decisión es clara y firme, no voy a promulgar esa ley. No podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”, aseguró la mandataria interina, citada por el diario El Deber.
En conferencia de prensa, Áñez acusó al MAS de pretender aprovechar su mayoría parlamentaria e insistió que los principios de su gobierno "no son negociables".
Si bien afirmó que su Ejecutivo "no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico", éste aceptará las decisiones de la Justicia de investigar y sancionar a responsables de delitos.
"No vamos a participar escribiendo una historia de infamia", sentenció.
El MAS presentó este proyecto legislativo un día después de que el gobierno de facto denunciara formalmente ante la Fiscalía de La Paz a Morales por delitos de "terrorismo y sedición".
Tras presentarse la acusación, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, solicitó la autorización para poder interrogar al exmandatario en México, país que le brinda asilo.
La denuncia está basada en un video divulgado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, donde supuestamente el expresidente fomentaba los piquetes en las ciudades para forzar la salida del nuevo Ejecutivo.
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Previamente, el pleno de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia había aprobado, por unanimidad, el Proyecto de Ley de "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales".
De inmediado el cuerpo trasladó la iniciativa a la Cámara de Diputados para su tratamiento, con dispensación de trámite para que comenzara el tratamiento ayer mismo, informaron EFE y el diario paceño Página Siete, pero el proyecto de amnistía los enfrentó nuevamente.
Llamado a votar de nuevo
El MAS habría presentado una propuesta, que incluso proponía el 12 de enero de 2020 como fecha de las elecciones, y el gobierno provisional otra, que insistía en que se respete el límite constitucional de dos mandatos seguidos para habilitar candidaturas.
La ley que se tramita anularía los comicios del pasado 20 de octubre e incluiría una serie de excepciones a la normativa electoral para acelerar la convocatoria a las urnas, empezando por el nombramiento de forma más rápida de un nuevo órgano electoral.
En tanto, la medida sobre la amnistía fue presentada por la senadora quechua del MAS Sonia Chiri.
Perdón e indemnizaciones
El proyecto legislativo para "reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano" indicó que busca “prohibir las acciones de hecho, detenciones, aprehensiones y procesos judiciales” contra Morales y los antiguos integrantes de su Ejecutivo.
Pretende, además, liberar a aquellos detenidos en protestas desde los comicios del 20 de octubre, indemnizar a las familias de los fallecidos en el conflicto y que el Estado dé los salvoconductos necesarios para las demandas de asilo de exautoridades.
Rechazo de Áñez
Tras su presentación, la propuesta fue rechazada por las bancadas del oficialista Unidad Demócrata y del Partido Demócrata Cristiano, y el Senado entró en cuarto intermedio.
El rechazo fue también manifestado por Áñez, quien advirtió que no promulgará la norma.
“Mi decisión es clara y firme, no voy a promulgar esa ley. No podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”, aseguró la mandataria interina, citada por el diario El Deber.
En conferencia de prensa, Áñez acusó al MAS de pretender aprovechar su mayoría parlamentaria e insistió que los principios de su gobierno "no son negociables".
Si bien afirmó que su Ejecutivo "no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico", éste aceptará las decisiones de la Justicia de investigar y sancionar a responsables de delitos.
"No vamos a participar escribiendo una historia de infamia", sentenció.
El MAS presentó este proyecto legislativo un día después de que el gobierno de facto denunciara formalmente ante la Fiscalía de La Paz a Morales por delitos de "terrorismo y sedición".
Tras presentarse la acusación, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, solicitó la autorización para poder interrogar al exmandatario en México, país que le brinda asilo.
La denuncia está basada en un video divulgado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, donde supuestamente el expresidente fomentaba los piquetes en las ciudades para forzar la salida del nuevo Ejecutivo.