Condenaron a una organización que vendía autos robados en Oliva
Ocho personas, dos de ellas policías, recibieron penas que van desde los 3 años hasta los 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Tanto el Ministerio Público Fiscal como las defensas alegaron y se dictó la sentencia
Poco antes de las nueve de la noche, en la Cámara del Crimen, se conoció la sentencia para los ocho miembros de una organización que se dedicaba a vender autos robados.
Por unanimidad, los jurados populares encontraron a todos los integrantes culpables de asociación ilícita, entre otros delitos. Silvia Andrea Bogaert (44), Rubén Alberto Arce (51), Nelson Oscar Bracamonte (51), Ezequiel David Flores (32), Carlos Iván Silva (35) y Mario Alberto Soria (42) fueron condenados a 3 años de prisión efectiva. En tanto, los policías David Omar Cánova (32) y Nancy María de Lourdes García (42) recibieron 4 años y 6 meses y 3 años y 8 meses, respectivamente.
Como se dijo, además de la pena por asociación ilícita, se les atribuyeron otros ilícitos. A Bogaert se le endilgaron encubrimiento agravado reiterado, sustitución de numeración de objeto registrable, adulteración de documentos públicos (en calidad de partícipe necesaria) y estelionato.
A Arce, igualmente, se le atribuyeron encubrimiento agravado y estelionato reiterado (y lo absolvieron por un hecho de encubrimiento). A Bracamonte, Flores, Silva, Soria, Cánova y García se los sentenció, asimismo, por encubrimiento agravado reiterado. A los primeros cuatro, además, por sustitución de numeración de objeto registrable.
Los efectivos, en tanto, recibieron el veredicto por incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, abuso de autoridad y hurto simple. La diferencia en sus condenas se vincula con que, al momento de declarar, mientras Cánova negó la acusación, García confesó (previo acuerdo con el Ministerio Público Fiscal).
Al mismo tiempo, la resolución conllevó otras cuestiones. Se requirió que Flores pueda acceder a un tratamiento médico porque padece psoriasis (afección en la piel) y que García participe de un tratamiento psicológico/psiquiátrico porque está luchando contra una enfermedad oncológica.
Por último, de esta forma, gran parte de los imputados estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Cabe mencionar que hay más personas imputadas por la causa pero que no llegaron al juicio porque antes solicitaron el instituto de la probation (suspensión de juicio a prueba). Se trata de Carlos Antonio Orellano, Alejandro Javier Ostorero, Claudio Alejandro Martínez, Mariano Matías Pablo Santillán, Jorge Esteban Suárez, Sergio Adrián Espósito y Claudio Martín González.
Alegó el Ministerio Público Fiscal
Pasadas las diez y media de la mañana inició la segunda y última audiencia. En primer lugar, el juez que presidió el juicio, Félix Martínez, recordó que ya se había incorporado por la lectura toda la prueba obrante y, así, dio lugar a que las partes aleguen.
Como informó en la edición de ayer, en este debate, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Francisco Javier Márquez, por la fiscal de Oliva Mónica Biandrate y Nadia Padilla (colaboradora de Biandrate).
Márquez presentó los fundamentos en representación del conjunto. Márquez expuso en el recinto durante aproximadamente tres horas. Lo hizo desde minutos desde que el Tribunal le dio la palabra hasta minutos antes de la una de la tarde. Y continuó durante casi una hora más desde alrededor de las cuatro.
El funcionario sostuvo la acusación y repasó cada uno de los hechos de la pieza acusatoria. Se dirigió a los miembros del jurado popular y les explicó en qué consisten los delitos por los que los acusados llegaron al banquillo. Les dijo, por ejemplo, que si una persona le pide a otra que robe, esa primera persona es partícipe de robo. Les dijo que distinto es si una persona roba algo y se lo lleva a otra: eso es encubrimiento (ilícito por el que fueron condenados gran parte de los imputados). Les dijo también que una asociación ilícita consiste en un grupo de gente que tácito o explícitamente acuerdan cometer diferentes clases de delitos. Les aclaró, además, que si alguien vende (en este casos vehículos) a sabiendas de su procedencia delictiva, ello configura estelionato.
El funcionario miró a los integrantes que asumieron el rol del Estado y les recordó que todos, excepto Cánova, confesaron en la audiencia del lunes. Los miró y les expresó que los abogados y abogadas, en esos casos, decidieron que la mejor defensa suponía “evitar riesgos”.
Hairabedián, anteayer, cuando presentó el caso, se refirió a las fechas. Hizo alusión a ello porque en la pieza acusatoria, de algunos episodios, se dice que “no se puede precisar con exactitud pero presumiblemente”. El abogado insistió en eso y, ayer, cuando alegó, volvió a insistir. Sin embargo, eso se tratará más adelante.
Márquez contradijo a Hairabedián e indicó que las fechas sí están determinadas. Dijo que está establecido cuándo se produjeron los robos y cuándo se secuestraron los rodados. Y aclaró que lo que no se puede probar es exactamente en qué momento (aunque sí figura en el requerimiento el período en el que sucedió: de 2014 a 2016) cada uno de los acusados, por ejemplo, recibió los autos y camionetas sustraídas.
El expediente cuenta con 25 hechos. En la Cámara del Crimen se leyeron sólo los 18 en los que estuvieron implicados los acusados. Márquez los revisó uno por uno hasta el cansancio. A lo largo de su relato, entre otras tantas cosas, habló de la Policía como institución. Dijo que es un elemento de “control social”. Dijo que sin ella “no podemos vivir”. “Pero los necesitamos buenos”, precisó. Y cuando dijo buenos, hizo alusión a los que se encargaron de investigarse. Porque, sostuvo, fueron los propios efectivos los que se encargaron de “limpiarse de los miembros” que no merecen ejercer esa función. Y cuando dijo buenos, mencionó a los testigos que comparecieron el lunes: Edgar David Fonseca (a cargo de la investigación) y Víctor Alejandro Idoria (intervino en las escuchas telefónicas).
Las escuchas telefónicas fueron otro punto clave en la exposición de Márquez. Las escuchas telefónicas sirvieron, dijo el fiscal, como el hilo del ovillo (o la luz de una corona según la versión del mito) con la que Ariadna ayudó a Teseo a salir del laberinto donde batalló con el Minotauro para liberar al pueblo ateniense.
El fiscal rememoró los sucesos en profundidad. Releyó fragmentos de la pieza acusatoria y se remitió a la prueba. Habló sobre los dos sellos de médicos del Sanatorio Privado Oliva S. A. (y otro sello de la institución) que recibió Bogaert. Habló sobre la adulteración de la licencia de la mujer. Habló sobre los robos en la capital cordobesa: el del Chevrolet Cruze en barrio Alberdi (que, de acuerdo con el expediente, habría sido secuestrado, posteriormente, en un allanamiento ilegal desarrollado por los cabos García y Cánova para continuar con la maniobra delictiva), el del Volkswagen Suran en el barrio Liceo, el del Volkswagen Voyage en Lomas de San Martín, el de la Amarok TDI en el residencial Santa Ana, el del Ford Focus CLX en el Ducasse, el del Peugeot 208 en el Parque Sarmiento. Habló sobre la venta de una Toyota en Oncativo. Habló. Habló. Dijo que la prueba se rebate con más prueba.
Para ello se refirió a los testimonios de vecinos y citó a su abuela. Dijo que ella decía que los testigos son “pagados por uno en contra de uno” porque son “los primeros investigadores”, porque están ahí, en el entorno, escuchan, ven. Y lo hacen, tal vez, involuntariamente. Uno de esos testimonios es el de un albañil que trabajaba en la vivienda de Bogaert. En consonancia con lo que indicó Márquez, él sabía, por ejemplo, que la mujer ofrecía dinero para que alguien le trajera sellos. “La profesión de Bogaert era vender autos truchos. El tarot era la mascarada”, manifestó. Y agregó que su capacidad para convencer era “tremenda”. Cuando le tomaron los datos personales anteayer, cabe recordar, la imputada describió que ese era su oficio y que además había cursado capacitaciones de coach ontológico y de atención pre-hospitalaria (paramédica).
Con Bogaert se tomó su tiempo y aclaró que no se la podía considerar como jefa porque del entramado probatorio eso no afloraba. Márquez se explayó sobre una conversación que ella habría mantenido con Sergio Adrián Espósito (que como se dijo solicitó la probation). En ese diálogo, supuestamente, ella le habría dicho que, en Villa María, un comisario ya vendió alrededor de 37 autos. “No sé si es verdad o mentira”, señaló el fiscal y pidió que se investigue.
El domicilio de Bogaert, al parecer, un punto de encuentro. El representante del Ministerio Público Fiscal continuó con los testimonios de vecinos que proyectan escenas como éstas: vehículos de alta gama o nuevos que llegaban a la casa, rodados tapados con lonas en el garaje, que permanecían ahí y después desaparecían; mucho movimiento de gente; concurrencia de funcionarios policiales (entre ellos Cánova y García) a la madrugada; Bogaert intimidando; etcétera.
“¿Hay prueba o no hay prueba”, preguntó Márquez.
Y así, una nueva ojeada sobre esa organización “con vocación de permanencia y con división del trabajo”. Esa banda que cometía delitos contra la administración pública, la fe pública y la propiedad. Ese grupo con roles, la supresión de chapas patentes, la colocación de apócrifas, la receptación y ocultamiento de los vehículos, el traslado desde Córdoba a Oliva y otras localidades, la venta ilegal. Así, generar perjuicio patrimonial en beneficio propio. Y así, el pedido de penas. Márquez solicitó, para todos, condenas efectivas. Para todos requirió sentencia por asociación ilícita.
Para Bogaert, además, pidió 3 años por encubrimiento agravado, sustitución de objeto registrable y falsificación de documentos públicos (en este último ilícito en calidad de partícipe necesaria). Además, hizo referencia al criterio de mínima suficiencia (se basa, a modo de síntesis, en preguntarse en cuánto debe consistir la sanción para que la persona recapacite y se resocialice).
Para Bracamonte, Flores, Silva, Soria, Cánova, García y Arce solicitó también 3 años por encubrimiento agravado. A los primeros cuatro, asimismo, requirió que se los pene por sustitución de objeto registrable. Por su lado, a Arce se le endilgó estelionato.
A Cánova y García, a la vez, se le atribuyó incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, abuso de autoridad y hurto simple. Mientras para el hombre solicitó 6 años (no confesó su participación en los hechos cuando el Tribunal lo interrogó), para la mujer (paciente oncológica) pidió 3 años.
Alegó la defensa
El primero en presentar sus argumentos fue Alejandro Rafael Dragotto (Bogaert y Silva). El letrado, en su exposición, contó que había anticipado que sus defendidos iban a confesar y aclaró que Bogaert no ostentaba ningún rol jerárquico, por lo que de ninguna manera podía considerársela líder (aspecto con el que, como se indicó anteriormente, coincidió el fiscal). Seguidamente, habló sobre lo que se denomina juicio abreviado (que permite agilizar el proceso tras la confesión de los imputados) y, en ese sentido, destacó la importancia de la resocialización para que no vuelvan a quebrantar la ley, el pacto social. Por otro lado, y para terminar, subrayó la significación de las garantías legales y de los Pactos Internacionales. De esta manera, adhirió con lo pedido por Márquez.
En segundo lugar, exhibieron su postura las abogadas Florencia Vottero y Rocío Tosolini (Arce). Tomó la palabra la primera de ellas y recordó que, su compañera, en la presentación del caso, se refirió a la importancia de las pruebas y de las fechas. Sobre este último aspecto, dijo que era necesario preguntarse desde cuándo ingresó a la asociación ilícita (recordar que Arce confesó sólo los hechos desde 2016). Al respecto, continuó expresando que, de los años previos, “no hay prueba” y adhirió no sólo al pedido de absolución por uno de los hechos de encubrimiento, sino también al resto de la calificación requerida por el Ministerio Público. Finalmente, indicó que estar privado de la libertad es “terrible” en términos laborales y familiares.
Prosiguió Cristina Petrelli (Bracamonte). Dijo que ella le aconsejó a su defendido el reconocimiento de los hechos, repasó la imputación y solicitó el mínimo de la pena.
El cuarto fue Héctor Hugo Luna (Flores), quien se dirigió a los jurados populares y les dijo que ellos determinarían la existencia del hecho y la culpabilidad o no de los acusados. Por otra parte, citó algunos fallos jurisprudenciales y, al terminar, solicitó que su asistido reciba tratamiento, debido a que su enfermedad se agravó tras el tiempo detenido.
En quinto lugar, Iván Rivarola y Mario Bongianino (García) formularon sus planteos. El segundo de ellos habló y mencionó que el lunes había insistido en los aspectos del juicio: oral, público, contradictorio y continuado. Coincidió con sus colegas, hizo hincapié en el peso de la prueba y recalcó que en los procesos penales, el que calla no otorga, sino que no dice nada. Rivarola, por su lado, apeló a la situación personal de García. Habló de su enfermedad, de que es madre de tres hijos y de que lleva 18 meses detenida. Y, al finalizar, dijo que, inclusive, ofrecían una fianza en caso de que fuera necesario.
El penúltimo fue Manuel Toledo (Soria). Hizo honor a la brevedad: remarcó la conducta ejemplar de su asistido y coincidió con lo solicitado por Márquez.
Carlos Hairabedián, acompañado por el abogado Octavio Ibarra —intendente electo de Oliva—, fue el encargado de concluir y, al igual que anteayer, se paró frente a los jurados populares y enunció sus conclusiones. El reconocido abogado (hace 54 años que ejerce y estuvo detenido durante la última dictadura militar) habló de un “tropel de hechos” que conformaron “un universo de muy difícil penetración”. Por otro lado, les dijo quienes asumieron el papel de autoridad pública que los iba a hacer trabajar: que los iba a hacer pensar. “¿Cómo se defiende en un proceso penal? Hablando, aportando prueba”, indicó.
Inmediatamente después, añadió: “Si hay una institución en la que se miente descaradamente es en la Justicia”. En este sentido, se refirió a quienes suelen comparecer. Sobre ello, precisó que lo hacen, por lo menos, por tres motivos: por intereses con los imputados, por intereses con la víctima o por miedo a comprometerse.A la vez, describió que quienes se defienden tienen derechos aunque se equivoquen. “A mi defendido se le atribuye ser miembro de una asociación ilícita”, agregó. Y en esta dirección, citó a “los más eminentes juristas”, como Eugenio Raúl Zaffaroni y Julio Maier, que ponen en duda la existencia de la asociación ilícita como tal.
Con posterioridad, se opuso a lo alegado por el fiscal y sostuvo que no se pueden responder preguntas relacionadas con el cómo surgió la organización, cuándo, dónde y durante qué plazo. “La prueba de asociación ilícita no la demostró. Se limitó a leer. No sacó conclusiones”, puntualizó. Los mismos interrogantes se hizo sobre la acusación que recayó sobre Cánova, vinculada al traslado de los vehículos. “Es algo fantasmal, imaginario”, dijo. Respecto de los hechos, citó a al filósofo Nietzsche. “Los hechos no existen. Existen las interpretaciones. Es lo que prevalece”, mencionó. En otra parte de su alocución, se refirió a los testimonios de los policías Fonseca e Idoria. “Son prueba contundente de que no sabían nada”, sentenció. “No se acuerdan de nada”, dijo y habló de “ineficacia”.
Continuó y se detuvo en un episodio: el del Chevrolet Cruze y el allanamiento ilegal. Sobre ese acontecimiento, sostuvo que el fiscal le ocultó a los jurados populares quién es la persona a la que le secuestraron el auto. “Es una condenada por estafa. ¿Por qué creerle a ella y no a mi defendido?, remató y insistió en “inexactitudes” en torno a la causa. Finalmente, pidió la absolución para Cánova y, subsidiariamente —en caso de que los jurados populares encontraran un atisbo de culpabilidad—, requirió que se le reduzca la pena.
Así, se dictó un cuarto intermedio de aproximadamente dos horas. Así se regresó al quinto piso. Así, tras deliberar, se dictó el veredicto. Así. A sala llena.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal
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Por unanimidad, los jurados populares encontraron a todos los integrantes culpables de asociación ilícita, entre otros delitos. Silvia Andrea Bogaert (44), Rubén Alberto Arce (51), Nelson Oscar Bracamonte (51), Ezequiel David Flores (32), Carlos Iván Silva (35) y Mario Alberto Soria (42) fueron condenados a 3 años de prisión efectiva. En tanto, los policías David Omar Cánova (32) y Nancy María de Lourdes García (42) recibieron 4 años y 6 meses y 3 años y 8 meses, respectivamente.
Como se dijo, además de la pena por asociación ilícita, se les atribuyeron otros ilícitos. A Bogaert se le endilgaron encubrimiento agravado reiterado, sustitución de numeración de objeto registrable, adulteración de documentos públicos (en calidad de partícipe necesaria) y estelionato.
A Arce, igualmente, se le atribuyeron encubrimiento agravado y estelionato reiterado (y lo absolvieron por un hecho de encubrimiento). A Bracamonte, Flores, Silva, Soria, Cánova y García se los sentenció, asimismo, por encubrimiento agravado reiterado. A los primeros cuatro, además, por sustitución de numeración de objeto registrable.
Los efectivos, en tanto, recibieron el veredicto por incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, abuso de autoridad y hurto simple. La diferencia en sus condenas se vincula con que, al momento de declarar, mientras Cánova negó la acusación, García confesó (previo acuerdo con el Ministerio Público Fiscal).
Al mismo tiempo, la resolución conllevó otras cuestiones. Se requirió que Flores pueda acceder a un tratamiento médico porque padece psoriasis (afección en la piel) y que García participe de un tratamiento psicológico/psiquiátrico porque está luchando contra una enfermedad oncológica.
Por último, de esta forma, gran parte de los imputados estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Cabe mencionar que hay más personas imputadas por la causa pero que no llegaron al juicio porque antes solicitaron el instituto de la probation (suspensión de juicio a prueba). Se trata de Carlos Antonio Orellano, Alejandro Javier Ostorero, Claudio Alejandro Martínez, Mariano Matías Pablo Santillán, Jorge Esteban Suárez, Sergio Adrián Espósito y Claudio Martín González.
Alegó el Ministerio Público Fiscal
Pasadas las diez y media de la mañana inició la segunda y última audiencia. En primer lugar, el juez que presidió el juicio, Félix Martínez, recordó que ya se había incorporado por la lectura toda la prueba obrante y, así, dio lugar a que las partes aleguen.
Como informó en la edición de ayer, en este debate, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Francisco Javier Márquez, por la fiscal de Oliva Mónica Biandrate y Nadia Padilla (colaboradora de Biandrate).
Márquez presentó los fundamentos en representación del conjunto. Márquez expuso en el recinto durante aproximadamente tres horas. Lo hizo desde minutos desde que el Tribunal le dio la palabra hasta minutos antes de la una de la tarde. Y continuó durante casi una hora más desde alrededor de las cuatro.
El funcionario sostuvo la acusación y repasó cada uno de los hechos de la pieza acusatoria. Se dirigió a los miembros del jurado popular y les explicó en qué consisten los delitos por los que los acusados llegaron al banquillo. Les dijo, por ejemplo, que si una persona le pide a otra que robe, esa primera persona es partícipe de robo. Les dijo que distinto es si una persona roba algo y se lo lleva a otra: eso es encubrimiento (ilícito por el que fueron condenados gran parte de los imputados). Les dijo también que una asociación ilícita consiste en un grupo de gente que tácito o explícitamente acuerdan cometer diferentes clases de delitos. Les aclaró, además, que si alguien vende (en este casos vehículos) a sabiendas de su procedencia delictiva, ello configura estelionato.
El funcionario miró a los integrantes que asumieron el rol del Estado y les recordó que todos, excepto Cánova, confesaron en la audiencia del lunes. Los miró y les expresó que los abogados y abogadas, en esos casos, decidieron que la mejor defensa suponía “evitar riesgos”.
Hairabedián, anteayer, cuando presentó el caso, se refirió a las fechas. Hizo alusión a ello porque en la pieza acusatoria, de algunos episodios, se dice que “no se puede precisar con exactitud pero presumiblemente”. El abogado insistió en eso y, ayer, cuando alegó, volvió a insistir. Sin embargo, eso se tratará más adelante.
Márquez contradijo a Hairabedián e indicó que las fechas sí están determinadas. Dijo que está establecido cuándo se produjeron los robos y cuándo se secuestraron los rodados. Y aclaró que lo que no se puede probar es exactamente en qué momento (aunque sí figura en el requerimiento el período en el que sucedió: de 2014 a 2016) cada uno de los acusados, por ejemplo, recibió los autos y camionetas sustraídas.
El expediente cuenta con 25 hechos. En la Cámara del Crimen se leyeron sólo los 18 en los que estuvieron implicados los acusados. Márquez los revisó uno por uno hasta el cansancio. A lo largo de su relato, entre otras tantas cosas, habló de la Policía como institución. Dijo que es un elemento de “control social”. Dijo que sin ella “no podemos vivir”. “Pero los necesitamos buenos”, precisó. Y cuando dijo buenos, hizo alusión a los que se encargaron de investigarse. Porque, sostuvo, fueron los propios efectivos los que se encargaron de “limpiarse de los miembros” que no merecen ejercer esa función. Y cuando dijo buenos, mencionó a los testigos que comparecieron el lunes: Edgar David Fonseca (a cargo de la investigación) y Víctor Alejandro Idoria (intervino en las escuchas telefónicas).
Las escuchas telefónicas fueron otro punto clave en la exposición de Márquez. Las escuchas telefónicas sirvieron, dijo el fiscal, como el hilo del ovillo (o la luz de una corona según la versión del mito) con la que Ariadna ayudó a Teseo a salir del laberinto donde batalló con el Minotauro para liberar al pueblo ateniense.
El fiscal rememoró los sucesos en profundidad. Releyó fragmentos de la pieza acusatoria y se remitió a la prueba. Habló sobre los dos sellos de médicos del Sanatorio Privado Oliva S. A. (y otro sello de la institución) que recibió Bogaert. Habló sobre la adulteración de la licencia de la mujer. Habló sobre los robos en la capital cordobesa: el del Chevrolet Cruze en barrio Alberdi (que, de acuerdo con el expediente, habría sido secuestrado, posteriormente, en un allanamiento ilegal desarrollado por los cabos García y Cánova para continuar con la maniobra delictiva), el del Volkswagen Suran en el barrio Liceo, el del Volkswagen Voyage en Lomas de San Martín, el de la Amarok TDI en el residencial Santa Ana, el del Ford Focus CLX en el Ducasse, el del Peugeot 208 en el Parque Sarmiento. Habló sobre la venta de una Toyota en Oncativo. Habló. Habló. Dijo que la prueba se rebate con más prueba.
Para ello se refirió a los testimonios de vecinos y citó a su abuela. Dijo que ella decía que los testigos son “pagados por uno en contra de uno” porque son “los primeros investigadores”, porque están ahí, en el entorno, escuchan, ven. Y lo hacen, tal vez, involuntariamente. Uno de esos testimonios es el de un albañil que trabajaba en la vivienda de Bogaert. En consonancia con lo que indicó Márquez, él sabía, por ejemplo, que la mujer ofrecía dinero para que alguien le trajera sellos. “La profesión de Bogaert era vender autos truchos. El tarot era la mascarada”, manifestó. Y agregó que su capacidad para convencer era “tremenda”. Cuando le tomaron los datos personales anteayer, cabe recordar, la imputada describió que ese era su oficio y que además había cursado capacitaciones de coach ontológico y de atención pre-hospitalaria (paramédica).
Con Bogaert se tomó su tiempo y aclaró que no se la podía considerar como jefa porque del entramado probatorio eso no afloraba. Márquez se explayó sobre una conversación que ella habría mantenido con Sergio Adrián Espósito (que como se dijo solicitó la probation). En ese diálogo, supuestamente, ella le habría dicho que, en Villa María, un comisario ya vendió alrededor de 37 autos. “No sé si es verdad o mentira”, señaló el fiscal y pidió que se investigue.
El domicilio de Bogaert, al parecer, un punto de encuentro. El representante del Ministerio Público Fiscal continuó con los testimonios de vecinos que proyectan escenas como éstas: vehículos de alta gama o nuevos que llegaban a la casa, rodados tapados con lonas en el garaje, que permanecían ahí y después desaparecían; mucho movimiento de gente; concurrencia de funcionarios policiales (entre ellos Cánova y García) a la madrugada; Bogaert intimidando; etcétera.
“¿Hay prueba o no hay prueba”, preguntó Márquez.
Y así, una nueva ojeada sobre esa organización “con vocación de permanencia y con división del trabajo”. Esa banda que cometía delitos contra la administración pública, la fe pública y la propiedad. Ese grupo con roles, la supresión de chapas patentes, la colocación de apócrifas, la receptación y ocultamiento de los vehículos, el traslado desde Córdoba a Oliva y otras localidades, la venta ilegal. Así, generar perjuicio patrimonial en beneficio propio. Y así, el pedido de penas. Márquez solicitó, para todos, condenas efectivas. Para todos requirió sentencia por asociación ilícita.
Para Bogaert, además, pidió 3 años por encubrimiento agravado, sustitución de objeto registrable y falsificación de documentos públicos (en este último ilícito en calidad de partícipe necesaria). Además, hizo referencia al criterio de mínima suficiencia (se basa, a modo de síntesis, en preguntarse en cuánto debe consistir la sanción para que la persona recapacite y se resocialice).
Para Bracamonte, Flores, Silva, Soria, Cánova, García y Arce solicitó también 3 años por encubrimiento agravado. A los primeros cuatro, asimismo, requirió que se los pene por sustitución de objeto registrable. Por su lado, a Arce se le endilgó estelionato.
A Cánova y García, a la vez, se le atribuyó incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, abuso de autoridad y hurto simple. Mientras para el hombre solicitó 6 años (no confesó su participación en los hechos cuando el Tribunal lo interrogó), para la mujer (paciente oncológica) pidió 3 años.
Alegó la defensa
El primero en presentar sus argumentos fue Alejandro Rafael Dragotto (Bogaert y Silva). El letrado, en su exposición, contó que había anticipado que sus defendidos iban a confesar y aclaró que Bogaert no ostentaba ningún rol jerárquico, por lo que de ninguna manera podía considerársela líder (aspecto con el que, como se indicó anteriormente, coincidió el fiscal). Seguidamente, habló sobre lo que se denomina juicio abreviado (que permite agilizar el proceso tras la confesión de los imputados) y, en ese sentido, destacó la importancia de la resocialización para que no vuelvan a quebrantar la ley, el pacto social. Por otro lado, y para terminar, subrayó la significación de las garantías legales y de los Pactos Internacionales. De esta manera, adhirió con lo pedido por Márquez.
En segundo lugar, exhibieron su postura las abogadas Florencia Vottero y Rocío Tosolini (Arce). Tomó la palabra la primera de ellas y recordó que, su compañera, en la presentación del caso, se refirió a la importancia de las pruebas y de las fechas. Sobre este último aspecto, dijo que era necesario preguntarse desde cuándo ingresó a la asociación ilícita (recordar que Arce confesó sólo los hechos desde 2016). Al respecto, continuó expresando que, de los años previos, “no hay prueba” y adhirió no sólo al pedido de absolución por uno de los hechos de encubrimiento, sino también al resto de la calificación requerida por el Ministerio Público. Finalmente, indicó que estar privado de la libertad es “terrible” en términos laborales y familiares.
Prosiguió Cristina Petrelli (Bracamonte). Dijo que ella le aconsejó a su defendido el reconocimiento de los hechos, repasó la imputación y solicitó el mínimo de la pena.
El cuarto fue Héctor Hugo Luna (Flores), quien se dirigió a los jurados populares y les dijo que ellos determinarían la existencia del hecho y la culpabilidad o no de los acusados. Por otra parte, citó algunos fallos jurisprudenciales y, al terminar, solicitó que su asistido reciba tratamiento, debido a que su enfermedad se agravó tras el tiempo detenido.
En quinto lugar, Iván Rivarola y Mario Bongianino (García) formularon sus planteos. El segundo de ellos habló y mencionó que el lunes había insistido en los aspectos del juicio: oral, público, contradictorio y continuado. Coincidió con sus colegas, hizo hincapié en el peso de la prueba y recalcó que en los procesos penales, el que calla no otorga, sino que no dice nada. Rivarola, por su lado, apeló a la situación personal de García. Habló de su enfermedad, de que es madre de tres hijos y de que lleva 18 meses detenida. Y, al finalizar, dijo que, inclusive, ofrecían una fianza en caso de que fuera necesario.
El penúltimo fue Manuel Toledo (Soria). Hizo honor a la brevedad: remarcó la conducta ejemplar de su asistido y coincidió con lo solicitado por Márquez.
Carlos Hairabedián, acompañado por el abogado Octavio Ibarra —intendente electo de Oliva—, fue el encargado de concluir y, al igual que anteayer, se paró frente a los jurados populares y enunció sus conclusiones. El reconocido abogado (hace 54 años que ejerce y estuvo detenido durante la última dictadura militar) habló de un “tropel de hechos” que conformaron “un universo de muy difícil penetración”. Por otro lado, les dijo quienes asumieron el papel de autoridad pública que los iba a hacer trabajar: que los iba a hacer pensar. “¿Cómo se defiende en un proceso penal? Hablando, aportando prueba”, indicó.
Inmediatamente después, añadió: “Si hay una institución en la que se miente descaradamente es en la Justicia”. En este sentido, se refirió a quienes suelen comparecer. Sobre ello, precisó que lo hacen, por lo menos, por tres motivos: por intereses con los imputados, por intereses con la víctima o por miedo a comprometerse.A la vez, describió que quienes se defienden tienen derechos aunque se equivoquen. “A mi defendido se le atribuye ser miembro de una asociación ilícita”, agregó. Y en esta dirección, citó a “los más eminentes juristas”, como Eugenio Raúl Zaffaroni y Julio Maier, que ponen en duda la existencia de la asociación ilícita como tal.
Con posterioridad, se opuso a lo alegado por el fiscal y sostuvo que no se pueden responder preguntas relacionadas con el cómo surgió la organización, cuándo, dónde y durante qué plazo. “La prueba de asociación ilícita no la demostró. Se limitó a leer. No sacó conclusiones”, puntualizó. Los mismos interrogantes se hizo sobre la acusación que recayó sobre Cánova, vinculada al traslado de los vehículos. “Es algo fantasmal, imaginario”, dijo. Respecto de los hechos, citó a al filósofo Nietzsche. “Los hechos no existen. Existen las interpretaciones. Es lo que prevalece”, mencionó. En otra parte de su alocución, se refirió a los testimonios de los policías Fonseca e Idoria. “Son prueba contundente de que no sabían nada”, sentenció. “No se acuerdan de nada”, dijo y habló de “ineficacia”.
Continuó y se detuvo en un episodio: el del Chevrolet Cruze y el allanamiento ilegal. Sobre ese acontecimiento, sostuvo que el fiscal le ocultó a los jurados populares quién es la persona a la que le secuestraron el auto. “Es una condenada por estafa. ¿Por qué creerle a ella y no a mi defendido?, remató y insistió en “inexactitudes” en torno a la causa. Finalmente, pidió la absolución para Cánova y, subsidiariamente —en caso de que los jurados populares encontraran un atisbo de culpabilidad—, requirió que se le reduzca la pena.
Así, se dictó un cuarto intermedio de aproximadamente dos horas. Así se regresó al quinto piso. Así, tras deliberar, se dictó el veredicto. Así. A sala llena.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal