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Analizan el “valor simbólico” de las cámaras de videovigilancia

Consideran que la utilización creciente de estos mecanismos de “control del delito” se asocia a su efectividad como herramienta del marketing político y no a que “se hayan revelado útiles para resolver problemas”

En los últimos años se promocionó globalmente la doctrina de la tolerancia cero que plantea que en el espacio público, y en quienes lo ocupan o transitan, está el peligro. Ante ello, el empleo de cámaras de videovigilancia se transformó en una de las principales herramientas a la cual recurren los gobiernos para mostrarse activos frente a la inseguridad. 

A partir de marzo, Villa María dispondrá de 260 cámaras, de las cuales el municipio aportará más de 200. Así, y según destacaron cuando fueron anunciadas, la ciudad será una de las que más cámaras por habitante tendrá en la provincia.

“Interesados en ajustarse a las reglas del marketing político y visibilizar respuestas ante la creciente demanda ciudadana de seguridad, el dispositivo tecnológico ofrece a los gobernantes la posibilidad una renovación del crédito electoral”, plantea Adrián Romero quien indaga sobre la efectividad simbólica de este mecanismo. 

En uno de sus trabajos, el investigador de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) precisa que “a la tradicional exhibición de nuevos vehículos y más efectivos policiales como espectáculo estatal de la seguridad se suman ahora las presentaciones y anuncios de videocámaras, botones antipánico, dispositivos GPS, herramientas de identificación biométricas, tarjetas inteligentes, entre otros”.

Romero retoma a David Garland que en 2001 planteó que “no se adoptan estrategias de control del delito e ideas criminológicas porque se hayan revelado útiles para resolver problemas, sino por la efectividad del valor simbólico”. 

A esa afirmación la relaciona con la prioridad de introducirlas en la agenda en campañas electorales para mostrar acción frente a la inseguridad, objetivo al que “contribuyen los medios de comunicación que producen noticias y programas a partir del insumo generado por la videovigilancia”.

Los estudios sobre la promoción de este sistema en el mundo dan cuenta de cuatro etapas bien diferenciadas. Un inicio en el sector privado, luego el empleo en el transporte y la infraestructura pública, posteriormente su utilización restringida en los espacios públicos como antesala al empleo gubernamental de control del delito, y finalmente un monitoreo urbano que tiende a la omnipresencia. 

“En nuestro trabajo resulta importante recuperar una particularidad recogida en las investigaciones herederas de la preocupación foucaultiana por la vigilancia que marcan que el carácter innecesario de los vigilantes en el nuevo entorno socio-técnico invita a hablar de un mundo post-panóptico o recuperar el concepto de banóptico, cuyo prefijo ‘ban’ remite a la ‘exclusión’”, precisa. 

En ese sentido agrega que la vigilancia actual está orientada al confinamiento y la exclusión, es decir “mantener dentro de la valla” y “mantener más allá de la valla”.

El trabajo aborda el caso Villa María y ubica la instalación de cámaras de seguridad en la misma línea que los patrullajes “con fondos y móviles comunales” y las mejoras del alumbrado público. “Son medidas que instrumentan los órganos municipales como consolidación de una política seguridad en el espacio político”, afirma.

Por otra parte, recuerda que en las investigaciones de los países latinoamericanos “prevalece la ausencia de datos oficiales sobre el delito para cotejar variaciones a partir de la implementación de la videovigilancia y ello marcaría la preferencia por una política pública de visibilidad del recurso más que por la eficiencia en la reducción de las tasas de criminalidad”.

Sentimiento de inseguridad

Ante una percepción generalizada de temor en un contexto plagado de dispositivos de control, Romero hace referencia a este “carácter paradojal” en torno a la inseguridad y regresa a los resultados de las encuestas de victimización presentados por Gabriel Kessler en el que comenzaron a incluir preguntas acerca de temor al crimen. El resultado fue que sienten más miedo las mujeres y los ancianos pero los que sufren mayor nivel de victimización son los hombres jóvenes. “Una explicación argumentada es que el miedo inspira cuidados e invita a reducir la exposición en lugares públicos, de manera que el temor resultaría previo y no consecuencia de la victimización”, sostiene. 

En ese orden cita a Robert Castel para interpretar que las protecciones “son frágiles y están amenazadas” y existe “una inflación de riesgos que incide en las políticas sociales clásicas y demanda al Estado una protección absoluta imposible de alcanzar”.

En la investigación Romero recuerda que para el caso argentino se plantea la hipótesis de que “la sensación de inseguridad vino a llenar el vacío que dejó el mundo obrero como principio regulador” a partir de la profundización del neoliberalismo de los años ´90 que “desarticuló el complejo productivo provocando desempleo y una crisis institucional”. 

Esta idea es tomada de Kessler que en su investigación sobre el delito amateur señala que “la amenaza se transformaba en tema central de conversación entre vecinos y servía como criterio de demarcación y exclusión interna, entre peligrosos y sus potenciales víctimas”.

Por otra parte, Romero también aborda el campo de investigación dentro de la criminología en el cual el sentimiento de inseguridad “condensa la voluntad de ampliar la mirada hasta las víctimas de los delitos y la preocupación por los efectos en la vida social que provoca el miedo”. 

Así, retoma a los antecedentes de esta línea de trabajo que “encuentra una fundamentación política de demandas autoritarias, mayor castigo penal y conductas xenófobas o racistas”. 

Estos comportamientos son fundamentados en el ámbito vecinal en “la búsqueda de chivos expiatorios y la estigmatización de algunas zonas” en las ciudades. “En este sentido se ubica la objeción a las encuestas de victimización que prefiguran las respuestas hacia determinados grupos sociales y a unas particulares infracciones pero nunca a delitos de cuello blanco”, concluye.



Rodrigo Duarte.  Redacción Puntal 

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