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Impuesto a la riqueza: nuevo revés judicial para un contribuyente

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el criterio del juez Ochoa, que había rechazado una cautelar que buscaba frenar el pago del tributo extraordinario que fijó el gobierno en el marco de la emergencia

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el criterio del juez de Río Cuarto, Carlos Ochoa, y rechazó una medida cautelar que había presentado un contribuyente que pretendía no pagar el impuesto a la riqueza.

El 5 de mayo de este año, el Juzgado Federal de Río Cuarto había denegado la cautelar pedida por el contribuyente C.M. para que se suspendiera la aplicación del “Aporte Solidario y Extraordinario” hasta tanto se resolviera la acción declarativa de inconstitucionalidad.

Liliana Navarro, integrante de la Sala Bde la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, fue la autora del primer voto y sostuvo que no fue acreditada la verosimilitud del derecho como requisito para otorgar la medida cautelar. Según la resolución no se vislumbra la arbitrariedad manifiesta que debe surgir de las definiciones que se cuestionan.

“Que, en lo que atañe al requisito de peligro en la demora, como exigencia, se mantiene con la Ley 26.854 (artículo 15 inciso “a”), agregando el nuevo precepto legal la necesidad de acreditar la irreparabilidad ulterior de la lesión que la accionante denuncia. El requisito en cuestión se vincula con la posibilidad de que al dictar sentencia definitiva la misma sea ineficaz o de imposible cumplimiento”, agregando que “en el supuesto de autos, resulta inviable lo sustentado por la parte actora atento que, de las pruebas aportadas, no surge la irreparabilidad del daño que causaría el pago del aporte cuestionado”, argumentó la camarista.

La demostración de que una demora sería irreparable debe producirse especialmente cuando se cuestiona el cobro de un impuesto, señala la Justicia.

“No debe perderse de vista el criterio sustentado por nuestro Máximo Tribunal en el sentido que “…la acreditación del peligro en la demora, que justifique la medida precautoria, es aún más exigible cuando la demanda interpuesta tiende a cuestionar la ilegitimidad de un acto administrativo y el cobro del impuesto (…) ni puede apreciarse, que el pago de la suma que se le reclama impida al interesado el ejercicio del derecho que se esgrime…”. Lo antedicho resulta plenamente aplicable al presente con independencia de la naturaleza que se le atribuya al mentado aporte ya que el mismo posee caracteres concordantes con el fin recaudatorio del Estado.”

Navarro agregó que la medida cautelar que interpuso el contriyente “conspira contra la recaudación de la renta pública y por tal motizo debe ser juzgada con estrictez”.

Además, planteó que esas rentas públicas son indispensables para el funcionamiento del Estado y el sostenimiento de los intereses de la comunidad.

El camarista Abel Sánchez Torres votó en el mismo sentido que Navarro.

Así, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el criterio que se había fijado en un caso similar el 14 de septiembre.