Hasta la irrupción del COVID-19, poco se conocía sobre los estudios clínicos, que son los procedimientos científicos que evalúan la eficacia y seguridad de nuevos medicamentos para determinar si pueden ser aprobados y administrados en personas. De todas maneras la disciplina ya venía en franco crecimiento en nuestro país en los cinco años previos a la pandemia.

Según la Encuesta de Investigación y Desarrollo del Sector Empresario Argentino, coordinada por la Dirección Nacional de Información Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, la investigación clínica tenía una participación del 27,1% en la inversión total en investigación y desarrollo en Argentina en 2018, y aumentó en 2019 hasta el 32,5% lo que marca un incremento de más de 5 puntos porcentuales.

Si bien unas 1000 empresas en Argentina hacen investigación y desarrollo, el sector farmacéutico posee un enorme peso específico, ya que alrededor de 50 laboratorios que hacen investigación clínica (el 5% del total de empresas con I+D) concentran un tercio del total de la inversión.

En este sector, el 95% de la inversión en investigación clínica aquí corresponde a la actividad de los miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que nuclea a los laboratorios de innovación, y de la Cámara de Organizaciones de Investigación Clínica (CAOIC).

“Investigar medicamentos y vacunas en el país, para COVID-19 o para cualquier otra enfermedad, trae múltiples beneficios, tanto para los pacientes, como para la formación de los profesionales de la salud involucrados y para la economía en su conjunto: además de la generación de empleo directo e indirecto, la encuesta mostró que los estudios clínicos se solventan en un 63% con recursos que provienen directamente de las casas matrices de las compañías farmacéuticas, lo que se traduce en un ingreso genuino de divisas al país, producto de la exportación de servicios”, explicó la Dra. Susana Baldini, directora médica de CAEME.

En los últimos años, se tomaron medidas para que Argentina pudiera ser más competitiva y ser seleccionada para participar en más protocolos, sobre todo mejorando los tiempos que tomaba a la autoridad regulatoria otorgar la autorización para realizar un ensayo en el país, lo que muchas veces era un obstáculo que hacía que otros países se anticiparan. Se logró pasar de un promedio de 137 días en 2017 a 78 días en 2020 (una reducción del 43%). Esto se tradujo en la realización de 173 estudios clínicos en 2020 contra 118 en 2017 (un crecimiento del 45%).

Redacción Salud & Ciencia