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La Corte Suprema investiga a Bolsonaro por posibles delitos

Aun bajo presión, el Presidente designó a dos funcionarios leales al frente del Ministerio de Justicia y de la Policía Federal, que tienen bajo la lupa a tres hijos del jefe de Estado

La Corte Suprema de Justicia de Brasil abrió una investigación para determinar si el presidente Jair Bolsonaro cometió delitos, tras un pedido del fiscal general Augusto Aras por las denuncias realizadas por el exministro de Justicia y Seguridad Pública Sergio Moro, que podrían derivar en un proceso de juicio político contra el mandatario.

La decisión fue tomada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, quien tomó un pedido del fiscal general, Augusto Aras, para que se investiguen los delitos denunciados por Moro el viernes, al renunciar a su cargo, en los que señalaba que el presidente brasileño pretendía manipular las investigaciones que lleva adelante la Policía Federal.

Según Moro, exjuez de la Operación Lava Jato, cuya fama lo llevó a ser miembro del gabinete del actual gobierno, Bolsonaro echó al jefe de la Policía Federal para reemplazarlo por otro que le pudiera dar acceso a investigaciones y material de inteligencia.

Es que supuestamente la Policía Federal, bajo el comando de Moro, tenía información sobre los tres hijos del Presidente que forman parte de su entorno político de mayor confianza, uno de los cuales, el senador Flavio Bolsonaro, es considerado sospechoso por la Fiscalía de lavar dinero de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro para las bandas parapoliciales.

El juez Mello dio 60 días de plazo para interrogar a Moro, que en caso de no tener pruebas de sus acusaciones corre el riesgo de ser imputado de falso testimonio.

Moro mostró conversaciones de WhatsApp con Bolsonaro en las que el Presidente le pide acceder a investigaciones que la Justicia abrió contra sus aliados y sus hijos.

Bolsonaro negó las acusaciones de Moro y dijo que el exministro debe ser investigado.

Una vez que se concrete la investigación ordenada por la Corte, el fiscal general deberá resolver si presenta o no la denuncia contra el Presidente.

Este proceso es prolongado porque la denuncia debe presentarse ante la Cámara de Diputados, donde se requiere una mayoría especial de los dos tercios para aceptarla y, eventualmente, disponer el apartamiento por 180 días del cargo del jefe de Estado.

En 2017 eso ocurrió con el entonces presidente Michel Temer, quien fue denunciado por corrupción por el fiscal general, pero, en ese caso, el Congreso rechazó la acusación, que comenzó a ser ejecutada una vez terminado el mandato.

Nombramientos

Por lo pronto, Bolsonaro nombró ayer al abogado general del Gobierno y pastor evangelista como ministro de Justicia y al director de la Agencia Nacional de Inteligencia como jefe de la Policía Federal.

En medio de la reconfiguración de su Gobierno y debilitado por la salida de Moro y sus denuncias, Bolsonaro desafió a sus críticos y designó a leales que además cumplen con los requisitos de sus aliados parlamentarios, algo clave para detener la veintena de pedidos de juicio político que sus rivales y exaliados presentaron ante el Congreso para destituirlo.

El presidente ultraderechista designó como ministro de Justicia y Seguridad Pública a André Mendonça, el abogado general del Gobierno hasta hoy y un hombre que cumple con dos demandas del bolsonarismo parlamentario: es pastor evangélico y candidato a ocupar el lugar que se liberará en el Supremo Tribunal Federal (corte) en noviembre próximo.

"El mio será un trabajo técnico", adelantó Mendonça, un funcionario de carrera de la abogacía del Estado desde 2000, que pasó por los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer.

Pero la designación que causó más ruido fue la del jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem, como nuevo director de la Policía Federal.

La decisión fue oficializada ayer por el Diario Oficial de la Unión, el Boletín Oficial brasileño.

Ramagem es comisario de la Policía Federal y amigo personal de Carlos Bolsonaro, el hijo concejal del mandatario, que es señalado por la oposición como el supuesto responsable de una "oficina del odio", tal como algunos aliados y muchos rivales llaman a las operaciones de desprestigio en las redes contra los detractores del Gobierno.